"Compromiso Argentino por el desarrollo y la solidaridad" se llama el documento que el presidente Alberto Fernández firmó ayer en la Casa Rosada junto a la CGT, la UIA, dirigentes de movimientos sociales y representantes de distintas organizaciones empresariales y de trabajadores. Se trata del "pacto social" del que hablaba el presidente durante la campaña, como pata fundamental de su gestión.
Lo que podría considerarse un logro político del gobierno -la rúbrica del documento multisectorial que apunta a buscar consensos para un desarrollo a largo plazo-, sin embargo abre interrogantes sobre algunas sillas vacías: no es un dato menor el faltazo de los dirigentes de la Mesa de Enlace, la organización que representa mayormente a los productores rurales.
"Estamos en un país que lleva dos años consecutivos de caída del consumo y más de veinte meses de caída de la actividad industrial, y esto hay que revertirlo rápidamente. El modo es que los industriales inviertan, que la industria crezca, que podamos exportar, que de ese modo generemos trabajo, que la economía vuelva a moverse como todos soñamos, y la idea es que lo hagamos entre todos", dijo Fernández.
Además del Presidente, alrededor de la mesa estuvieron su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros Eduardo de Pedro, Claudio Moroni, Daniel Arroyo y Luis Basterra; los sindicalistas Héctor Daer, Carlos Acuña, Hugo Moyano, Andrés Rodríguez y Víctor Santa María; el presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), Miguel Acevedo; representantes de cámaras empresariales como CAME y Apyme (Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas) y dirigentes sociales.
Fuentes del gobierno dijeron que el documento recibió "el apoyo explícito de la Federación Agraria Argentina y de Coninagro", la mitad de la Mesa de Enlace que también integran la Sociedad Rural y CRA. Lo cierto es que no hubo representantes de aquellas entidades. Casi en simultáneo con la reunión multisectorial en la Rosada, en distintas rutas provinciales y nacionales de Córdoba y Santa Fe, productores rurales llevaban a cabo un "tractorazo" en protesta por la posible suba de tres puntos al 30% vigente en las retenciones a la soja.
Tampoco hubo representantes del sector financiero ni de la poderosa Asociación Empresaria Argentina, cuyos principales referentes mantuvieron días atrás una cordial cena con Fernández.
"La agenda a llevar adelante incluye, entre otros temas prioritarios, un esquema de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de servicios públicos; la creación de empleos de calidad; alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado; facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, así como promoción de las Pymes", dijo el Presidente.
El documento firmado establece, básicamente, un acuerdo para resolver "la emergencia social" y, en segundo lugar, el compromiso de apoyo al gobierno ante la "magnitud y la inmediatez de los compromisos de pago" por el endeudamiento externo.
Al término de la reunión, el ministro Arroyo, Héctor Daer (CGT) y Acevedo (UIA) brindaron una conferencia de prensa. Daer destacó la necesidad de "acompañar en la negociación de nuestro país (con el FMI y otros acreedores) y que se entienda que se quiere honrar las deudas como históricamente se ha hecho pero sin relegar el desarrollo y prioridades como alimentación, la vivienda, el trabajo digno".
Tanto el representante de la CGT como Acevedo explicaron que en la reunión no se habló de futuros aumentos salariales en el sector privado. "No era un tema a conversar hoy. Este acuerdo es el puntapié inicial. Ahora vamos a trabajar en mesas para ver específicamente la problemática de cada sector. Este acuerdo es algo que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo".
Daer alertó por la puja salarios-precios. "El General Perón ya lo decía: los precios suben por el ascensor y los sueldos por la escalera".
Arroyo habló de la necesidad de "vincular planes sociales con trabajo" y dijo que el gobierno apunta a "reconstruir la movilidad social ascendente". También se destacó que con medidas como el bono de $ 10 mil a las jubilaciones mínimas (a pagar en dos cuotas) y la tarjeta alimentaria que empezó a distribuirse en algunas localidades, el gobierno está redirigiendo en la economía "unos $ 60 mil millones para volcar al consumo".
