Octubre de 2019 será recordado por las diferentes manifestaciones sociales que se han desarrollado en varios países de la región. Con características, realidades y necesidades diferentes cada uno, pero con claros disparadores en común en algunos casos.
Desde las manifestaciones por reclamos al aumento de los combustibles en Ecuador, pasando por las marchas que plantean mejor distribución de recursos en Chile, hasta las denuncias de la oposición boliviana por supuestas irregularidades en las elecciones presidenciales.
En los casos de Ecuador y Chile, advertimos que los inicios de las manifestaciones se dan principalmente por gobiernos que no han tenido la capacidad de interpretar las necesidades sus ciudadanos. Además, buscaron en el accionar desmedido de las fuerzas, como primera instancia, para la solución a sus respectivos conflictos.
Las protestas en Ecuador, se generaron con motivo de la quita de subsidios a los combustibles, lo que generó un aumento que llegó a un 123 %. Dichas quitas de subsidios, fueron planteadas por el FMI como exigencia para el desembolso de un crédito de 4.200 millones de dólares, previsto en el decreto presidencial 883. La repercusión negativa fue inmediata, en un país muy rural que los combustibles son fundamentales para el desarrollo los sectores trabajadores. Indígenas, campesinos, estudiantes y sindicatos se trasladaron para reclamar desde el interior del país, a la capital, Quito. Se desarrollaron 13 jornadas de manifestaciones y enfrentamientos, con un saldo de al menos 8 muertos, 1340 heridos y 1992 detenidos.
La representatividad que generó la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, fue determinante para destrabar el conflicto. Cuando el Gobierno de Lenin Moreno generó el diálogo, los referentes indígenas fueron quienes representaron a los manifestantes, y ante la derogación del decreto 883 y la creación de comisiones conjuntas entre gobierno y manifestantes, en principio se pudo pacificar el conflicto.
En el caso de Chile, si bien los reclamos se originan también por aumento en el transporte, suba del 3,5 % del precio en el boleto de subte, no fue dicha suba el principal motivo de las protestas, sino la gota que rebalsó el vaso y detonó reclamos estructurales. Principalmente en materia de salud, educación, jubilaciones y trabajo.
Todo esto, enmarcado en una desigual distribución de los recursos, de un pueblo que ve crecer la economía, pero muy lejos está de ser parte de tal crecimiento. Por estos motivos, a diferencia de Ecuador, los reclamos se expandieron desde su capital Santiago hacia ciudades del norte y el sur como Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Talca y Concepción, entre otras.
Una particularidad del conflicto en Chile, que dificulta aún más el diálogo, es la falta de referentes que representen dichos reclamos. Los planteos al ser estructurales no se solucionan con medidas inmediatas, ni a corto plazo. Por su parte, la sociedad está agotada y dolida ante la militarización de las calles y la falta de tacto de la clase política.
Todas estas variables, llevan a que la sociedad exija la renuncia del presidente Sebastián Piñera, no en lo personal, sino en representación de un límite. Los manifestantes en sus reclamos exigen que se les devuelva su dignidad y lo que plantean es que el principio de dicha restitución está en la renuncia del presidente.
Situaciones de estas características representan un peligro importante, porque ponen en juego a la política como herramienta de transformación y mejora. La posibilidad de cambiar esta realidad la sigue teniendo la clase política, pero con gestos concretos que dignifiquen a sus ciudadanos.
El caso de Bolivia es más específico dado que no es la gestión de Evo Morales lo que se pone principalmente en discusión, sino las supuestas irregularidades en el proceso eleccionario en el que Morales asume su cuarto mandato.
Su candidatura ha sido criticada por sectores de la oposición que interpretan que es inconstitucional. Para poder candidatearse a estas elecciones, el presidente de Bolivia convocó un plebiscito en 2016 que perdió por un estrecho margen de 51 % a 49%.
Fue mediante una presentación al Tribunal Constitucional, que consiguió la autorización para participar de las elecciones presidenciales, con el argumento de que limitar una nueva reelección atenta contra sus derechos políticos.
Las manifestaciones de los sectores opositores, se replican en varias ciudades exigiendo una segunda vuelta. Por su parte, la OEA advirtió que Bolivia debe esperar la auditoría de dicho organismo para dar el resultado electoral.
En Bolivia y Chile los conflictos siguen abiertos y van a necesitar de altura, generosidad y sentido común de sus dirigentes para resolverse. En Ecuador se está desarrollando el diálogo pero entre desconfianza y riesgo de nuevas manifestaciones.
La posibilidad de resolver los conflictos está latente, pero la llave la tienen actores políticos y sociales que si no escuchan a sus pueblos, pueden llevar los conflictos a situaciones impensadas.
