Sexto pedido de indagatoria para Jaime y su familia

El fiscal federal

Carlos Rívolo

insistió con el pedido para que el juez federal

Sebastián Casanello

cite a declaración indagatoria por supuesto enriquecimiento ilícito al ex secretario kirchnerista de Transporte

Ricardo Jaime

(2003-2009), además de una decena de familiares y allegados.

Fuentes judiciales informaron hoy que el pedido se produjo luego de que la Sala Uno de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso de su defensa para que sea declarado "inconstitucional" el artículo del Código Penal que define el delito de "enriquecimiento ilícito".

Es la sexta vez que el fiscal Rívolo pide la indagatoria de Jaime en los cinco años que lleva la causa: antes al juez federal

Norberto Oyarbide

, que subrogaba el juzgado, y últimamente a Casanello, que era secretario y ascendió a juez federal durante la presidencia de

Cristina Fernández.

Junto a el ex secretario, Rívolo pide que comparezcan como imputados sus hijas Romina, Julieta y Gimena; su hermano Daniel; su ex esposa Silvia Reyss; la hijas de ésta con otra pareja, Agostina y Lorena Jayo; su ex suegra María Pfaffen; y los empresarios Carlos Lluch y Raúl Viola.

Una pericia del cuerpo de contadores de la Corte Suprema determinó que tanto Jaime como sus familiares no pudieron demostrar el crecimiento del patrimonio, que incluye casas, departamentos, hostales, moto y autos de alta gama; más, supuestamente, un avión y un yate.

La acusación es por "enriquecimiento ilícito", delito para el que el artículo 268 (2) del Código Penal establece que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua".

En junio pasado, Casanello le pidió a Jaime que en siete días presentara un informe sobre la tenencia del yate Altamar 64, que había quedado fuera del estudio realizado por los peritos contadores. El yate fue valuado en un millón de dólares y Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime, habría sido el autorizado a retirar la embarcación del astillero de San Fernando por Dalia Ventures LLC, la empresa compradora, según la investigación.

Además de esta causa, Jaime está procesado y camino a juicio oral en otras tres causas: por dádivas (haber recibido favores de empresarios del transporte a los que debía controlar), por la tragedia ferroviaria de Once, y por supuesto ocultamiento de pruebas, en Córdoba.