Al superar diciembre sin los estallidos que se anuncian cada fin de año, el oficialismo consiguió el objetivo político que se propuso al recurrir al Fondo Monetario Internacional.
Logró blindar con esa asistencia financiera la transición hacia el año electoral. Acercarse al borde de la novedad: ser el primer gobierno no peronista desde la restauración democrática que concluya su mandato en los plazos previstos. Macri necesitaba instalar esa certeza. Es la condición previa para aspirar a la reelección.
Cristina Fernández obtuvo algo igualmente complicado. Consiguió una amnistía de facto para competir en la elección presidencial. La alcanzó en medio del escándalo de los cuadernos, en el que quedó evidenciada la trama de corrupción que condujo desde el gobierno, con el concurso del sector privado.
El blindaje le vino a Cristina del peronismo de los gobernadores -hegemónico en el Senado y sujeto tácito en las entrelíneas del chofer Oscar Centeno- que en el momento más difícil para la expresidente negó sistemáticamente su desafuero.
Ese tercer bloque político, el del peronismo federal, se agenció con la crisis la llave maestra de su desarrollo electoral inmediato. Negoció el apoyo al gobierno para el acuerdo con el Fondo Monetario, preservando la solvencia fiscal de sus distritos. La crisis de 2018 no será recordada como la del ajuste fiscal en las provincias.
Con estas ventajas repartidas, la dirigencia política se internó en los primeros días del año en el juego del verano: la ingeniería electoral en su versión más oscura y compleja.
No es la acumulación de fuerzas para la competencia, sino la revisión interesada de las reglas mismas de la competencia.
En el último trimestre de 2018, cuando las fuerzas políticas mayoritarias intuyeron que la crisis económica estaba más cerca de encauzarse en el año electoral que de desbordar en un estallido, cada distrito comenzó a diseñar según sus intereses el reglamento de la competencia. darwinismo electoral para la supervivencia del predador más apto.
El fenómeno cobró relevancia ahora que las versiones sobre cambios en el régimen electoral de la provincia de Buenos Aires son más que rumores.
La gobernadora María Eugenia Vidal encontró un argumento para evaluar la reforma electoral bonaerense. Cambiar el voto tradicional por la boleta única sería un avance en un distrito jurásico. En el que la fiscalización de las mesas de votación ha sido uno de los servicios premium de las legiones más oscuras de la corporación política.
La evaluación de ese mecanismo en diálogo con Sergio Massa abrió una gama de especulaciones. Desde el desdoblamiento de la fecha, que habitualmente coincidió con la presidencial, y la suspensión de las primarias provinciales, hasta la doble postulación de Cristina.
Ocurre que el peronismo tampoco puede reclamarle certeza electoral a Cambiemos. En Córdoba, modificó otra vez el régimen electoral el año pasado. En Tucumán, la interna entre el gobernador Juan Manzur y su antecesor José Alperovich escaló hasta la justicia provincial, que autorizó un cambio de fecha para la elección local.
En La Rioja, el gobernador Sergio Casas busca promover -con un plebiscito forzado a fines del ardiente enero- un cambio en la Constitución provincial que lo habilite a continuar. En Catamarca hay reelección por tiempo indefinido, pero la interna justicialista desbordó con una nueva ley que suspendió las primarias abiertas. En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck se juega a una interpretación torcida de la Constitución provincial para otra reelección.
En todos los casos, los opositores plantearán objeciones judiciales. El escenario que les espera no es el mejor desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la vigencia de la ley de lemas que le permitió a Alicia Kirchner perder Santa Cruz y gobernarla.
Hay un razonamiento común en estas maniobras. Como la crisis económica recalienta la incertidumbre electoral, cada referente distrital busca algún modo de elegir a sus votantes. Y no al revés, como supone la regla básica de la política democrática.
No es un invento novedoso. En el siglo XIX el gobernador del estado norteamericano de Massachusetts, Eldrige Gerry, se puso a manipular el mapa de los distritos electorales para zafar del voto en contra.
Le salió un dibujo contrahecho al que el periodismo le encontró forma de salamandra: una "gerrymander". Gerry convirtió su apellido en un genérico que lo sobrevivió.
La Corte Suprema norteamericana acordó esta semana considerar dos casos de gerrymandering en Carolina del Norte y Maryland. El ingreso del juez republicano Brett Kavanaugh al tribunal abrió sospechas de mayor condescendencia con los dibujos forzados de la ingeniería electoral.
De modo que los diseñadores locales encontrarán en ese lugar inesperado algún justificativo para sus bordados.
Se adivina el tono de los argumentos. Los ganadores de la salamandra hablarán de los beneficios de la integración al mundo. Los desplazados, del mundo caótico en el que por desgracia deben vivir.
