Por Marcelo Zentil - mzentil@losandes.com.ar
Una a una, las piezas del tablero que imaginó Alfredo Cornejo se van acomodando, pero lo que a priori puede parecer una ventaja, también es una mochila que deberá saber cargar: si no logra resultados, no tendrá excusas a la hora de rendir cuentas.
La nominación del camarista José Valerio como ministro de la Suprema Corte de Justicia viene supuestamente a completar el esquema de poder que necesita para afianzar su política de mano dura, inflexible, en seguridad.
Cornejo fue claro ayer: necesita a Valerio para torcer las voluntades de los ministros del máximo tribunal que hoy se muestran del otro lado, o sea alineados con el garantismo.
Valerio, si el Senado lo aprueba, se convertirá en una suerte de operador de la mano dura entre sus pares, un contrapeso. Y así Cornejo siente que podrá hacer pie en el único rincón institucional que se le rebela.
El elegido juega en tándem hace tiempo con el hoy procurador general Gullé (que también era camarista) dentro del Poder Judicial y son defensores de una justicia sin concesiones, aunque el postulado carga con un par de absoluciones en casos emblemáticos (Alejo Hunau y Soledad Olivera) que aún le reprochan.
Los dos también se involucraron personalmente con el plan de seguridad de Cornejo desde que éste decidió ser candidato y han sido el sustento legal e intelectual de los proyectos ligados a la Justicia y la seguridad aprobados este año.
Por eso, en el Poder Ejecutivo entienden que Valerio era (pese a un problema de salud que aseguran ya superó) el “candidato natural”, que llega para dar coherencia a un plan que ningún otro jurista hubiera interpretado mejor.
Con esta postulación, el Gobernador desoyó los reclamos para que una mujer ocupara el lugar dejado por Herman Salvini, en tiempos en que en la Legislatura impulsan un proyecto de reforma electoral para que la paridad de género se refleje en todas las listas electorales.
En el Gobierno apelan a una estadística que ya habían usado cuando debieron proponer al nuevo procurador general: las mujeres son mayoría entre los magistrados (55% contra 45% de hombres) y de los 12 jueces y fiscales propuestos por Cornejo al Senado desde que asumió, ocho fueron mujeres y sólo cuatro varones.
La principal voz que se escuchó durante la semana pidiendo por una mujer fue justamente la de la vicegobernadora, Laura Montero, aunque a diferencia de cuando se produjo la vacante en la Procuración General, optó por un tono más conciliador, casi de sugerencia.
En el camino que comenzó ayer hasta la votación de su pliego en el Senado, Valerio deberá escuchar más de una crítica de feministas y no tanto, no sólo porque esperaban una mujer para ese cargo sino también por sus antecedentes.
De hecho, ya circula por las redes sociales un currículum negativo del camarista, que recuerda casos de violencia de género en los que intervino y terminó fallando en contra de las mujeres. “Misógino” es el título que le cuelgan y que deberá intentar sacarse en las próximas semanas.
Del dicho al hecho
La lucha contra el delito fue, ya se sabe, quizá la única promesa de campaña de Cornejo. Es cierto que se cuidó al extremo para no cometer la torpeza de ponerle plazos o porcentajes, pero igual los mendocinos podrán reprochárselo si no cumple.
En el afán de desplegar su plan, surgió esa docena de leyes que la Legislatura aprobó a fuerza de mayoría propia y el apoyo negociado del PJ.
Su capacidad de persuasión y su respaldo a la batalla personal de González contra su ex yerno, el fiscal Carniello, lograron lo que los dos gobiernos peronistas que lo antecedieron, intentaron y no lograron: que González se jubilara.
No era cuestión de pegar y amenazar, como probaron Jaque y Pérez, pese a que González también es peronista, sino de apoyarlo. Y ése fue el mérito, si se quiere, de Cornejo.
Ese logro es mayor aún que “poner” un juez de la Suprema Corte: procurador general hay uno solo y es el que termina definiendo la política persecutoria y acusatoria del Estado. En cambio, jueces supremos hay siete.
Con Alejandro Gullé, el Gobernador se aseguró tener a alguien que interpreta y siente igual que él cómo debe funcionar y sancionar la Justicia.
Así, con una Legislatura que domina, una procurador que le responde en demasía, intendentes alineados por la necesidad de fondos y ahora un juez supremo propio, Cornejo no podrá decir, como sus antecesores, que tiene las manos atadas.
Si no baja la inseguridad, y hasta ahora no hay indicios ni datos que demuestren que eso haya ocurrido, toda la culpa será suya.
La única salvedad es que poner a Valerio no le garantiza la mayoría de la Corte. Es más, viene a remplazar a un hombre cuyo voto el oficialismo ya contaba como propio.
El problema para el Gobierno es que hay cuatro ministros (Palermo, Pérez Hualde, Nanclares y Gómez) que han cerrado filas y no cederán.
Entre ellos tienen muchas diferencias ideológicas, partidarias (dos son peronistas y dos radicales) y hasta jurídicas, pero a la vez creen ser la última barrera para evitar que Cornejo, en su afán de concentrar poder, tome el control absoluto del Estado.
Sólo la jubilación de uno de ellos daría al Gobernador la posibilidad de volcar a su favor votaciones que hoy sabe le serán desfavorables. Por eso, la supuesta intención de jubilarse el año próximo del presidente, Pedro Llorente, no le suma nada: es el más cornejista de todos.
El sexto miembro es el peronista Mario Adaro, que juega como líbero pero tiene un diálogo permanente con el Ejecutivo, en especial con el hombre que ocupa el mismo cargo que él supo tener: el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay.
Esta Corte es la que debe resolver los reclamos de estatales echados por el actual gobierno y también el reclamo por inconstitucionalidad que presentó el SUTE contra el ítem Aula, quizá el tema judicial más sensible para el Gobierno en este momento.
Pero, a la vez, hay un probable planteo a futuro que también puede llegar a sus manos, si finalmente avanza el único de los proyectos de la vice Montero que realmente entusiasma a Cornejo: la reforma constitucional. Aquella interpretación de que se necesita el 50% más uno del padrón y no de los votos emitidos para aprobarla es la barrera que deberá levantar o soldar la Corte.
