Las desigualdades estructurales del sistema educativo, visibilizadas por una pandemia mundial que nos obligó a cerrar las puertas de las escuelas, hoy exacerban la brecha en relación a la calidad educativa entre los alumnos de Mendoza.
Una nota reciente de diario Los Andes expresa las diferencias en el acceso a tecnología, internet y conectividad.
Las diferencias socioeconómicas y, por ende, culturales de cada uno de estos hogares y familias no son novedades para los miembros de la comunidad educativa.
Desde la derogación de la Ley Laínez en 1978, la mirada hacia la educación pública ha estado vinculada con la racionalidad economicista y una supuesta eficiencia administrativa.
La ley federal de educación de 1993 le dio el golpe de gracia, despojándola de recursos nacionales y empujándola a la esfera de las economías provinciales.
En resumen, la educación pública ha sido golpeada, deshuesada, ninguneada y vaciada desde entonces.
Menos presupuesto cada año, recorte de programas, inmovilización y precarización de recursos son algunas de las consecuencias con las que convivimos quienes trabajamos en ella día a día.
Con la escusa de la eficiencia administrativa se han cercenado derechos, tanto de los alumnos como de los trabajadores.
Hoy, en medio de la emergencia sanitaria somos los trabajadores de la educación y los mismos estudiantes quienes organizamos y pusimos en funcionamiento la educación online que desde la DGE evalúan positivamente.
Cada escuela se reconvirtió en un espacio virtual, muchas veces desde los recursos personales de cada agente, que responde a las necesidades y carencias de la comunidad en la que está inmersa.
Seguimos visualizando procesos de aprendizaje diversos para lograr ejecutar acciones direccionadas, casi personalizadas, atendiendo la realidad social, económica y cultural de cada uno de nuestros alumnos y sus familias.
En condiciones ideales todos aprenden. Pero parece que desde las esferas de decisión continúan tomando las medidas erradas.
Por dar un ejemplo, hacer accesible el portal educativo de la DGE por las compañías de telefonía móvil no es una medida eficiente o útil. Los alumnos no acceden a los materiales o a la guía docente desde él, porque entre otras cosas fueron incapaces de generar una plataforma virtual para contener el material que cada establecimiento elabora para sus alumnos.
¿Qué no podemos perder de vista?
Si logramos que quienes tienen las mayores dificultades tengan acceso, todos los tendrán.
Muchos de los estudiantes hoy, con algo de suerte, llegan a descargar del único celular de la casa con conectividad las actividades para enviarlas cuando pueden por whatapp, pero desde la DGE hacen exactamente lo contrario a lo necesario.
Eligen seguir negando las diferencias, las desigualdades o simplemente son incapaces de notarlas para actuar al respecto.
