Las discusiones por el aumento del gas, la recomposición de las tarifas y el conflicto por la ex EPTM, hicieron de 2016 el año de los servicios públicos.
Y esto obligó a Sergio Marinelli a mantener una exposición mediática que no prefería. “Todas las mañanas me levanto a escuchar radio y a esperar algún cachetazo”, reconoció el funcionario de Alfredo Cornejo, encargado de planificar las políticas de servicio y relacionarse con los concesionarios públicos y privados.
Sergio Marinelli, secretario de Obras Públicas, hizo un balance político de su gestión y apuntó que, en la primera etapa, se abocó al reordenamiento y recomposición para luego dar lugar a un segundo período, en el que “tenemos que empezar a ver resultados”.
-¿Pensó que al tomar una cartera no tan política, iba a ser más tranquila su función?
-(Se ríe). Totalmente, cuando me ofrece el gobernador Alfredo Cornejo participar en el Gobierno, yo le planteé que me gustaría hacerlo en esta área, porque tengo manejo en lo técnico y, en cuanto a lo político, pensaba que iba a ser un lugar tranquilo, ya que estamos, en las materias de agua y de electricidad, en un lugar intermedio entre los prestadores y entes de control.
En transporte es donde más experiencia tengo, conocía los problemas. Pensaba que la función la iba a llevar con muy poca exposición pública.
-¿Cuál fue la herencia recibida?
-Venimos de una etapa de mucha desinversión en la infraestructura de todos los servicios públicos, con la concesión del transporte vencida y sin renovar.
Esta etapa fue y va a seguir siendo la de la recomposición tarifaria; ojalá demos comienzo a las inversiones en serio en cuanto a servicios, y a una regulación y control más eficiente por parte del Estado.
Este año y el que pasó es para eso, y recién los próximos años debiéramos empezar a ver los resultados, siempre y cuando nos acompañe la economía en general.
-En materia de servicios, ¿con qué se encontraron?
-En Transporte había una deuda muy importante con todos los operadores, sobre todo en el área metropolitana. Estábamos al borde del paro en los servicios nocturnos. A su vez, nos encontramos con una licitación suspendida, en parte por pedido nuestro. La herramienta del
Estado, que era la EPTM, estaba totalmente sobredimensionada, con gente que no cumplía con su rol, porque había cambiado de función, y con un parque móvil totalmente viejo. Esta empresa no era una herramienta, era una mochila para el Estado.
En materia de Agua y Saneamiento, encontramos una empresa prestadora de servicios con una desinversión histórica, que excedía al gobierno anterior, con malas condiciones de operación y con muchos problemas de los servicios y quejas de los usuarios con razón. En materia eléctrica, había un desfasaje tarifario y con un servicio malo en general, con poca inversión.
-¿Cómo visualiza el 2017?
- Queda una etapa dura por pasar este año, pero ya vamos a poder exigirle a las distribuidoras que cumplan a rajatabla con las inversiones. Por lo tanto, en el 2018 y 2019 recién vamos a notar una mejora en los servicios. Nosotros no vamos a hacer una recomposición tarifaria si no hay mayor inversión por parte de las distribuidoras y si no está atada a cosas concretas que el usuario las pueda palpar.
-Si bien "el tarifazo" del gas fue una decisión de la Nación, hubo críticas porque el gobierno provincial tardó en sentar postura. ¿Hacen autocrítica?
- Nosotros aclaramos de entrada que una cosa es hacer un discurso y otra es dar una alternativa seria desde el Gobierno, que sea viable y con respaldo técnico y científico. Cualquiera puede hacer una declaración, una presentación y puede exigir. Este es el rol que tienen las ONG y la oposición, pero en el Gobierno, con el discurso, no alcanza.
En este sentido, primero no tenía información, no tenía gente formada en el Estado que se ocupara del tema; no había ni siquiera en el organismo específico, que es Enargas. Más allá de la buena atención que tuvimos por parte de sus directivos, nunca hubo los niveles de información que requeríamos.
-Mostró sus diferencias con el ministro de Energía de la Nación, Juan Aranguren, en torno a cómo se aplicó la suba.
-Lo hice públicamente, incluso se lo manifesté personalmente a él. Si bien acompañamos la política de fondo de recuperar los valores reales tarifarios, en tanto y cuando existan las tarifas sociales para que la puedan pagar, debe ser gradual para evitar el impacto.
Compartimos la política de fondo pero no la forma y en esto la realidad nos da la razón, porque tuvieron que ir para atrás con la decisión.
-¿Cree que la gestión de Mauricio Macri tomó nota de las críticas que tuvieron?
-Evidentemente tomó nota porque puso topes. En el caso nuestro respetó esos topes en la tarifa amparada, con lo cual pagamos menos en el país. Este año supongo que tomará en cuenta que si bien va a seguir con la política de recuperar el precio real, va a respetar la gradualidad.
-¿Van a volver a insistir con que Mendoza tenga tarifa diferencial?
-Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, la decisión ahora es de la Nación. Lo vamos a ver reflejado en los cuadros tarifarios, pero vamos a seguir trabajando. Tenemos convenios con la UNCuyo, con la Facultad de Ciencias Económicas, en donde hay un observatorio tarifario y nos pasan el informe periódico de cómo se comportan las tarifas en general y la del gas en particular, en todas las provincias.
-¿Se puede esperar una respuesta favorable de la Nación?
-Entiendo que debiera haber una respuesta, no sé si totalmente favorable, pero por lo menos parcialmente favorable.
-Qué va a pasar en 2017 con la tarifa eléctrica?
-Hay un decreto que firmó el ex gobernador Francisco Pérez, por el que se estableció un aumento en enero del 2016 por el 40%, y después estaba escalonado. Quedan los aumentos de marzo y junio, y luego viene el aumento de los precios estacionales de la energía eléctrica y el transporte.
Los aumentos tienen que ir acompañados, en la parte provincial, por mejoras en el servicio. Que los usuarios sepan que, si hacen un esfuerzo para que la tarifa se recomponga, también tengamos la posibilidad de exigirle a las distribuidoras que cumplan con un mejor servicio en calidad y cantidad.
-¿Cómo piensan hacer para comprometer al sector y no quedar sólo en lo discursivo?
-Sí, tiene que estar explícito. Acá, la verdad, nunca han tenido tarifa plena las distribuidoras. Esa ha sido la razón, en otros casos la excusa, para no hacer obras e inversiones. Estamos tratando de ponernos de acuerdo con todas las distribuidoras para que, ahora que estamos cerca de la recomposición total de las tarifas, podamos tener planes de obra.
-¿Dimensionaron el conflicto que hubo durante el tratamiento por la reconversión de la ex EPTM?
- Sí, porque habían dos problemas principales: uno, la cantidad de personal que no hacía falta, y el otro, la falta de parque móvil adecuado. Pero si se compraban más unidades, no iba a haber gente para manejarlas porque la gente que estaba tenía cambio de función.
-¿Le ganaron la pulseada a los gremios?
- Había una gran cantidad de gremios y de gremialistas, sobre todo de gremialistas. Hay uno solo que realmente pertenece al transporte, que es la UTA y es el que quedó, con tres delegados que trabajaban y que no tenían licencia gremial.
Pero después habían otros dos gremios propios del Estado, que son ATE y UPCN. Entre los dos tenían la mitad de los afiliados que el otro pero con 40 delegados y 7 u 8 licencias gremiales en total. Entonces, se encontraron defendiendo cuestiones que terminan siendo privilegios.
Al usuario no le conviene tener una empresa que malgaste la plata, que puede usar de otra manera. Menos le conviene al usuario del interior, porque está subsidiando una empresa que presta malos servicios en un sector de la provincia que es el Gran Mendoza.
Hemos demostrado que los gremios mentían cuando decían que se iba a quedar gente sin trabajo, porque la misma ley decía lo contrario.
No podíamos hacer algo diferente. Hoy están reubicados los trabajadores, ya la empresa tiene la cantidad de personal adecuado. Ahora estamos encarando planes para, por un lado, incorporar micros eléctricos que nos va a mandar la Nación, y por el otro, asociarnos con privados que hagan el gerenciamiento de nuevos recorridos, que son troncales y que son parte de lo que será el nuevo sistema de transporte.
-Hubo un solo oferente para encarar la remodelación de la Terminal. ¿Están conformes con la propuesta?
-Siempre es bueno que haya más, pero por lo menos hubo uno, que es un consorcio de varias empresas, todas importantes y mendocinas. Ahora está analizando la Comisión de Preadjudicación, la encargada de evaluar la oferta. Difícilmente podamos tener hecha esta revisión no antes de dos semanas.
El aumento del boleto y la licitación del transporte
-¿Cuándo se realizará la licitación de Transporte?
-Ahora vamos a hacer un estudio completo de tránsito, que es la base necesaria y uno de los insumos para modelar el transporte y hacer la nueva red. Nos va a servir para el diseño de las ciclovías del área metropolitana y para la semaforización preferente del transporte. Esto calculamos tenerlo listo para el mes de mayo, aproximadamente.
A su vez, cada vez hay más restricciones urbanísticas en la Ciudad. No podemos pensar más que las llegadas al centro sean radiales, sino que vamos a estudiar muy bien con una consultora especializada, para diseñar una nueva red troncal.
Esa nueva red implica trasbordo, lo cual para la gente que no está acostumbrada es complicado, pero entendemos que es la única forma de permitir, con la misma plata, prestar servicio abarcativo y que signifique menos tiempo de traslado, para que la gente pueda dejar el auto y usar el micro.
Este estudio debe estar listo en junio o julio, pero hay cosas que dependen de nosotros y otras no. Si llegamos a tiempo, la licitación se hará este año para que arranque en enero del 2018.
-Se viene un nuevo aumento del precio...
-Se hicieron las audiencias públicas y hubo distintas presentaciones. Estamos terminando de evaluarla y contestarla, en principio se va a sacar un decreto que prevea un aumento de $8 a partir del 1° febrero y $8,50 a partir del 1° de julio.
Perfil
Sergio Marinelli tiene 59 años y es Ingeniero agrimensor. En su trayectoria política, fue concejal y funcionario de San Rafael, departamento del que proviene y que en 2007 pretendió dirigir, cuando se presentó como candidato a intendente.
También fue director de Obras Sanitarias Mendoza, del EPAS, fue subsecretario de Servicios Públicos en la gestión de Julio Cobos, y luego fue su ministro de Gobierno.
