Entre los 18 acuerdos paritarios 2018 que consiguió el gobierno provincial antes de que finalizara 2017 y la dura negociación (con pronóstico reservado) que tiene por delante durante febrero con el sector docente del SUTE, permanece indefinido el aumento salarial de los judiciales.
Aún no se sabe a ciencia cierta si se resolverá en paritarias o -como en los últimos dos años- por decreto del Ejecutivo provincial.
En la Subsecretaría de Trabajo “se están evaluando las presentaciones hechas por los paritarios de la Suprema Corte, ya que está discutida la personería del sindicato”, afirman voceros oficiales a la hora de explicar las demoras en las definiciones. “Resuelto este tema se verá si (el aumento) es por decreto o si se hace una oferta en la mesa paritaria”, agregan.
Poco es lo que avanza actualmente el tema en un ámbito judicial que -en enero- se mantiene casi inmodificable bajo el estricto cumplimiento de su mes de feria. El tema volverá a cobrar vigencia cuando -el jueves- regrese la actividad a los tribunales.
La paritaria judicial es una de las cinco negociaciones de mayor cantidad de personal involucrado en el Estado provincial, luego de la de los docentes, las de la Salud (profesionales y personal de apoyo) y la de la Administración Central con sus ramificaciones.
Desde hace dos años el Gobierno la desdobló en dos negociaciones separadas (funcionarios y empleados) y avanzó en acuerdos con los primeros sin haberlos alcanzado con los segundos.
En diciembre el sindicato de los Judiciales finalizó el año con una manifestación en Tribunales en la que reclamó la apertura de las paritarias. La conducción permanece a cargo de Carlos Ordóñez luego de que fue repuesta y prorrogada por una decisión judicial, tras la fallida intervención ordenada por el Ministerio de Trabajo del actualmente devaluado Jorge Triaca.
Pero aún no existe un reconocimiento pleno a la condición de miembros paritarios de los representantes del gremio y todavía permanece sin resolverse la validez o no de la última elección de la conducción del sindicato, impugnada por la lista opositora que resultó derrotada por escasos votos.
El propio dirigente opositor en el sindicato -Sergio Mortarotti- ha puesto en duda la validez de los acuerdos paritarios que eventualmente pudiera firmar Ordóñez.
Mientras, en el Gobierno, el subsecretario de Gestión, Ulpiano Suárez, ha dicho que el aumento por decreto “es la última opción” que se analiza aunque remarca la necesidad de que exista “un aval para la representación gremial a fin de evitar planteos de nulidad” sobre lo que -eventualmente- se pueda resolver en la paritaria.
