La Emergencia en Seguridad ya tuvo una de las dos aprobaciones que necesita para ser ley y así extenderse hasta el último día de 2018. Si bien el hecho podía considerarse un paso más, teniendo en cuenta que todavía falta la revisión del Senado, la pelea política que rodeó la discusión convirtió la sesión de Diputados en un “round electoral”, como lo definieron ayer.
Se puede decir que hubo golpes para todos lados, con un claro sentido electoral que fue admitido por casi todos. El Partido Justicialista apuntó contra el oficialismo y el gobernador, Alfredo Cornejo, pero también contra el fiscal de Estado, Fernando Simón, quien justamente fue nombrado por el gobierno justicialista anterior (ver aparte).
Por su parte, el bloque oficial defendió lo alcanzado con la primera Emergencia en Seguridad y lo comparó con la herencia recibida.
Estas idas y vueltas se dieron en un escenario particular, si se tiene en cuenta que falta menos de un mes para las elecciones legislativas del 22 de octubre, que la campaña empezó oficialmente hace dos semanas y que sobre la mesa había un tema sensible: la inseguridad. Este fue el cristal con el que se interpretaron y devolvieron ayer los mensajes.
No obstante, el final ya era sabido. Pese a la negativa que ayer el PJ anunció en conferencia de prensa, sumada a la del FIT, el bloque Cambia Mendoza contaba con los diputados necesarios para lograr la sanción. La aprobación salió con 24 votos positivos y 22 negativos. Lo mismo pasará en el Senado, en donde el oficialismo también es mayoría.
Denuncias y respuestas
La prórroga de la Emergencia le permitirá al Ministerio de Seguridad comprar todo lo que prevea el Presupuesto 2018 a través de la compra directa, un mecanismo diferente a la tradicional licitación pública.
No obstante, según explicaron, el proceso incluye un llamado a licitación, la presentación de oferentes y la selección de una oferta, que luego es publicada en el Boletín Oficial. Todo el proceso es supervisado por la Fiscalía de Estado.
“Si cambiamos el sistema de gestión, vamos a tener un desfasaje temporal”, explicó el jefe de Gabinete del ministerio, Hugo Sánchez, con respecto al mecanismo que permitió la emergencia, sancionada al poco tiempo de haber asumido Cornejo la Gobernación.
En la discusión política de ayer, el PJ argumentó que el mecanismo de compra directa no puede ser permanente, y resaltó que la emergencia que aprobaron a comienzos de 2016 fue la herramienta que ellos le dieron al entonces nuevo gobierno para hacer frente a la situación que recibió.
Pero también el PJ puso en debate la posible falta de transparencia que supone un mecanismo que se escapa al tradicional, contemplado en la ley de Administración Financiera.
Junto a los argumentos, los diputados opositores presentaron una denuncia que hicieron hace un año ante Fiscalía de Estado, por un supuesto pago de sobreprecios en la compra de uniformes. Según explicaron, el caso surgió por la queja de uno de los oferentes que no ganó y llevó su situación a los legisladores.
Tanto en el Gobierno como en Fiscalía de Estado explicaron que el oferente que había pasado el precio más bajo no ganó por no cumplir con las condiciones técnicas.
“La comisión de preadjudicación evaluó si los uniformes ofertados cumplían con las condiciones. Uno de ellos, al someterlo a prueba en distintas condiciones extremas y luego lavarlo, se achicó y se estiró. Ese oferente es el que antes les vendía los uniformes a los policías directamente. Acá lo que no aclararon es que los tres que participaron en la licitación firmaron un acta en la que aceptaron que estaba bien otorgada”, explicó Sánchez.
Por su parte, Fiscalía de Estado tuvo la tarea de revisar el camino que siguieron las compras que se efectuaron en los primeros 18 meses de la Emergencia en Seguridad. “El hecho de declarar la Emergencia es una atribución política, no me toca juzgarla salvo que haya algo inconstitucional”, aclaró el fiscal de Estado, Fernando Simón.
“En la ley se estableció que todas las contrataciones directas tenían que pasar por Fiscalía de Estado. Esto se ha cumplido y si bien hubo casos que hemos observado, las situaciones fueron corregidas, el ministerio se ordenó y se han ajustado al marco legal”, confirmó Simón.
Según contó el fiscal, desde abril hasta la actualidad han revisado 70 procesos de contrataciones.
Un enfrentamiento inesperado: el PJ contra el fiscal de Estado
El debate de ayer dejó varias anécdotas. Una de ellas es el descargo de los diputados justicialistas contra Fernando Simón, quien fue, no hace mucho, senador del peronismo. Luego, el gobierno de Francisco Pérez (PJ) lo puso al frente del organismo de control.
Según dieron a entender, la bancada del PJ esperaba que desde Fiscalía salieran a apoyar el reclamo de transparencia. Incluso, hicieron llegar al despacho de Simón la denuncia por sobreprecios. Pero el organismo dictaminó que el procedimiento cumplió con los requisitos administrativos previstos.
Ante esto, el diputado justicialista Jorge Tanús cuestionó a Simón: “Me quedan dudas no por la responsabilidad del Gobierno, sino por la responsabilidad del fiscal, cuyo mandato es cuidar el erario público. Y si uno hace una licitación pública y adjudica una compra con sobreprecio por 20 millones de pesos en uniformes, mis dudas recaen sobre la legalidad del cumplimiento de la función del fiscal. Lo digo en el recinto, como lo podría decir también en la Justicia o en algún ámbito que sancione al fiscal. Voy a seguir haciéndolo, quédense tranquilos”.
Simón tomó el guante y aceptó la queja: “Que me cuestione cualquier legislador de cualquier partido si tiene dudas. Efectivamente, el fiscal no actúa para ninguno de los dos lados”.
Cruces en el recinto
"Escuchamos un relato en el que Mendoza es Suiza, en donde el Indec de Cornejo dice que la inseguridad ha bajado el 40% y que va a bajar 15% más, como si supieran cuántos robos más va a haber". Lucas Ilardo, PJ
"Suena difícil escuchar en este recinto que se intente ironizar con el Indec, cuando el gobierno de ellos cometió un genocidio estadístico". César Biffi, UCR
"Acá nos subieron a un ring electoral. Sabemos que fuimos colaboradores directos al permitir la primera Emergencia. Pero no nos hagan quedar como los que estamos en contra de la seguridad". Mario Díaz, PJ
"Ustedes dicen que hubo dos narcotraficantes que salieron de Godoy Cruz. El narcotráfico es un delito federal, nunca el gobierno kirchnerista los fue a buscar". Pablo Priore (Pro)
