El escenario económico delicado en la provincia, la tardía discusión del Presupuesto provincial y la aplazada pauta de gastos de la Nación, son tres ítems que han incidido en el retraso de las paritarias de los trabajadores estatales de Mendoza. Sin una expectativa importante sobre aumentos por el contexto recesivo, más la eliminación casi confirmada de la cláusula gatillo, los gremios adelantan que se viene una "compleja" discusión paritaria respecto a las que se realizaron sobre todo durante los últimos dos años de la gestión de Alfredo Cornejo.
En el Ejecutivo señalaron que no hay por qué adelantar el tema de la discusión salarial, sobre todo porque no se tiene aún un "norte", es decir, las previsiones económicas tanto locales de lo que se dispondrá de recursos como tampoco la cuestión macroeconómica, como inflación, crecimiento del PBI y valor del dólar, que son datos estimados por el gobierno de Alberto Fernández. De hecho, la pauta de gastos local tiene índices que fueron tomados en parte del proyecto que presentó el ex presidente Mauricio Macri.
Desde los gremios estatales no tienen una visión negativa respecto al aplazamiento de las discusiones paritarias, pero adelantaron que "todo lo que se acuerde va a tener un retroactivo a enero de este año", dejando en claro que exigirán una recomposición salarial por los aumentos que no hayan recibido en 2020.
Por lo pronto, los empleados públicos provinciales cobrarán a fin de mes la última suba con cláusula gatillo (que rondaría el 6%) correspondiente a la inflación del mes de diciembre, tanto la que mide la DEIE de Mendoza como la del Indec Cuyo, que serán informadas esta semana.
Según la elección que hizo cada gremio (DEIE o Indec), los estatales han recibido hasta el momento diferentes aumentos acumulados al mes de noviembre. Quienes eligieron el Indec como instrumento de incremento automático por la cláusula gatillo han recibido una suba salarial del 49,8%; mientras que para los que optaron por la DEIE, ha sido del 48,3%. Se estima que con el nuevo incremento correspondiente a diciembre, los trabajadores del Estado completarán una suba anual de entre el 54 y 55%, empatando la carrera contra la inflación que perdieron muchos empleados del sector privado.
En este detalle reside la estrategia de los sindicatos de no perder la cláusula gatillo. De hecho, Sebastián Henríquez, titular del SUTE, sostuvo que se trata de una "conquista" aunque el de los docentes fue uno de los pocos gremios que en su momento, cuando se ofreció, no aceptó la cláusula.
"Vamos a pedir la cláusula gatillo ya que es una conquista, pero no alcanza igual, porque es importante recomponer el salario. Hay docentes que cobran menos de lo que es la canasta básica que hemos calculado en el gremio", destacó Henríquez. Dicha canasta, que combina un alquiler promedio más alimentos, da un monto de "unos 45.000 pesos, pero tenemos celadores que no llegan a los 20.000 pesos". Además, dejó en claro que más que pensar en la paritaria 2020, exigirán "que se cumpla la actual, ya que los docentes suplentes aún no cobran ni aguinaldo ni el mes de diciembre".
Roberto Macho, de ATE, también aseguró que pedirá la cláusula gatillo, pero además una mejora salarial aparte "porque un trabajador tiene que cobrar $ 35.850 como mínimo según nuestro observatorio".
Sin novedades
El proyecto de presupuesto 2020 proyectó una inflación del 34,2% para este año, un número que será referencia para discutir la actualización salarial en las paritarias, ya que generalmente los gobiernos han ofrecido ese índice, en cuotas distribuidas a lo largo del año.
No obstante, la cláusula gatillo será el eje central de la discusión y tal vez el foco de conflicto entre los gremios y el Ejecutivo. Es una herramienta que hace tres años tienen los sindicatos y ha servido como "reaseguro" por alguna disparada de la inflación, como ocurrió en 2018 y 2019.
En el Gobierno dan por descontado que no se ofrecerán subas atadas a la inflación ya que la delicada situación de las cuentas provinciales, debido a la caída de la recaudación más el aumento de los gastos producto de la propia inflación, podría dificultar los pagos. De hecho, como bien le gusta recordar al radicalismo, la última vez que ocurrió esta situación fue en 2015 durante el final de la gestión de Francisco Pérez, cuando la Provincia no podía cancelar los salarios de los estatales.
Entre las opciones que barajan en el Ejecutivo está una cláusula gatillo atada a la recaudación. "La situación local aún no está definida, son varios los elementos y previsiones que tenemos que tener en cuenta antes de dar algunas respuestas", describió el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.
La suba decretada por Fernández
Esta semana se espera que salga el decreto del presidente Alberto Fernández que establece para los estatales nacionales el mismo aumento salarial, a cuenta de futuras paritarias, que se estableció el viernes para los trabajadores privados. Será en dos cuotas de $ 3.000 (en febrero) y $ 1.000 (marzo).
Todavía no hay definiciones si esa suba incluirá a los estatales provinciales y municipales.
