Salinas. La primera senadora transgénero de Uruguay, Michelle Suárez, impulsa un proyecto de ley que busca compensar a esa minoría históricamente marginada y asegura que ella misma se ve expuesta a hostigamiento.
Legisladora suplente, Suárez, integrante del Partido Comunista que es parte de la coalición de izquierda que gobierna Uruguay desde 2005, ingresó al Parlamento el 10 de octubre y ocupará el puesto de forma itinerante cuando esté ausente su titular, el senador Marcos Carámbula.
Suárez busca impulsar un "proyecto de ley de acciones afirmativas para la población trans". Actualmente, se ve envuelta en una investigación judicial por su actividad privada como abogada, en un caso que involucra posible falsificación de firma.
En su casa de Salinas, un balneario a 40 km de Montevideo, Suárez, habla en tono firme, asegura que decidió ingresar a la política luego de participar en grupos de defensa de los derechos de las minorías sexuales, como una forma de "apuntalar lo que se había obtenido".
En este sentido, recuerda que Uruguay fue el segundo país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2013. Ahora, impulsa un proyecto de ley que busca proteger y compensar a la población trans (transexuales y transgénero), a la que considera históricamente marginada. Se trata de un conjunto de medidas "temporarias, enfocadas a un grupo vulnerado históricamente, para el cual se considera que ha habido inconvenientes para el acceso igualitario a la protección y goce de derechos fundamentales" como la salud o la educación, explica.
Suárez, que recurre a su propia experiencia para ilustrar la discriminación, señala que la ley beneficiaría de forma directa a unas 900 de un total de 3.000 personas trans censadas en el país.
El objetivo es que puedan obtener un trabajo por fuera del mercado del sexo en el que la mayoría se desempeña, "poder educarse, ya que el 90% nunca ha terminado la secundaria, tener acceso a la salud y no seguir encontrando mujeres muertas porque se ponen silicona líquida o silicona industrial" para tratar de tener pechos femeninos, señala.
La iniciativa busca además "que quienes no tienen posibilidades de reinserción (por razones de edad o salud por ejemplo), tengan una prestación de sobrevivencia" que alcanzaría los 380 dólares mensuales.
Según la red de organizaciones Transgender Europe (TGEU), entre octubre de 2016 y setiembre de 2017, 325 personas trans han sido asesinadas en 71 países censados, 30 más que en igual período anterior. Del total, 267 asesinatos se produjeron en América Latina, 171 sólo en Brasil.
En 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, estimó la esperanza de vida de las personas transgénero en América Latina en apenas 30 a 35 años. AFP
