El Senado brasileño conformó anoche la comisión especial que analizará el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, inicio de una deliberación que podría apartarla del cargo en pocas semanas.
Tras una derrota apabullante en la Cámara de Diputados el 17 de abril, la eventual continuidad del impeachment será analizada por una comisión de 21 senadores -cuyos miembros fueron oficializados ayer- que tendrán hasta diez días útiles para llegar a una conclusión y recomendarla al pleno del Senado.
Si la mayoría de los senadores ratifica la decisión de los Diputados -en una votación prevista para mediados de mayo- Rousseff perderá la presidencia transitoriamente por hasta 180 días a la espera de una sentencia definitiva, mientras se desarrolla el juicio propiamente dicho.
Quien asumiría la jefatura del Estado es el vicepresidente Michel Temer, acusado por la propia Rousseff de haberla traicionado y de conspirar en su contra articulando entre bastidores el gabinete de un eventual gobierno.
Reelecta en 2014 por un estrecho margen, Rousseff debería concluir su mandato en 2018, pero su desgaste político, la recesión económica y el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, dieron forma a una crisis política que terminó paralizando su segundo gobierno, iniciado hace 15 meses.
Sus detractores la acusan de maquillar las cuentas públicas en año electoral, algo que ella desmiente alegando que utilizó prácticas contables legales ya usadas por sus antecesores.
Rousseff y su Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) sostienen que son víctimas de un “golpe” parlamentario orquestado por la oposición y el centrista PMDB, ex aliado clave de Rousseff durante los últimos cinco años, pero que en marzo decidió abandonar la coalición de gobierno y precipitó una desbandada de otros partidos en el Congreso.
La primera mujer presidenta de Brasil defiende que no existe ninguna investigación por corrupción en su contra, al tiempo que numerosos legisladores favorables a destituirla enfrentan procesos legales ante la Corte Suprema.
Casi 40% de los senadores que ahora deberán analizar las denuncias contra la presidenta son investigados por sospechas de que cometieron algún delito, de acuerdo con el sitio Congresso Em Foco, especializado en el poder legislativo brasileño.
Según este relevamiento, al menos 30 de los 81 senadores de la actual Legislatura son investigados por algún delito, 12 de ellos vinculados al megafraude en Petrobras, incluidos el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el expresidente de Brasil y actual senador Fernando Collor de Melo.
Caída de la economía
Analistas financieros estiman que la economía brasileña caerá este año 3,88%, una contracción más grave que la sufrida en 2015 que fue del 3,8%, informó hoy el Banco Central. Las previsiones de los economistas son peores que las anunciadas la semana pasada, cuando auguraron que el Producto Interior Bruto (PBI) brasileño acabaría este año con el mismo rumbo que lo hizo en 2015.
Lula dice que Brasil "resistirá el golpe"
El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva afirmó el lunes que Brasil “resistirá el golpe del impeachment” contra su sucesora Dilma Rousseff y “no reconocerá” un gobierno que no emane del “voto popular”.
En su primera intervención pública desde que la Cámara de Diputados aprobó el proceso de destitución de Rousseff hace ocho días, Lula sostuvo que “anular el mandato de Dilma es una necesidad para anular al Partido de los Trabajadores (PT)” y asegurarse de que el PT no regrese rápidamente a gobernar este país.
“Eso es lo que está en juego en este momento”, aseguró el expresidente (2003-2010) al participar del encuentro Alianza Progresista con organizaciones de izquierda de varios países en un hotel en Sao Paulo.
“Les pido a todos que lleven a sus países el mensaje de que la sociedad brasileña va a resistir el golpe del impeachment. La sociedad brasileña no reconocerá un gobierno que no venga de la única fuente legítima: el voto popular”, declaró el exsindicalista y líder de la izquierda latinoamericana.
