Fue una sorpresa. Sin que se conocieran detalles, intempestivamente, el fiscal Daniel Carniello fue separado de la Fiscalía de Delitos Complejos y temporariamente fue asignado a la Fiscalía 12 de Guaymallén. El nuevo destino es casi una ironía, puesto que la semana pasada Carniello imputó al intendente interino de Guaymallén, Luis Lobos.
De pronto, el fiscal que fue funcionario del peronismo a fines de los ‘90 y tenía en sus manos algunas de las pesquisas más picantes por su vinculación con los poderes fácticos de Mendoza, se transformó en investigado. Y la novedad conmocionó, además de alimentar todo tipo de especulaciones.
Hablando de especulaciones, el destino de Carniello y quién lo reemplazará no hicieron más que alimentar las teorías conspirativas. En el despacho que desde hace una década y hasta el jueves era del fiscal especial ahora está Juan Manuel Bancalari, quien era el titular de la fiscalía 12 de Guaymallén, donde irá a parar el ahora investigado magistrado. Es decir, se trata de un enroque que alimenta aún más las suspicacias.
En realidad, toda la historia de la separación de Carniello es una invitación a las teorías conspirativas. Ayer por la mañana la coordinadora del Ministerio Público María Teresa Day decía “que por la entidad de los hechos corresponde el traslado”, que la denuncia era de extrema gravedad, pero que sacar a Carniello de su fiscalía “era una medida preventiva y no un castigo”.
Lo interesante es que en la resolución 788/2015 en la que se dispone la remoción, se invocan las facultades disciplinarias que tiene el procurador Rodolfo González (el jefe de Carniello y Day). No faltó quien recordara que Carniello fue pareja de una hija del procurador González. Más allá de las posibles asperezas familiares, parece descabellado disponer un traslado por ese tipo de rencillas.
En un principio se quiso vincular a una supuesta causa por narcotráfico que se inició en la Justicia Federal; la realidad es que no habría instancia de investigación en la Justicia Provincial si fuera por narcocriminalidad, dado que las drogas son jurisdicción federal.
De acuerdo a los trascendidos judiciales, en el juzgado federal de Walter Bento hay una investigación vinculada al narcotráfico por la que se hicieron escuchas telefónicas y en medio de esas escuchas apareció un sospechoso que habló en algún momento con Carniello. Se trataría de un “datero”, es decir un informante del fiscal de delitos complejos, con el que habrían hablado de otras causas que tramita el fiscal denunciado.
Bento pasó los datos a la Justicia provincial para que se investiguen posibles irregularidades administrativas cometidas por el magistrado.
El propio Carniello habla de "escuchas preventivas", que serían ilegales, puesto que escuchar conversaciones personales debe ser autorizado por la Justicia con alguna prueba de que se estaría cometiendo un delito. Incluso más, Carniello admite: "Hace tiempo que escuché algo acerca de esas pesquisas federales, pero ahora fui removido sin siquiera conocer la acusación para poder defenderme".
Day afirmó que hay una investigación administrativa a cargo de la Procuración de la Corte y otra penal que se le encomendó al titular de la Fiscalía de Instrucción 19, Gustavo Pirrello. De acuerdo al relato de la coordinadora del Ministerio Público, los autos 1.688 se iniciaron hace algunos meses.
Desde la Justicia mendocina se pidieron los audios de las escuchas telefónicas dos veces y recién llegaron ayer tres cds, que ayer mismo le fueron remitidos al fiscal Pirrello. Es decir, quien investigará penalmente a Carniello aún no sabe por qué debe investigarlo, pero por las dudas Carniello ya fue separado de su cargo.
-¿La investigación sobre Carniello tiene que ver con alguna causa que el propio fiscal especial está investigando? Si no, no se entiende que lo corran de su fiscalía- consultó Los Andes.
-Sí- dijo escuetamente la coordinadora Day.
Si fuera una sola causa, perfectamente podría sacársela y mandarla a otro fiscal de Delitos Complejos. Pero con esta medida se le sacan todas las causas que estaba llevando y al menos cuatro están vinculadas con funcionarios y empresas poderosas.
Lo que se dijo
"Hace tiempo que escuché algo de esas pesquisas, pero fui removido sin siquiera conocer la acusación para poder defenderme." Daniel Carniello - Fiscal provincial
"Por la entidad de los hechos, corresponde el traslado... Es una medida preventiva y no un castigo". María Teresa Day Cdora. del Ministerio Público
Las causas vinculadas al poder que manejaba Carniello
Entre las causas que investiga Daniel Carniello hay dos que ganaron los titulares de los medios hace pocos días, por eso es que fueron las primeras en mencionarse y también en alimentar todo tipo de teorías conspirativas.
El jueves de la semana pasada se conocían las imputaciones de dos funcionarios del peronismo: el saliente intendente de Guaymallén Luis Lobos y el ministro de Hacienda y futuro senador provincial del peronismo, Juan Gantús.
A Lobos y a varios de los miembros de su gabinete los imputó por fraude a la administración pública en contrataciones y licitaciones por un monto de $ 5,5 millones. La otra causa nació de la denuncia de una empresa de insumos médicos en la que se acusa a Gantús de manejar discrecionalmente los pagos a proveedores de Salud. Esa denuncia fue ventilada por Los Andes el 13 de octubre pasado.
Pero hay otras dos causas que queman y alimentan las más jugosas conjeturas. Una nació de una denuncia realizada por el gobernador Francisco Pérez, en marzo de 2012, contra YPF por contaminación en épocas en que la petrolera estaba en manos de la española Repsol.
Ahora YPF es estatal, la causa sigue viva y roza a funcionarios del Gobierno provincial, quienes deben controlar el cumplimiento de normas ambientales y a la empresa dependiente del Gobierno nacional que debe cumplirlas.
Carniello ordenó una inspección para ver si los problemas ambientales denunciados en 2012 habían sido resueltos. Al parecer, las cosas no habrían cambiado mucho: el 5 de octubre, este diario informaba que se había ordenado a YPF “se abstenga provisoriamente de realizar cualquier trabajo y/o tarea que modifique el estado de situación de los hechos que se habrían verificado”.
Hay otra investigación en torno al negocio petrolero y que también roza a funcionarios del Gobierno de Mendoza y también a un poderoso grupo económico local. Se trata de la causa en la que se tramita el incumplimiento de las inversiones comprometidas por la empresa Chañares Herrados SA al momento de prorrogar el tiempo de la concesión que le otorgara la Provincia.
Los Andes reveló esta causa en noviembre de 2014. La prórroga de la concesión hasta 2027 fue otorgada en 2011, cuando el gobernador, Francisco Pérez, era ministro de Infraestructura de Celso Jaque.
En aquel momento, Chasa se comprometió a invertir 226 millones de dólares entre 2011 y 2014, cosa que al parecer nunca cumplió y que era motivo suficiente para quitarle la concesión, por lo que están bajo investigación todos los funcionarios que deben controlar las concesiones petroleras, empezando por el ministro de Energía, Marcos Zandomeni; el subsecretario de Hidrocarburos, Pedro Sánchez, y el director de Petróleo, Pablo Ropero.
Chasa toma su nombre del área petrolera que tiene concedida en Mendoza, Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado. En el balance 2011 de Chasa se indica que en el área concesionada hay 58 pozos petroleros, de los cuales Petrolera El Trébol (Petsa) operaba 40, es decir que Petsa es subcontratista en el área y al menos subsidiariamente responsable de las inversiones comprometidas por Chasa.
En 2013, el 49,9% de Petsa pasó a ser controlado por el grupo Vila-Manzano.
En estos días Carniello estaba evaluando la posibilidad de embargar a Chasa y a los funcionarios del Gobierno provincial por 280 millones de pesos por el perjuicio que el accionar de la petrolera habría causado a las arcas públicas mendocinas, tal como el querellante José Rubio había solicitado hace algunas semanas.
