Separaron al juez David Mangiafico, titular del Sexto Juzgado de Garantías, del caso de Julieta González.
Así lo resolvió la Octava Cámara del Crimen, con la firma de Ramiro Salinas, Luis Correa Llano y Alejandro Miguel, respondiendo a un reclamo efectuado tanto por la querella como por la fiscal a cargo de la investigación del femicidio cometido en la primavera del año pasado.
Vale recordar que a la víctima se la dio por desaparecida durante días, hasta que su cadáver fue encontrado en una ripiera abierta en la zona de Cacheuta.
Ahora el expediente seguirá en manos de la titular del Primer Juzgado de Garantías, María Cristina Pietrasanta.
Hace unas semanas los abogados que representan a la familia de la víctima, Juan Rifo y Carolina Jacky, en calidad de querellantes, habían denunciado al magistrado ahora apartado por no resolver un pedido de recusación en el que le pedían se apartara del caso, reclamo que fue rechazado por el magistrado.
También se lo había denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación del Código Procesal Penal y no aplicar la letra de la Ley de Violencia de Género, lo que se traduce en una -sospechada- demora en elevar la causa a juicio contra Andrés Di Cesare, el único imputado en la causa.
Un setiembre negro
En setiembre de 2016, Mendoza fue noticia nacional cuando se conocieron tres femicidios: Janet Zapata, asesinada por 15 mil pesos; Ayelén Arroyo, que, pese a haber denunciado a su padre, éste terminó matándola, y Julieta González, cuya desaparición de su casa en Maipú fue denunciada el Día de la Primavera, hasta que una semana después su cuerpo fue encontrado en un descampado detrás de la cárcel de Almafuerte, en Cacheuta.
Diez días después fue detenido Adrián Di Cesare, hijo de un reconocido empresario del transporte con domicilio en Maipú, que según la investigación había mantenido una relación sentimental con la joven.
Más allá de ello, analizado su teléfono celular y la computadora personal, se comprobó que había mantenido contacto con la víctima, sumado a que después del crimen buscó en las páginas de internet cómo borrar rastros de ADN y también cómo hacer desaparecer un cadáver.
La causa
En noviembre del año pasado, el ahora separado juez aseguró que Di Cesare debía seguir detenido por dos pruebas "contundentes por irrefutables".
La primera, las manchas de sangre encontradas en el Ford Fiesta Kinetic del joven, que tras ser analizadas se determinó correspondían a sangre de la joven, y la segunda prueba: que los restos de piel encontrados bajo las uñas de la víctima, tras un análisis de ADN, se comprobó pertenecían al joven.
En ese momento se rechazó el pedido de su defensa de una prisión domiciliaria, además de que se le impuso una fianza de 100 mil pesos.
Otro tanto ocurrió la última semana, cuando se le extendió la prisión por otros tres meses.
