Institutos que prestan servicios de salud y asistencia a personas con discapacidad atraviesan una situación financiera crítica y por ello ven afectados sus servicios o deben apelar a estrategias de "supervivencia" para evitarlo.
Esto se debe fundamentalmente al atraso en el pago de las prestaciones por parte de las obras sociales -lo que ya lleva varios meses- y a la falta de actualización de los valores que reciben por los servicios.
Martina (14 años) es hipoacúsica, no puede hablar y además tiene parálisis cerebral que afecta su movilidad del lado izquierdo. Desde comienzos de año le quitaron una de las dos sesiones semanales de fonoaudiología que recibe en el Irid (Instituto Rehabilitación e Integración del Discapacitado de Rivadavia). Su madre, Silvia Pardo, aseguró a Los Andes que esto la afecta ya que sus aprendizajes necesitan práctica permanente.
"Tiene un implante coclear pero si no recibe estimulación no podrá escuchar. Hasta junio no tuvo la fonoaudiología fundamental para su diagnóstico", contó la mujer.
Mencionó que esta misma situación afecta a prácticamente todos los demás chicos (172), que asisten a este centro único en todo el Este mendocino, que además detalló que estipula en el contrato que no se puede buscar asistencia paralela. Dijo que la atención comenzó a resentirse hace dos años pero se agravó en 2019.
Sucede que los profesionales y empleados renuncian, y deben llamar a otros, lo que implica una difícil readaptación. Destacó que para recibir tratamiento se acude varias horas por semana, por lo que se genera un vínculo con la entidad. Por otra parte subrayó: "es la única institución en su tipo en la zona Este. Imaginate lo que sería que cerrara, hay otras pero muy chiquitas; esta es grande, moderna, actualizada, con mucho material para trabajar, buen mantenimiento, es una idea excelente y bien pensada".
La preocupación los llevó a hacer un abrazo solidario al edificio el jueves pasado.
Atrasos
El presidente del instituto, Leandro Gargantini, aceptó que el atraso en los pagos por parte de las prestadoras de salud les ha impedido pagar los sueldos adecuadamente y que por ello, profesionales que venían de zonas alejadas dejaron de asistir.
"La mayoría de las obras sociales empezaron a dejar de pagar hace cinco meses, ahora por las gestiones algunas están pagando", señaló. Las especialidades más afectadas son Fonoaudiología, Kinesiología y Terapia Ocupacional.
Detalló que la deuda asciende a $ 16.000.000por parte de 33 obras sociales. Incluir Salud es la que más les debe, según mencionó, y se trata de $ 9.000.000, además de facturas complementarias desde 2015. En tanto Osep, la obra de los empleados públicos de Mendoza, debía $ 5.000.000 y acaba de pagar $ 1.300.000 de ellos.
Juan Manuel García, titular de Incluir Salud Mendoza, dijo que en el caso de esta institución los reclamos son a Incluir Salud Nación, y que lo que a esta oficina compete están al día.
Es el mismo caso de otras organizaciones que reclaman por pagos antiguos o descuentos que consideran no correspondía que se hicieran. "Se ha pagado hasta mayo, lo que reclaman es una deuda anterior que nunca pudieron acordar y están en ese intríngulis, esta semana mandaron dinero de compensación del año 2018 y en estos días enviarán otra parte", explicó.
Problema generalizado
Otros consultados dejaron entrever que se trata de algo que afecta a muchas instituciones. Una de ellas es el Instituto Terapéutico Naranjito, desde donde aseguran que apelan a diferentes estrategias para cumplir con los pagos esenciales.
"Lo más grave es que no podemos pagar los sueldos ni los impuestos y estamos haciendo malabares con los proveedores", destacó Gustavo Kretschmar, director de esta organización que tiene 30 años y quien además es vocal de la Asociación de Institutos Especiales Argentinos.
Advirtió que la situación es caótica en todo el país, y opinó: “Hay un abandono por parte de la gestión estos últimos dos años de la atención para las personas con discapacidad”.
Mencionó que esa atención es una política de Estado desde el año 1996 a partir de la ley 24.901. Sin embargo, "lo que ha venido ocurriendo sistemáticamente desde 2016 es que el sistema se ha dejado de financiar, el programa está desfinanciado en este momento", destacó.
Dijo que las estimaciones apuntan a que son alrededor de 35 mil las personas con discapacidad que dependen del sistema público y consideró que cubrirlo es algo ínfimo para el presupuesto total. Agregó que Incluir Salud no ha pagado desde abril.
Comentó además que en la estructura de costos 70% se lo lleva la masa salarial, la cual ha tenido incrementos por encima de lo que aumentó el valor de las prestaciones, lo mismo que sucede con el resto, de la mano de la inflación.
En tanto, Juan Carlos González Olsina, defensor de las Personas con Discapacidad reconoció que hay una situación crítica y que efectivamente los últimos meses han recibido más reclamos por falta de prestación de servicios. De todas formas, señaló que esto es una pequeña muestra porque las instituciones no quieren dejar de prestar los servicios y por ello apelan a sostenerlos como pueden.
Detalló que 54% de los reclamos en la defensoría son por coberturas de salud y que este no es un problema nuevo.
