Esta decisión judicial es de suma trascendencia en momentos en que la Justicia se encuentra seriamente jaqueada por el kirchnerismo, que a través de la reforma recientemente aprobada por su mayoría en el Congreso cree contar con los elementos suficientes como para manipular a los jueces y lograr de ellos fallos que sólo respondan a los intereses del poder político de turno.
Debe tenerse presente que las primeras multas que aplicó la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno, se remontan a marzo de 2011, cuando fueron sancionadas las primeras consultoras a las que el gobierno acusó de haber cometido una supuesta violación a la ley de lealtad comercial.
Todo esto luego de que el controvertido funcionario decidiera la intervención del Indec y dejara de publicar el Índice de Precios al Consumidor, dando paso a los irritables índices a los que nos tiene acostumbrado el organismo para intentar convencer a los argentinos de que la inflación en el país es sólo una sensación o bien una cuestión orquestada desde la oposición. Las consultoras privadas, por lo tanto, quedaron inmersas en esa visión conspirativa con que el oficialismo caratula a quien piensa distinto.
Esta decisión de los jueces es sumamente trascendente en las actuales circunstancias. Más allá de la equidad de estos fallos, ya que los especialistas coinciden en que no tenía ningún sustento legal haber aplicado el artículo 9° de la ley de lealtad comercial a las consultoras privadas, el hecho de que cuatro de las cinco salas de una cámara federal de apelaciones se hayan pronunciado con sentencias en contra de directivas emanadas por Guillermo Moreno presupone una respuesta de los magistrados a la fuerte embestida que significó el rápido abordaje de los proyectos de reforma ideados por el Poder Ejecutivo.
Además, es una saludable señal de que desde los estrados y despachos de la Justicia hay una mayoritaria tendencia a defender la división de poderes, tan esencial para la institucionalidad del país.
Indudablemente, entre las nuevas leyes de “democratización” judicial que orquestó Cristina Fernández de Kirchner, la que mayor ofensa y preocupación produjo entre los jueces es la que habilitó la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, que prácticamente amenaza en su conjunto la continuidad de todos aquellos funcionarios que pretendan ejercer su función en libertad, para reemplazarlos por abogados amigos del poder convertidos en jueces funcionales a las directivas políticas.
Hasta ahora, los economistas y consultores multados y silenciados por Moreno han venido brindando su aporte a la comunidad derivando sus datos al índice mensual que a través del Congreso brinda la oposición.
Posiblemente la situación no varíe sustancialmente en poco tiempo porque no habría que descartar alguna nueva artimaña oficial para seguir amordazando a quienes buscan informar sobre la inflación real en la Argentina. Pero al menos ahora se sabe que la Justicia da señales de que pretende salir a defender a capa y espada su independencia. Un dato muy alentador y a tener en cuenta en todos los estamentos sociales. No tener miedo y atreverse a plantear ante la Justicia la prepotencia del poder es de suma importancia para la salud de la República.
