La posibilidad surgió hace unos días cuando, desde el Gobierno, se hizo conocer la intención de impulsar un proyecto que permita contar con fondos extra para el mantenimiento de las rutas a partir del año próximo.
Se ha pensado en la posibilidad de instalar un sistema de peajes a ubicar, en un principio, en la Panamericana, cercano al Corredor del Oeste, y en un tramo de la ruta a Chile. Según se indicó, la iniciativa está sometida a estudios de prefactibilidad y sería financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que la provincia podría devolver con la recaudación del pago de la tarifa.
Como iniciativa puede resultar interesante, en razón de que se trata de una alternativa válida para hacer frente a las necesidad de mejorar o pavimentar rutas, habida cuenta de que los fondos aportados por la Nación para ese tipo de tareas resulta insuficiente.
A esto debe agregarse el hecho de que, tal como ha quedado demostrado especialmente en los últimos años, los fondos nacionales suelen ser derivados con mayor asiduidad y volumen hacia las zonas con mayor densidad de población, que es donde están los votos, sin tener en cuenta las necesidades del interior del país.
De acuerdo con un informe realizado a nivel nacional, la infraestructura vial en todas las provincias está compuesta por 41 mil kilómetros de caminos pavimentados; otros 41 mil de caminos mejorados; 118 mil de tierra o natural, y una red terciaria de 400 mil kilómetros. Se indica que para hacer frente a las necesidades que demanda el mantenimiento de esos caminos, las provincias cuentan con los aportes propios y con un fondo vial nacional.
En 1932 se estableció un impuesto de 5 centavos por litro de nafta que debían destinarse “al estudio, trazado, construcción, mejoramiento, conservación, reparación y construcción de caminos”.
Sin embargo, esa norma tuvo, a través de los años, numerosas modificaciones y en la actualidad establece que de lo recaudado del impuesto a las naftas común y especial (ni gasoil ni GNC están comprendidos) el 21% está destinado al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y el 79% restante en tres sectores, a saber: a) Fondo Nacional de Viviendas (42%), b) Tesoro Nacional (29%) y c) provincias (29%). De lo que se asigna a “provincias”, 60% va destinado a los organismos viales provinciales, el que se distribuye conforme a los índices de coparticipación vial que el Consejo Vial Federal confecciona anualmente; 30% es asignado al Fondo Provincial de Infraestructura Pública y 10% al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior.
Como puede observarse entonces, si se divide el ingreso por la cantidad de provincias a cubrir, se determina que los recursos con que cuenta Mendoza para hacer frente a los problemas no alcanzan para cubrir las necesidades. Pensar en un sistema de peajes no es equivocado, siempre y cuando se impulse de un modo distinto al que se ha aplicado hasta el presente.
A modo de ejemplo podríamos observar lo que sucede en Chile, donde las obras son encaradas por empresas particulares, que se nutren luego de lo obtenido por el cobro de peajes. Si bien es cierto que los montos que abonan los automovilistas son muy superiores a los que se perciben en la Argentina, no es menos real que el vecino país cuenta con una infraestructura vial excelente, aun a pesar de las dificultades impuestas por una geografía dificultosa que exige grandes inversiones.
En el caso de la Argentina, el sistema de peajes se impuso con las rutas ya construidas, razón por la cual el cobro de la tarifa está destinada sólo al “mantenimiento” de las rutas, las que no siempre se encuentran en las mejores condiciones.
Existiendo la posibilidad de acceder a un crédito del BID, no es desechable entonces la posibilidad de acceder a él para la realización de obras viales de importancia para la provincia.
También lo es la posibilidad del cobro de peajes, pero de una manera distinta a la que se ha aplicado en la Argentina, por lo que el sector privado que se hará cargo del cobro también tendría que participar en la inversión previa.
