Uno de los proyectos que envió Alfredo Cornejo a la Legislatura, en sus primeros meses como gobernador, fue la declaración de Emergencia en Seguridad.
Esta ley autorizó al recién asumido gobierno a tomar deuda y a poder comprar, a través del mecanismo de contratación directa, equipamiento para la Policía. También contemplaba un plan de obras de refacción en las penitenciarías y en 105 comisarías.
Desde aquel entonces transcurrieron 18 meses, el tiempo que estipuló la ley que duraría la Emergencia. Ahora, Cornejo va por otro tanto más.
En la Legislatura se analiza, por estos días, una prórroga para que se extienda la Emergencia en Seguridad por 18 meses más, pedido que no escapó a la lógica electoral de estos días.
El radicalismo intentó ayer tratar en la sesión de la Cámara de Diputados su proyecto y convocó a funcionarios del Ministerio de Seguridad para que dieran los fundamentos y las explicaciones sobre el pedido de extensión. Pero el Partido Justicialista (PJ) no sólo se negó a asistir al encuentro sino que adelantó que la semana que viene votará en contra.
Así lo anticipó el presidente del bloque del PJ, el diputado Javier Cófano. “Significa prorrogar un mecanismo de compra que debe ser excepcional, para una emergencia, y no para todo el mandato de Gobernador”, advirtió el legislador, teniendo en cuenta que Cornejo termina su gestión el 9 de diciembre de 2019 y la emergencia entonces abarcaría tres de los cuatro años del mandato.
A su vez, el diputado dudó sobre la figura legislativa a utilizar: si se trata de una prórroga o si debería ser una nueva ley. “La ley venció el 3 de setiembre, ¿cómo vamos a prorrogar algo vencido?”, cuestionó Cófano.
Ante esto, en el Ministerio de Seguridad defendieron el pedido y dijeron que el proyecto se presentó antes de esa fecha. “El PJ nos está frenando para tratarlo”, se quejaron.
No obstante, las idas y vueltas de ayer se interpretaron desde el contexto electoral. Por un lado, en el oficialismo no dudaron en sospechar que la negativa del PJ estaba vinculada a la intención de instalarse con un tema que, en campaña, siempre cotiza bien.
Por otra parte, el propio Gobernador, en su rol de promotor de la campaña de Cambiemos, tiene el foco puesto en el eje seguridad. Así lo reconoció en la entrevista que publicó Los Andes el domingo, en la que Cornejo dijo estar "obsesionado con que se puede mejorar la seguridad", además de ser el promotor de las políticas de "mano dura".
El pedido puntual para prorrogar la Emergencia en Seguridad tiene dos objetivos, vinculados con la celeridad. Por un lado, permite comprar con el mecanismo de la contratación directa, que si bien contempla una licitación, acorta los procesos al ser a través de una resolución y no de un decreto.
“El mecanismo es muy transparente y más rápido. Una compra a través del sistema de licitación pública demora entre cinco y seis meses, mientras que así lo estamos consiguiendo en dos meses y medio o tres. En todo, llevamos el aval de Fiscalía de Estado”, explicó el director de Administración de Seguridad, Diego Lázzaro.
El segundo objetivo es que, con la misma agilidad, puedan realizar convenios con organismos públicos nacionales. “Esto nos permite acceder de una manera más rápida a bases de datos y líneas de ejecución. Así, ya hemos incorporado el reconocimiento facial, el de huellas digitales, entre otros”, valoró el funcionario.
Con estas dos herramientas, Lázzaro proyecta ejecutar lo que el Presupuesto 2018 asigne para la cartera de Seguridad. En este sentido, la principal diferencia es que la prórroga no contempla un pedido de endeudamiento, como sí lo hizo la ley original.
Sobre lo que ya se hizo, cuentan que del plan de obras que se contempló en la ley (con un crédito de $ 150 millones), el 65% está ejecutándose y que de acá a fin de año pretenden “reinaugurar” alrededor de 60 comisarías. Lázzaro también explicó que otro objetivo a fin de año es comprar drones.
Por otro lado, dijeron que, bajo el sistema de compra ágil, la Provincia adquirió 120 móviles inteligentes, 320 móviles con reconocimiento biométrico, 30 con reconocimiento de patente y 20 con reconocimiento facial, entre otros insumos.
“Esto nos va permitir mantener el proceso de compra que tenemos y de tecnificación de la Policía. Estamos ante un proceso que no se ha hecho nunca. Somos la segunda Policía mejor equipada del país”, argumentó Hugo Sánchez, jefe de gabinete del ministerio.
El sistema de adquisiciones, en la mira
Más allá del pedido de prórroga para la Emergencia en Seguridad, el planteo bien podría ser otro: cambiar el mecanismo por el cual el Estado adquiere un bien de capital. Según admitieron, la idea está en la cabeza del oficialismo.
Según establece la ley de Administración Financiera, la forma que tiene el Estado para comprar un bien es a través de la licitación pública.
Según calcularon, este mecanismo implica un proceso de seis meses.
El proceso que pretende Seguridad, a través de la emergencia, no es muy diferente, aunque sí acorta a la mitad el proceso.
En la contratación que se da en el marco de la emergencia, también hay una imputación de gastos y un proceso licitatorio, en el que se presentan oferentes que hacen sus propuestas y luego se termina decidiendo por la más conveniente.
Ahora bien, la diferencia es que en lugar de salir por decreto (con la firma del ministro y gobernador), en la contratación directa el llamado a licitación y la adjudicación son a través de una resolución, es decir, con la sola firma del ministro o secretario. En Seguridad dicen que está garantizada la transparencia del proceso.
