El gobernador Francisco Pérez tiene por delante una semana corta pero decisiva en materia de negociaciones paritarias con los gremios estatales. Apunta a entregar al SUTE este miércoles una "propuesta superadora" de la inicial, que merezca ser recibida por los paritarios y esto active el mecanismo de consulta en las escuelas, los plenarios departamentales y el plenario general.
Esto exigirá marchas contra reloj para llegar a tiempo con una decisión tomada por parte del gremio, antes de la fecha de inicio de clases el lunes 25. "Hasta ahora no hay oferta y sí hay paro", afirma el secretario general del SUTE, Javier Guevara, luego de la postergación en la presentación de la oferta mejorada, prevista inicialmente para el jueves pasado. De la aceptación o el rechazo de la propuesta depende el inicio normal o no de las clases el próximo lunes 25 de febrero.
También este miércoles comenzará la discusión de la Administración Central que incluirá el Instituto de Juegos y Casinos, Hidráulica e Iscamen, con ATE como gremio mayoritario y UPCN en condición de minoritario en afiliados.
Mientras, el jueves arrancará la segunda paritaria en importancia de la provincia (luego de la docente) en el área de la Salud. Aquí se vive una realidad de fuerte enfrentamiento gremial por lo que el Estado llevará adelante la negociación por separado con ATE y Ampros por un lado (que reclaman un 50% de aumento sobre la asignación de clase) y ATSA (que pide un 25% de bolsillo).
En tanto la tercera paritaria "fuerte", la de Judiciales, aún no tiene fecha de inicio pero se prevé que comience entre el martes 19 y el jueves 21 de febrero.
Las negociaciones salariales se llevarán a cabo este año en un escenario marcado por dos decisiones del Gobierno nacional: un aumento del 20% en el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y un acuerdo de congelamiento de precios (inicialmente por sesenta días), lo que es interpretado por las dirigencias gremiales como el establecimiento virtual de un "techo" del 20% a las negociaciones.
Todo ocurre en un año de aumento de tarifas (boleto de colectivo, agua y luz) y que, a su vez, es electoral (en agosto y octubre se votará en primarias y generales legislativas). Ello reaviva la confluencia de las organizaciones sindicales opositoras en manifestaciones conjuntas de protesta, como la que ya organizan para el próximo 14 de marzo la CTA de Pablo Micheli (presente esta semana en Mendoza en respaldo a la absuelta Raquel Blas) y la CGT de Hugo Moyano.
Propuesta común
El Ejecutivo provincial impulsa una propuesta de suba salarial con bases comunes para todos los gremios y en la que la paritaria del SUTE -este año más que otros- marcará las pautas de todas las negociaciones salariales. Por sobre todas las cosas se buscará evitar lo sucedido el año anterior, cuando el cierre de paritarias posteriores (Salud) significó la reapertura de las anteriores (SUTE).
"No hay margen para paritarias distorsivas como las del año pasado", es la orden del gobernador. Se buscará que los acuerdos tengan una vigencia anual aunque mediante una aplicación cuatrimestral en tres veces en enero, mayo y setiembre, tal como ya está virtualmente "cerrado" con los docentes. Todo indica que partirán de una propuesta cuantitativa inicial (19,1% fue en el caso del SUTE) sobre la cual se podrá avanzar mínimamente en la mejora del porcentaje, aunque dejando margen para "mejoras cualitativas" particulares según sea la estructura y los ítems del sueldo de cada sector.
Se buscará disminuir todo lo posible la presión de los sindicatos en materia de reclamos por incumplimientos a acuerdos de paritarias anteriores. En ese sentido, en la docencia se está llevando a cabo un proceso de titularización de dos mil maestros y profesores y, en la Salud y Administración Central, uno de pase a planta permanente de 1.000 y 250 empleados respectivamente.
Sin que estos últimos números estén confirmados, en el Boletín Oficial se pueden observar continuas caídas de contratos de locación de servicio con sus respectivas altas de nombramiento. Todo esto junto con la aplicación del decreto 43 que congela nuevas designaciones y contrataciones (hasta fin de año) y ordena la jubilación de 4.000 empleados públicos en condiciones de pedir su pase a retiro.
Aun en un año complicado, el Ejecutivo intentará superar lo que sucedió en 2012 en materia de conflictos gremiales.
El año pasado sufrió paros docentes y dos marchas a la Casa de Gobierno en marzo y en julio. En la Salud debió enfrentar huelgas continuas e intermitentes durante tres meses, entre marzo y mayo, que incluyeron una marcha a la propia casa del Gobernador.
Los tribunales provinciales tuvieron un funcionamiento espasmódico durante cinco meses hasta que -recién el 16 de agosto y con la intervención del Arzobispado- se cerró el conflicto judicial. En el medio figuraron varias marchas con los carteles "Paco deudor".
Juegos y Casinos recién se cerró en octubre (cuando se fijó en 62 pesos el valor del "punto" sobre el cual se establecen los sueldos) en el marco de un conflicto del que no fue ajeno el controvertido reparto de ganancias dispuesto por un convenio entre el anterior gobierno de Celso Jaque y la empresa del grupo Vila-Manzano, Mendoza Central Entretenimientos.
El año pasado, el gobierno provincial no pudo cerrar todos los acuerdos paritarios hasta noviembre. Es que aún el día del inicio de la temporada Aconcagua (15 de noviembre) había guardaparques de paro.
