Si hay un tema en el cual existe absoluta coincidencia en el mundo de la economía, es que la seguridad jurídica es un pilar fundamental sobre el que se asientan las posibilidades de desarrollo, de progreso de las naciones. Salvo para el recientemente nombrado ministro de Economía del gobierno nacional, Axel Kicillof, para quien es un “concepto horrible”.
La organización de los Estados bajo el constitucionalismo moderno a partir de fines del siglo XVIII es la estructura institucional para hacer efectiva la seguridad jurídica. Y por ende el progreso de los pueblos, basado en la más amplia libertad de las personas. Así lo expresa nuestra Constitución Nacional en el capítulo primero “Declaraciones, derechos y garantías”, desde el artículo 1º al 35º.
Desde la forma de gobierno representativa, republicana y federal, a la precisa garantía de los derechos del artículo 14, la inviolabilidad de la propiedad en el artículo 17, o las garantías sobre la independencia de los jueces en el artículo 20.
Fue la fiel aplicación de ese capítulo constitucional el que abrió la puertas a la inmigración, a la llegada de capitales, de científicos y técnicos, que desde 1860 a 1930 construyeron uno los países más modernos y prósperos del mundo. Fue luego el repetido quebrantamiento de esas normas causa principal de nuestros retrocesos.
Y es lamentable decirlo, pero las tres décadas de democracia no han logrado la continuidad debida, y menos aún la convicción y claridad necesarias para sostener la continuidad jurídica que garantice el progreso. Es más, la última década es muestra clara del continuo deterioro de las garantías constitucionales a las que hacemos referencia.
La reiterada violación de los contratos, realizada en forma unilateral por el Estado nacional y las provincias, la acumulación de sentencias contrarias a nuestro país en los tribunales internacionales como el Ciadi, el incumplimiento de las sentencias, eximen de mayores comentarios. Pero tanto o más grave aun ha sido el desconocimiento y la flagrante violación de los derechos y garantías de los ciudadanos en el orden interno.
Se pueden mencionar, por su gravedad, la confiscación de los ahorros en dólares, la denominada pesificación asimétrica, que fue una grosera transferencia de recursos de acreedores a deudores, el reiterado incumplimiento de fallos judiciales favorables a jubilados. Las políticas de prohibición de exportar o importar; el actual control estatal del comercio exterior. El cepo cambiario, que impide a los habitantes ahorrar. Y la inflación, que es una violación recurrente de los derechos de propiedad.
En síntesis, una economía sometida en forma total a las decisiones del gobierno es un sistema institucional absolutamente contrario a la Constitución y una demostración evidente de la inexistencia de seguridad jurídica. Sólo con estos trazos basta para saber por qué la economía va cada vez peor en nuestra nación y también saber qué hay que hacer para que mejore.
