El Sistema de Riesgos de Trabajo (SRT) alcanzó, en el primer cuatrimestre del año, un elevado nivel de litigiosidad, que encendió la alarma en las compañías aseguradoras que ven una vuelta a la industria del juicio de los '90.
Al cierre del primer cuatrimestre se registraron 33.130 juicios abiertos por lo que, de mantenerse la tendencia, el año cerrará con 122.000 causas, que se sumarán a las 300.000 pendientes de resolución.
"Desde hace varios años, el sistema viene mejorando en cuanto al servicio que brinda a empresas y a trabajadores, y en materia de prestaciones, que se actualizan en forma continua”, explicó la presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Mara Bettiol.
Destacó que “los accidentes y fallecimientos por causas laborales o en situación laboral vienen bajando año por año, y en 20 años cayeron 70%”, por lo cual afirmó que “el balance operativo es totalmente positivo en cuanto a los objetivos con los cuales fue creado este sistema”.
Pero “la nota negativa la dan el crecimiento de juicios que ingresan cada año” afirmó para aseverar que “a diferencia de la accidentalidad que baja, los litigios crecen”.
“Si se verifica la tendencia de los primeros cuatro meses de este año, el incremento de nuevos juicios será de 16% interanual, y se cerrará con 122 mil nuevas causas que, sumadas a las actuales 300 mil, dan cuenta de una alta judicialidad que pone en jaque el sistema”, enfatizó.
De acuerdo a los últimos datos de la UART, en abril pasado se iniciaron 11.678 demandas, que se adicionan a las 9.747 de febrero (primer mes hábil porque en enero hay feria judicial), y a las 11.705 de marzo, todas ellas contra las ART.
Desde enero de 2002, hasta abril de 2016, se presentaron casi 600.000 demandas judiciales, con el consecuente aumento de gastos operativos y de cobertura, con incidencia directa en el costo laboral e impacto en la economía y la puesta en peligro de la sustentabilidad del sistema y sus beneficios para trabajadores y empleadores.
En este contexto, Bettiol aseguró que “hay buena predisposición del Poder Ejecutivo para resolver esta situación”, pero consideró que “es imperioso que la Justicia unifique criterios de interpretación” de los conflictos”. Afirmó que “la elevada litigiosidad se presenta a raíz diferencias interpretativas”.
