La seguridad, una deuda de la política

Las distintas gestiones gubernamentales provinciales, al menos durante las dos últimas décadas, y a pesar de varios intentos, no han tenido éxito en sus acciones contra la inseguridad.

Se conforman comisiones específicas en la Legislatura (la Bicameral de Seguridad), se suceden los ministros, se anuncian "mapas de la inseguridad", pero las soluciones no aparecen.

En ese marco, la inseguridad sigue estando en los primeros lugares de los reclamos de la sociedad, junto a la inflación, tal como quedó demostrado durante las multitudinarias marchas convocadas a través de las redes sociales.

 Tampoco es un problema estrictamente provincial sino que, a nivel nacional, es prioritario y ha generado inclusive discusiones dentro del seno del propio gobierno, como sucedió con el anuncio del candidato oficialista a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en el sentido de bajar la edad de imputabilidad para los menores.

En nuestra provincia, circunstancias especiales que rodean a determinados hechos delictivos han generado la reacción espontánea de parte de la población. Pasó con el asesinato de Laura Abonassar, se repitió luego con la muerte de la docente Claudia Oroná, o con los asesinatos de Matías Quiroga y de Marcos Derpich.

Ahora resurgió ante el crimen del médico Sebastián Prado, en el que influyó para la indignación popular el hecho de que se tratara de una persona excelente, querida por amigos y compañeros de trabajo y que estaba a punto de contraer matrimonio con su pareja, con la que tenía dos chicos.

Al decir de los especialistas, Mendoza está sufriendo los problemas de las grandes ciudades, indicando en ese aspecto que existe una relación directa entre el aumento de la población y el de los delitos. Destacan también que no se han incrementado en la misma proporción los elementos de control, de judicialización y de contención de los delincuentes.
 
Es más, se asegura que -por diferentes motivos- no se puede alcanzar el objetivo fijado por el precepto constitucional que establece que las cárceles no son para castigo sino para readaptación de quienes delinquen y que ello queda demostrado por el hecho de que en la gran mayoría de los casos quienes cometen delitos cuentan con frondosos antecedentes.

Tampoco se puede obviar que nos encontramos en una sociedad cada vez más violenta, en la que se pierde con facilidad el respeto hacia los semejantes y donde, por diferentes circunstancias, hasta la persona más tranquila suele perder el control frente a determinadas circunstancias.
 
Pero lo más grave se centra en el escaso valor que se da a la vida de los demás, como ha sucedido con los hechos que hemos relatado y con los que se suceden día tras día, tal como lo reflejan las crónicas policiales. Otro aspecto que preocupa es el submundo en el que se maneja la delincuencia y que les permite acceder tanto a las armas como a las municiones en un mercado negro que resulta muy difícil de descubrir por parte de las autoridades pertinentes.

Las marchas realizadas días pasados dejaron en claro que ningún dirigente político buscó apropiarse del reclamo y es más, el único funcionario que intentó un acercamiento fue rechazado por los manifestantes.

Pero también hay que advertir que la inseguridad es una deuda pendiente no de una u otra gestión gubernamental sino de la dirigencia política en general. No se trata de reclamar mano dura ni determinadas acciones sino de exigir que cada uno de los partidos aporte sus especialistas para encontrar las soluciones que permitan reducir los índices de delincuencia que está afectando a una sociedad que sufre por el accionar y la falta de valores de unos pocos.