Tres docentes y una directora de las escuelas de diferentes niveles que funcionan dentro del penal de Boulogne Sur Mer fueron separados de sus cargos por la DGE. En el primer caso, la determinación se tomó porque se les encontraron blisters de psicotrópicos y un celular sin el chip, en tanto que en el segundo los efectivos del Servicio Penitenciario determinaron como inapropiada la realización de asambleas dentro del establecimiento.
Uno de los argumentos para no dejarlos ingresar a sus puestos de trabajo -y por lo tanto iniciar una investigación para suspenderlos- es que el personal educativo sabe que entre las pautas para trabajar dentro del penal figura la de no ingresar sustancias prohibidas ni elementos que puedan representar un riesgo.
En el caso de la directora, la negativa a permitirle el ingreso se basa, según las autoridades, en una seguidilla de situaciones de inconducta que alteraban el clima dentro del penal. En líneas generales, la mujer habría convocado a los alumnos -internos de la cárcel- a sumarse a una reunión para informales acerca de las complicaciones que les había generado a los educadores el hecho de que se modificara el lugar de ingreso a las escuelas de la penitenciaría.
En una conferencia de prensa brindada ayer a la mañana en Casa de Gobierno, el titular de la DGE, Jaime Correas, y el director de Asuntos Jurídicos del organismo, Francisco Fernández, indicaron que la función del área educativa en este caso es reemplazar a los educadores que fueron suspendidos mientras se investigan los casos. Por ahora, todo se encuentra bajo secreto de sumario, según explicó Fernández.
“Lo que ha llamado la atención del servicio penitenciario es que en el caso de los docentes, ellos tenían la misma medicación tanto en el turno tarde como en la mañana. Aunque los psicotrópicos sean para consumo propio es raro que sean los mismos. Ellos saben que no pueden llevarlo”, dijo Correas.
Sebastián Henríquez enfatizó que los inconvenientes comenzaron cuando las autoridades del Servicio Penitenciario decidieron cambiar el sitio de ingreso a los establecimientos educativos
El responsable de la educación en Mendoza agregó que el servicio educativo está garantizado en el penal. “Las clases en todas las instituciones y niveles son normales”, subrayó.
El funcionario aclaró que el rol de la DGE en este caso es reemplazar a los docentes separados de sus funciones. Fernández, por su parte, recalcó que por ahora se iniciará una investigación paralela de los hechos a través de la Junta de Disciplina. Agregó que tanto los docentes como la directora están informados sobre su situación.
Fernández agregó que el Servicio Penitenciario tiene la obligación de controlar lo que sucede dentro del penal. Según la requisa -indicó-, los educadores habrían pasado por alto la Ley N°7976, que establece el no ingreso de sustancias prohibidas. En ese sentido, el procedimiento consistió en quitarles los psicotrópicos y el celular, y en labrar las actas correspondientes.
“Se ha determinado la suspensión preventiva a los tres docentes y a la directora. La DGE, por su parte, está realizando su investigación de acuerdo a las resoluciones del Servicio Penitenciario”, dijo Fernández y aclaró que los psicotrópicos son considerados sustancias prohibidas dentro del penal.
La defensa del SUTE
La educación que se imparte a los internos de la cárcel de Boulogne Sur Mer se distribuye en un Centro de Capacitación para el Trabajo, una escuela primaria y otra secundaria; ambas destinadas a la formación de adultos.
Quien habló en representación de los educadores suspendidos fue el titular del SUTE. Sebastián Henríquez enfatizó que los inconvenientes comenzaron cuando las autoridades del Servicio Penitenciario decidieron cambiar el sitio de ingreso a los establecimientos educativos. Mientras que la entrada habitual estaba separada de la zona donde están alojados los presos, la nueva -detalló Henríquez- los exponía a situaciones de riesgo debido a que para ingresar los docentes debían pasar por los sectores inframuros y pabellones.
Luego del pedido realizado por los docentes y la insistencia del sindicato, las autoridades decidieron volver el ingreso a su sitio original. “En realidad, la DGE debe responder por sus trabajadores, velar por su seguridad”, dijo Henríquez y agregó que en el caso puntual de los docentes a los que les hallaron pastillas, “hay una docente que tiene problemas de riñón y por indicación médica debe tomar un ansiolítico antes de ir al baño”.
Por otro lado, el titular del SUTE calificó como una situación violenta y exagerada el proceder de los efectivos hacia el personal docente. “Los pusieron contra la pared y los requisaron como si fuesen criminales, sin notificarlos de nada ni explicarles el porqué”, reclamó.
