El 12 de octubre de 2001 publiqué en Los Andes, "Kakistocracia". Han transcurrido casi 12 años y estimo que tiene una asombrosa actualidad. Comencé diciendo: "En 1975 el filósofo e intelectual argentino García Venturini divulgó el vocablo griego 'kakistocracia', para calificar al 'gobierno de los peores', refiriéndose a los primeros 30 años de los regímenes instalados a partir de 1945.
García Venturini señalaba así a la presidencia de María Estela Martínez de Perón como una de los peores de la época, pero lógicamente ignoraba que, en el futuro, la 'kakistocracia' se continuaría también sin pausa y con prisa. Han pasado 26 años (1975-2001) y en ese lapso se han sucedido ininterrumpidamente los peores en nuestros gobiernos. Lo cierto es que este proceso de deterioro paulatino comienza en 1930.
Hemos sufrido dictaduras militares, totalitarismos electos como el de Perón, presidentes elegidos con partidos proscriptos como Frondizi; inexistentes como Guido, débiles como Illia, hiperinflacionarios como Alfonsín, procesados con prisión preventiva como Menem, ausentes y errátiles como De la Rúa. La acción acumulada de todos ellos nos ha dejado, de esta patria tan querida, sólo sus despojos, pobreza por doquier y pronto únicamente ancianos porque los jóvenes huyen despavoridos sin presente y sin esperanzas".
La gran expectativa de la democracia conquistada en 1983 se hizo trizas contra la realidad que nos circunda. La "década ganada" de los K según la autocalificación de Cristina, no sólo ha extraviado a la democracia sino que, en forma sutil pero sin pausa, nos ha introducido en un totalitarismo sin balas ni garrotes pero lleno de prepotencias, destrucción de instituciones, avasallamientos de derechos y ausencia del poder judicial independiente. Nos gobiernan los "kakistos", los peores que, en conjunto, conducen al país a un deterioro sin límites, condenándolo a la nada interna e internacional. La era K es también una kakistocracia.
Pero no sólo es esta negativa forma de gobierno. También es una plutocracia. En la mitología griega "Pluto" era el dios de los ricos y de allí deviene pluto: ricos, cracia: poder o gobierno. El gobierno nacional está encabezado por Cristina, una de las personas más ricas del país, con una fortuna que nunca se ha investigado, por obra y gracia del juez Oyarbide, que impidió obsecuentemente la tramitación del proceso por presunto enriquecimiento ilícito mediante un inadmisible archivo presuroso de las actuaciones judiciales.
Entre Río Gallegos y Buenos Aires los K hace más de veinte años que están en el poder, como intendente, gobernador de Santa Cruz y Presidente, ella diputada, senadora nacional y Presidente desde 2007.
Cristina justificó en Harvard su riqueza por ser una "abogada exitosa" pero resulta que, según las investigaciones periodísticas, no se encuentran los documentos universitarios en La Plata donde se habría registrado su título y tampoco en el Colegio de Abogados de Río Gallegos.
De Él se sabe que era cobrador de la circular 1.050 del Banco Central, en el sur, de deudas hipotecarias con las que habría conformado su fortuna. Pero aún así, en 2003 declararon un patrimonio de 7 millones de pesos y, en 2012, $ 89 millones. Este incremento del 1.271,42% se produjo durante la presidencia de Él y de Ella y no en sus épocas de "abogados exitosos".
Tendrían que explicar cómo, sin actividades privadas sino dedicados sólo a la función pública, ganaron tanto dinero y adquirieron tal magnitud de bienes. Estas simples cuentas, que surgen de sus propias declaraciones juradas, merecían una explicación razonable que, incluso, podría haber disipado cualquier duda al respecto, pero no lo fue y las dudas permanecen hoy agravadas.
Las investigaciones, en especial de Jorge Lanata y Hugo Alconada Mon referidas a funcionarios nacionales, exhiben sus ingresos mensuales, entre $ 50.000 y $ 100.000, más patrimonios de Echegaray, de Vido, Manzur, Puricelli, Boudou, Alicia Kirchner, Nilda Garré, Parrilli, Kicillof, Recalde etc., casi todos millonarios. La parafernálica fortuna multimillonaria de Lázaro Báez y de sus hijos, un ex empleado bancario de Santa Cruz ligado societariamente a Néstor Kirchner, según documentos exhibidos por Lanata y agregados a los expedientes penales por el fiscal Marijuán, más el combo Uruguay, Panamá, Suiza, Islas Caymán, Fariñas, Elaskar, Rossi, presunto lavado de dinero, defraudación al fisco, asociación ilícita, todos delitos investigados no sentenciados, nos deja a todos los argentinos perplejos. Y, lo más grave, las presuntas vinculaciones de todos ellos con la familia K.
No dudo de que los funcionarios que nos gobiernan pertenecen a la categoría de kakistos. Después de diez años los oficialistas afirman que constituyen el gobierno más exitoso de la historia pero ¿en qué consiste este éxito?
Un país con moneda depreciada al mil por ciento por la inflación en crecimiento; un BCRA despojado de dólares, cajero del Tesoro Nacional, organismo que extrae su efectivo extranjero y lo sustituye por papeles sin valor; un Banco Nación que sigue el mismo camino; una Anses saqueada por el Ejecutivo y jubilados que cobran miserias salvo los privilegiados; un gasto público exorbitante que inyecta dinero que el BCRA emite casi sin control bajo el mando de la Presidente, aumentando la inflación; una presión impositiva que desalienta cualquier proyecto de inversión; regresión económica por el aislamiento del mundo e inexistencia de radicación de capitales; imposibilidad de acceder a los mercados de valores y al FMI; un cepo cambiario que no nos permite ahorrar, viajar ni disponer libremente de nuestro patrimonio y que aumenta la huida de empresas por esa causa; instituciones y República en vías de extinción y un Poder Judicial cooptado por el gobierno; limitación casi total de los medios libres y deterioro de la libertad de expresión. ¿Éste es el exitoso gobierno de la "década ganada"?
La plutocracia tampoco está en discusión. La riqueza de la Presidente es tangible y frente a las acusaciones y graves pruebas indiciarias de las presuntas comisiones de delitos contra el Estado y la Administración Pública, es decir contra el Patrimonio Nacional, los funcionarios guardan silencio absoluto. Quizá estén mal asesorados y consideren que el silencio es una estrategia de defensa que, para que puedan prosperar los procesos en marcha, los fiscales deberán probar que los enriquecimientos son ilícitos.
En primer lugar como estrategia política es deleznable. La simple sospecha de deshonestidad exige el paso al costado o la renuncia del funcionario sospechado en un país donde la honestidad y la idoneidad son las estructuras esenciales para desempeñar funciones públicas. Pero parece que en la Argentina ésta es una cuestión menor: se puede seguir siendo funcionario aun con sospechas y denuncias penales, para nuestra vergüenza interna e internacional.
Pero en los procesos penales de enriquecimiento ilícito, ¿qué ocurrirá con los silencios del poder? En el capítulo IX bis sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, en especial el art. 268 (2) se sanciona con penas de represión, prisión, multas e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario que, "al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de su enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta (testaferros) para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño? la persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena del autor del hecho".
En este delito de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba. No es admisible el "in dubio pro reo" ni la "presunción de inocencia" ni de la "carga procesal de probar el hecho delictuoso por parte de la acusación", como lo es en todos los demás delitos salvo las presunciones legales específicas. El funcionario debe probar la fuente lícita de su riqueza o procedencia de su enriquecimiento, suyo o de terceros vinculados, para eximirse de responsabilidad penal.
En suma, tanto política como penalmente, los funcionarios deben probar su inocencia. De lo contrario estarán en muy serios problemas. Pero para eso deben existir fiscales íntegros e independientes como Guillermo Marijuán, ya amenazado con su familia por tener esta integridad encomiable. ¡Qué bochorno! Hasta hoy los silencios del poder han dado resultado. ¿Permitirá el derecho y la moral colectiva que continúe este festival de denuncias sin consecuencias ningunas, para vergüenza y escarnio de la Patria?
