Por Rosendo Fraga - Analista político. Especial para Los Andes
En forma coincidente, los sondeos de opinión conocidos en agosto muestran que María Eugenia Vidal es la figura política con mejor imagen, no sólo en la provincia que gobierna sino también en el promedio nacional.
En su gestión, ha mostrado eficacia política, sobre todo para manejarse con sectores del peronismo y generar con ellos una coalición parlamentaria y política.
Donde no ha logrado avances relevantes -salvo haber logrado que más del 90% de los jefes policiales y sus mandos medios hayan hecho pública su declaración de bienes, lo que no es poco- es en el tema de la seguridad pública. Pero este mismo tema le juega en forma ambivalente: la gente reclama por la falta de seguridad, pero la ve a ella también como una víctima más del problema.
Las amenazas no son algo nuevo en la política argentina y, hoy en día, difundirlas desde el Estado las puede terminar potenciando. Es evidente que ella ha tenido dificultades y limitaciones para desarrollar una política de seguridad pública eficaz y algunas de las amenazas pueden vincularse a ello, y en esta categoría pueden inscribirse las intrusiones en su domicilio y oficinas, como ha sucedido también con otros de sus funcionarios, como el ministro de Gobierno. Pero las llamadas anónimas y las que se realizan mediante redes sociales son algo más difuso y multicausal.
De acuerdo a ello, es posible que policías exonerados tengan que ver con algunas de estas amenazas, pero también se está verificando si las realizan bromistas, jóvenes buscando divertirse, adolescentes, personas desequilibradas y enfermos psíquicos. A veces es riesgoso sobredimensionar estos hechos, porque se multiplican, en sociedades “hiperconectadas” como es hoy la argentina.
La pregunta central es si Vidal va a poder tener un control efectivo de la Policía para mejorar la seguridad pública de los bonaerenses. Es necesario tener presente que la seguridad no sólo depende de la presencia y eficacia policial. También es consecuencia del funcionamiento de la Justicia penal y procesal penal, del sistema penitenciario, los servicios de inteligencia, la coordinación con las fuerzas de seguridad federales y de otros distritos y la participación de la ciudadanía. La articulación de todas estas variables es lo que determina la eficacia del Estado para enfrentar las amenazas en materia de seguridad.
La experiencia mundial muestra que la eficacia de las políticas de seguridad pública deriva más de la aplicación sistemática de rutinas que de golpes de efecto u operativos espectaculares. No hay resultados en el corto plazo y hasta a veces es el gobierno siguiente el que recoge los beneficios.
Asumir que no hay resultados inmediatos pero sí mejora en el mediano plazo y eventualmente solución en el largo, es el mensaje a transmitir. Mientras tanto, hay que montar un sistema eficaz de asistencia a las víctimas de delitos. A ello se agregan políticas específicas, como un mayor control de la población reincidente -que comete la mayoría de los delitos más graves- y un cambio drástico en el sistema de internación de menores, el que termina multiplicando la delincuencia por sus deficiencias.
Respecto de los policías que cometen delitos, deben ser separados. Pero es un error aplicar a la Policía normas que no se exigen al resto de los funcionarios públicos. Si se impone la obligatoriedad de la declaración de bienes para los jefes policiales -que en el caso bonaerense ya puede consultarse online- ello debe también regir para concejales, legisladores, jueces, etc. Caso contrario se genera resentimiento y no una mejora en los niveles de seguridad.
Lo que sucede en la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad tiene mayor visibilidad porque es el 40% del país en términos de población y PBI. Muchas veces, la cantidad perjudica a las cifras de la provincia en comparación con el resto del país.
Es claro en el ámbito global que a mayor población de un centro urbano, mayor es la inseguridad. Los ejemplos de México DF, San Pablo, Río de Janeiro y Caracas son elocuentes. En esta categoría entra el conurbano bonaerense, el que junto con la Ciudad de Buenos Aires integra la llamada “región metropolitana” en la cual vive un tercio de la población del país. Es por eso que hoy el mayor desafío de la seguridad pública es mantenerla en las grandes urbes con millones de personas y fuertes migraciones internas.
En cuanto a las causas del incremento de la inseguridad son básicamente cuatro: las grandes poblaciones en centros urbanos y la limitación de la eficacia estatal que han sido mencionadas, pero a ellas se suman el aumento del tráfico y consumo de drogas y la pobreza y el desempleo.
Es la conjunción de estos cuatro factores lo que constituye el desafío en los grandes centros urbanos del mundo emergente en materia de seguridad pública, y es en este marco que debe ser analizado y resuelto el problema de la inseguridad bonaerense, para el cual al organización de la Policía provincial es una variable importante pero no la única.
Vidal ha mostrado valentía y decisión para enfrentar el problema; ahora debe encontrar las acciones eficaces para resolverlo.
