¿Podrían haberse evitado los abusos sexuales en el instituto Antonio Próvolo, de haberse abolido antes el secreto pontificio para casos de presuntos abusos cometidos por sacerdotes?
Esto es algo que probable y lamentablemente nunca lleguen a saber los más de 20 chicos y chicas sordos y sordas que fueron víctimas de estas aberraciones en el instituto lujanino. Los episodios ocurrieron, al menos, desde 2006 y hasta 2016. Por ellos en noviembre fueron condenados dos sacerdotes y un ex jardinero.
El Papa Francisco anunció ayer esta medida, que -de aplicarse- implicaría que la Iglesia ya no cubra con un alto grado de confidencialidad aquellas causas de pedofilia y abusos investigadas por la Santa Sede que tengan a religiosos como señalados. Permitiría -siempre en un contexto ideal-, además que los jueces civiles y penales puedan tener acceso a los procesos canónicos así como también que las víctimas y sus abogados puedan conocer sin obstáculos las sentencias de la Justicia canónica. El detalle es que hay otro factor clave a considerar, y que no está contemplado en el secreto pontificio: la intención que debería tener el Vaticano y la Iglesia en general de contribuir a esclarecer estos hechos; y no de encubrirlos.
Si uno se pone a analizar en detalle la situación de los sacerdotes condenados por los ataques en el instituto lujanino -el italiano Nicola Corradi (83), condenado a 42 años y Horacio Corbacho (59), condenado a 45 años-, la primera conclusión es que otra podría haber sido la suerte de quienes hoy son sobrevivientes de haberse abolido este secreto con anterioridad. Pero también si desde el primer momento hubiese existido una clara voluntad de castigar y sacar a la luz la verdad por parte de la Santa Sede.
Es que Corradi, quien se instaló definitivamente en Mendoza en 1998 venía de estar al frente de la sede del Próvolo en La Plata. Con anterioridad había sido también parte del Próvolo de Verona. Con un agregado bastante terrorífico: en todas las sedes había sido denunciado como autor de abusos y otros maltratos. Y nunca había tenido ninguna sanción; simplemente se lo fue trasladando luego de cada escándalo.
En Italia, incluso, los episodios en Verona llegaron a la Justicia y se abrió en paralelo una investigación eclesiástica comandada por una comisión del Vaticano. No obstante, esta comisión llegó a la conclusión de que los abusos no habían ocurrido; y la investigación quedó en nada. Según denunciaron desde la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Italia -La Rete-, para llegar a esta conclusión se falsificó el boletín de calificaciones de uno de los denunciantes, cambiando el año en que había ingresado al instituto. Y eso habría permitido que la investigación se cayera.
Si la Justicia italiana hubiera podido disponer de los expedientes de la causa canónica y hacer un seguimiento pormenorizado en simultáneo a la causa civil y penal, probablemente Corradi hubiera sido condenado junto a sus pares y nunca hubiera recalado en La Plata, ni en Mendoza. Ni hablar si no existiera además esa sospecha -convertida en denuncia- de que la comisión investigadora del Vaticano alteró documentos para "salvar" a Corradi y sus compañeros.
Ya situados en la causa local, durante la instrucción penal de la Justicia mendocina se solicitó, tanto a los investigadores designados por el Vaticano como al propio interventor del Próvolo, Alberto Bochatey (también nombrado por Francisco), que aportaran la información de la investigación canónica disponible y vinculada a los sacerdotes. Amparándose en el secreto pontificio, estos actores se excusaron para no hacerlo. Y al día de hoy la Fiscalía aguarda que se remita ese material.
De esta manera, a la primera condena se llegó directamente con las pruebas y testimonios recabados en la causa penal. E, incluso, hay una denuncia contra uno de los investigadores (Dante Simón) por encubrimiento, a raíz de que no aportó la información que le ordenó la Fiscalía.
De cumplirse la nueva medida anunciada por el Papa, situaciones y cortocircuitos como éste -entre la Justicia ordinaria y la eclesiástica- no deberían repetirse nunca más y los jueces y fiscales podrían acceder sin impedimentos a los expedientes canónicos. Para esto será de vital importancia también que el Vaticano deje de estar cubierto por ese manto de sospechas que envuelve a cada una de las investigaciones canónicas que llevan adelante; y que -por lo general- no suelen encontrar culpables ni sancionar a los sacerdotes.
