Sigue la polémica por la cascada en San Isidro en la que Vila construyó un dique

Un grupo de motocilistas, indignados como muchos mendocinos que se encuentran con alambrados y "entradas" a los ríos y arroyos, filmó un video en San Isidro que muestra cómo la tradicional cascada se está convirtiendo en un dique consturido por el empresario Daniel Vila.

En San Isidro el dueño del Grupo América y multimedios Uno tiene una casa con estancia, cerca de la zona donde construyó el barrio Dalvian, por el que está en juicio con la UNCuyo precisamente por apropiación de terrenos del Estado.

El video se viralizó en los celulares y mucha gente se indignó, ya que los enduristas, que ya tienen una larga batalla porque se les achican los terrenos para andar en moto por el pedemonte, filmaron cómo la cascada dejará de ser pública para convertirse en un dique privado.

Enojado Vila acusó a los hombres de “intrusos” que entraron en tierras privadas, aunque según el Código Civil los cauces no pueden ser privados.

Vila dijo que fue autorizado por el Departamento General de Irrigación (DGI) para hacer el dique. Es más, aseguró que es para mejorar la vida de los mendocinos.

"El objetivo de esta obra, lejos de perjudicar a los mendocinos como maliciosamente intentan instalar estos motociclistas, consiste en mejorar el sistema de captación, conducción y distribución del agua que nace en las vertientes de la zona y cae por la cascada, con lo que se evitan filtrados y la pérdida de tan valioso recurso cuando escurre libremente. De esta forma se aprovechará el 100% del agua en beneficio de todos los propietarios cercanos en dicha zona",afirmó.

Hace más de una década que se acumulan denuncias de desvíos del agua que baja de la montaña, precisamente del arroyo San Isidro, hacia el barrio privado Dalvian, de su propiedad.

"Durante muchos años se mantuvo una polémica sobre el carácter de esas aguas, tema que ha sido resuelto de común acuerdo con la DGI y su implementación se encuentra en curso", dijo Vila.

"La prepotencia, la mentira y la difamación que demuestra el vídeo publicado en un portal, no se compadece con la realidad que hemos descripto. Confundir lo público con lo privado es un grave error. Mentir sobre una obra que tiende a potenciar un recurso natural escaso, como es el agua, haciendo aparecer a quienes la llevan adelante a su costo como delincuentes, constituye una infamia. Haber soportado pacientemente durante décadas la intromisión de terceros en la propia casa, es un hecho que deberemos remediar, sobre todo cuando a cambio de la hospitalidad se recibe rencor", agrega Vila en su carta, y remata así: ¿Será que a los Terranova les resulta familiar que les intrusen sus hogares?", lanzó, porque uno de los medios que publicó el video fue MDZ, del grupo Terranova.

Vila afirmó que va a denunciar a quienes hicieron el video

Irrigación dice que el agua es pública

Desde el Departamento General de Irrigación (DGI) mantuvieron hermetismo durante varios días pero ayer explicaron todos los detalles del caso. Por un lado, señalaron que para el órgano las aguas del río San Isidro son consideradas públicas, pero que Dalvian S.A sostiene lo contrario por lo que presentó una acción procesal administrativa que debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Por otro lado, aseguraron que desde hace tres semanas conocían la existencia de esta construcción a raíz de una denuncia de un particular y que están analizando el caso para tomar las medidas correspondientes.

“Recibimos una denuncia hace 3 semanas en la que nos enviaron fotos de la construcción por lo que fuimos a visitar el lugar para constatar el caso”, comenzó a relatar Juan Pablo Yapura, jefe de Gabinete del Departamento General de Irrigación. Una vez en el lugar se labró el acta correspondiente, así como una serie de notificaciones que tienen que ver con la obra.

“Verificamos que se trata de una obra de captación o toma del curso de agua. Lo que estamos indagando es su finalidad”, relató y detalló que se pidió a Dalvian S. A. los planos de la obra.

“Ellos dicen que es para captar mejor el agua y que se pueda usar mejor el curso, por eso ahora nosotros tenemos que analizar y verificar si tiene ese propósito”, remarcó el funcionario. En caso de que se descubra que la obra no cumple con el objetivo planteado se puede llegar a ordenar su demolición.

“Cualquier obra que se hace sobre un cauce público tiene que ser informada por lo que luego de analizar estos aspectos se tomarán las medidas que tengamos que tomar”, se comprometió Yapura, quien calcula que en 15 días pueden llegar a tener novedades.

Consultados al respecto, desde la Secretaría de Ambiente aseguraron desconocer la existencia de la obra y adelantaron que se pedirá la información correspondiente al DGI para luego decidir si quienes llevaron adelante la toma estaban habilitados a avanzar sobre un curso de agua o no. “Cuando se trata de estos temas los organismos que tienen que interceder son principalmente Irrigación, pero también Ambiente, para solicitar la evaluación de impacto ambiental”, informaron desde prensa.

Ríos y descontrol total

"Nos estamos quedando sin ríos. En algunos sitios los privados te cobran para dejarte pasar, aunque en la mayoría ya no se puede entrar.Las márgenes están llenas de rosa mosqueta, alambrados y tranqueras. Y la apatía del Estado sólo ayuda a que estas fuentes de agua pierdan su condición de públicas y queden libradas al interés y poder de los propietarios", dijo a este diario hace poco más de un mes Sergio Vicente, un instructor de pesca con mosca que conoce los hilos de agua valletanos como la palma de su mano.

Exceptuando un puñado de ríos y arroyos de montaña, en toda la región del Valle de Uco ya casi no quedan cursos de agua que tengan un acceso asegurado para las personas que quieren ingresar a pescar o a disfrutarlos caminando por sus márgenes. Irrigación no dice nada, el Gobierno no sanciona y la gente se queda sin agua.

Las anécdotas de quienes siguen intentando hacer cumplir (lo que consideran) su derecho son variadas. Van desde el tener que pagar un canon (“dispuesto según la cara del solicitante”, reconoció un funcionario) al privado del ingreso o deber gestionar a fuerza de dádivas la llave de la tranquera, hasta ser sacados a escopetazos o someterse a que les dañen sus vehículos. Esto siempre que antes hayan tenido la suerte de poder acceder al curso de agua.

La "privatización" de las costas de ríos y arroyos desde hace años genera polémica en la región, generalmente entre pescadores y propietarios. Sin embargo, esta se acentuó en el último tiempo por la explosión del negocio inmobiliario en las zonas de montaña, principalmente en el Manzano Histórico de Tunuyán y en los distritos de Gualtallary, Santa Clara y La Carrera de Tupungato.

El artículo 1.974 del nuevo Código Civil (que entró en vigencia en agosto del año pasado) vino a agudizar aún más la situación. Referentes ambientalistas del país hablan de un “retroceso” con respecto al Código de Vélez Sársfield en relación con el derecho de acceso a las costas, porque se reduce de 35 a 15 los metros previstos para el denominado Camino de Sirga y se le quita el carácter de camino público, es decir de libre acceso.

En este contexto, un grupo de mendocinos -que está constituyendo la fundación Aguas Libres- se ha propuesto luchar para que los cauces naturales vuelvan a ser “un bien común”. Buscan que esta legislación sea puesta en debate y se termine derogando el artículo en cuestión.

Ellos basan su reclamo en la Constitución Nacional y en otros artículos (235 y 236) del Código Civil que sostienen que los ríos, estuarios y arroyos son bienes de dominio público, siempre que no nazcan y mueran dentro de un campo privado.