La polémica estaba planteada desde que se supo de la moratoria lanzada por el Gobierno. Ya en ese momento se hablaba de que el decreto 1.325 firmado por el gobernador Francisco Pérez podría estar violando la ley de responsabilidad fiscal. Y cuando la semana moría llegó la respuesta opositora, en forma de proyecto de ley para derogar el decreto, justamente porque esa norma impide modificar el costo fiscal teórico en los últimos tres trimestres antes de la finalización del mandato.
Los opositores que firmaron el proyecto son los senadores radicales Sergio Moralejo, Jorge Palero y Juan Carlos Jaliff. Y no sólo indican que el decreto 1.325 está cuestionado por modificar los ingresos del Estado, lo que constituiría una modificación del costo teórico; sino que además denuncian que ese decreto avasalla la división de poderes porque, según la Constitución provincial, es facultad de la Legislatura fijar impuestos y disponer de los bienes de la provincia.
Pero más aún, apuntan una ilegalidad más: según el artículo 43 del Código Fiscal, otorgar quitas en deudas con el fisco es atribución del Poder Ejecutivo, pero antes de celebrar cualquier acuerdo, hay que correrle vista a Fiscalía de Estado para que dictamine en cada uno de los acuerdos celebrados con los deudores.
Además, los legisladores sostienen que las quitas de intereses y multas a agentes de retención de los impuestos provinciales, implica permitirle a privados que retienen el monto del impuesto (por ejemplo cualquier comercio que cobra Ingresos Brutos a sus clientes), pero al no depositarlo se están financiando con recursos del Estado y, para colmo, se los premia con una quita de intereses y punitorios, que implica además licuación de los recursos del Estado.
El titular de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) Claudio Gil indica que el expediente que terminó en el decreto 1.325 pasó dos veces por Fiscalía de Estado y el organismo de control no planteó objeciones a la moratoria; además indica que la supuesta violación de la Ley 7.314 de Responsabilidad Fiscal, asegura que el incremento del costo fiscal teórico tiene que ser permanente, es decir de más de seis meses “y esta moratoria dura un mes”.
Además, Gil indica que el Código Fiscal 2015 tuvo una modificación “pedida por el senador Palero” para que los agentes de retención pudieran pagar sus deudas en planes de hasta tres cuotas.
La historia de la moratoria es breve, al menos la historia conocida. El 12 de agosto se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1.325 de 2015, en el que se detalla el plan de cancelación de deudas ideado por la ATM para mejorar la perfomance recaudatoria.
En 2015 hay una retracción de los ingresos provinciales, que no han crecido como se esperaba o que se han incrementado menos de lo que crecieron los gastos del Estado provincial.
Así es que la necesidad de fondos fue la principal inspiración para lanzar una moratoria para regularizar deudas con el fisco y, de esa manera, que el Estado perciba algo que no había logrado cobrar.
La moratoria se aplicaba a deudas vencidas al 31 de marzo de 2015 tanto de Ingresos Brutos como de Inmobiliario, Automotor y Sellos y consiste en un plan de hasta seis cuotas. En caso de ingresar al beneficio, los deudores podrían gozar de una quita de intereses de hasta el 93%, más un 5% para aquellos que optaran por cancelar vía débito directo a cuenta bancaria.
También se ofrece a los deudores de Ingresos Brutos, Sellos y Tasa de Justicia un recorte en las multas de hasta el 98% en caso de pago contado.
El 13 de agosto la medida ya estaba en los medios de comunicación. Ese día Los Andes informaba que la moratoria tenía el aval del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ya que consideraban a la medida “anticíclica” es decir para aflojar la presión fiscal en medio de una crisis que amenaza con cortar la cadena de pagos de las empresas.
Pero ya ese día quedaban claras las críticas de la oposición. Uno de los referentes económicos del radicalismo, Enrique Vaquié, decía que el decreto choca de lleno con la Ley de Responsabilidad Fiscal, particularmente con la prohibición de modificar los costos teóricos del Estado en los últimos tres trimestres de cada mandato.
Además, el diputado nacional de la UCR recordaba que las moratorias son un instrumento excepcional, pero que el Gobierno provincial ya lanzó una a fin del año pasado.
Con este antecedente era cuestión de tiempo para que surgieran las resistencias políticas en la Legislatura. Fueron Moralejo, Palero y Jaliff los encargados de plantar bandera y llevar el debate a la Legislatura, por la supuesta ilegalidad de la moratoria.
El debate parece condenado de antemano. Cabe recordar que los legisladores electos en las elecciones de junio recién asumen a fines de noviembre, por lo que la conformación del Senado sigue siendo desfavorable para la oposición: el oficialista Frente para la Victoria (FpV) tiene 19 de los 38 escaños de la Cámara Alta.
En el mejor de los escenarios toda la oposición junta la misma cantidad de votos en contra, pero desempata el presidente de la Cámara, el vicegobernador Carlos Ciurca.
La pregunta es si el planteo político tiene correlato judicial impulsado por el radicalismo.
