"Contar todo lo que me ha pasado me alegra mucho", afirmó ayer Teresa Álvarez, tras prestar testimonio sobre las persecuciones sufridas por su familia ante la jueza argentina que investiga los crímenes de la dictadura franquista, amnistiados en España. "He contado todo con detalles. No tengo memoria, pero eso lo tengo grabado", dijo Álvarez, de 93 años, quien junto a Faustina Romeral, de 90, relataron sus casos ante la magistrada María Servini de Cubría, que indaga los crímenes de la Guerra Civil española (1936-1939) y de la dictadura franquista(1939-1975).
Servini se encuentra desde hace dos semanas en España, donde recogió testimonios en las regiones del País Vasco (norte), Andalucía (sur) y Madrid.
Las asociaciones de víctimas calculan más de 110.000 desapariciones forzosas y hasta 300.000 bebés robados durante el período investigado. La jueza se abstuvo ayer de cualquier declaración tanto al llegar como al salir de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), donde tomó testimonio a Álvarez y a Romeral, acompañada por el juez español Fernando Andreu y el fiscal argentino Ramiro González.
Romeral relató que "su abuelo fue fusilado, su padre está desaparecido lo mismo que su hermano, y que ella misma estuvo detenida varios años, lo mismo que su madre", explicó el abogado. Álvarez, por su parte, contó a la jueza el calvario de su familia, con un hermano desaparecido, otro enviado a un batallón de trabajadores forzados y su padre encarcelado y torturado. Le metieron "la varilla de un paraguas por los oídos y quedó sordo para siempre", relató.
"La justicia ahora ya no podrá hacer nada porque ya han muerto los culpables", añadió Álvarez, quien, sin embargo, se mostró convencida de que la investigación argentina servirá para conseguir una reparación "aunque yo no lo vea porque soy muy mayor ya".
Algo está cambiando
"Esto que ha ocurrido hoy (por ayer) es un avance enorme", insistió Slepoy, destacando que "los jueces españoles están prestando plena cooperación a la solicitud de auxilio judicial de Argentina".
"Esto es una pauta de que algo está cambiando, de que nos acercamos cada vez más al momento del fin de la impunidad", consideró. La justicia española no ha tratado hasta ahora esas denuncias, escudada en una ley de Amnistía de 1977 que cubrió "todos los actos de intencionalidad política" anteriores a ese año, en un esfuerzo por allanar el camino hacia la democracia.
Esa traba llevó a las asociaciones de víctimas a presentar el caso en Argentina, donde Servini abrió en 2010 una investigación por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" en los años del franquismo y la guerra civil. En diciembre, un grupo de querellantes viajó a Argentina para testificar ante la magistrada, quien en setiembre pidió que se abriesen los consulados de su país en todo el mundo para recibir denuncias.
También solicitó, en noviembre, la extradición de dos ex policías acusados de torturas, pero la justicia española denegó ese pedido en abril, argumentado que los tormentos que se les imputan no constituyen delitos de lesa humanidad y que prescribieron hace años.
