Las condenas a prisión para los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi -quienes pasarán 45 y 42 años presos, respectivamente- y para el ex jardinero Armando Gómez -pasará 18 años tras las rejas- fueron históricas. Pero, al mismo tiempo, son sólo una de las caras (la principal y más monstruosa) de los abusos sexuales a niños y niñas sordos y sordas que estudiaban y dormían en el instituto religioso Antonio Próvolo, en Carrodilla. Porque detrás de estas aberraciones, existía todo un mecanismo de sistematización que permitía que estos ataques tuvieran lugar. Y eso es lo que se pretende desentramar con el segundo de los juicios por estos hechos, que comenzó ayer con la instancia previa al inicio del debate propiamente dicho.
Pasadas las 8.30, las nueve imputadas por la segunda causa llegaron a los Tribunales provinciales para lo que fue la jornada inaugural de la audiencia preliminar. Entre ellas hay dos monjas -Kumiko Kosaka, quien tiene las imputaciones más aberrantes e incluso algunas como autora de los abusos, y Asunción Martínez- y la ex representante legal del establecimiento, Graciela Pascual.
Esta causa cuenta con ocho denunciantes y muchos de ellos son las mismas víctimas que integraban la primera. La intención de sus abogados es que los chicos no declaren de forma presencial para evitar la revictimización, salvo que ellos estén dispuestos a hacerlo y cuenten con el visto bueno de psicólogos y psiquiatras para hacerlo en vivo. Caso contrario, volverán a reproducirse las cámaras Gesell registradas durante la instrucción del caso, como ya se hizo en el primer juicio.
Largo proceso
Sólo para lo que es audiencia preliminar, que es la instancia previa al inicio del juicio y el momento en el que se oficializan las imputaciones y se definen las pruebas y testimonios, se han previsto 44 jornadas. La primera fue ayer y se extendió durante poco más de una hora. En el encuentro solamente se presentó a las imputadas -a las dos monjas y a Pascual se le suman las ex directoras Gladis Pinacca, Cristina Leguiza, Valesca Quintana y Laura Gaetan, la psicóloga Cecilia Raffo y la ex cocinera Noemí Paz- y a sus abogados.
Además, estuvieron los fiscales Alejandro Iturbide y Gustavo Stroppiana, mientras que los abogados querellantes de las víctimas son los mismos del primer juicio: Oscar Barrera, Sergio Salinas, Juan Dantiacq, Leandro Lanci y Lucas Lecour.
Al ser nueve las imputadas y contar con cerca de una decena de abogados defensores, se espera que este juicio sea igual o más extenso que el que tuvo condena en noviembre del año pasado. El primer proceso se extendió durante 4 meses. De hecho, la continuidad de la preliminar tendrá su reanudación el 12 de febrero.
Probables condenas
La acusación del Ministerio Público Fiscal contra las imputadas prevé más condenas a prisión. Por un lado, está la monja japonesa Kosaka, quien tiene siete imputaciones y entre las que se destacan algunas como autora de hechos y otras como partícipe (incluso está acusada de ser la "entregadora" de algunas víctimas para que fueran vejadas por Corbacho). La religiosa es la única de las imputadas que está en prisión (domiciliaria), por la que fue la única que ingresó ayer por la guardia policial de Tribunales.
En cuanto a Pascual, la mano derecha de Corradi tiene diversas imputaciones por participación primaria por omisión ya que se la acusa de no haber denunciado los hechos, aún teniendo conocimiento de los delitos que se cometían en el lugar. Y según lo denunciado por las víctimas durante la instrucción, y que también se desprende de las declaraciones del primer juicio, "la jefa" -como la llaman las víctimas- estaba al tanto de todo lo que ocurría en el instituto y sus albergues. E, incluso, amenazaba a los padres de los niños para que no hiciesen ninguna denuncia ante cualquier sospecha.
La monja Asunción también está imputada como partícipe primaria, al igual que las ex directoras, la psicóloga y la ex cocinera.
De acuerdo a la imputación con que han llegado a esta instancia, las mujeres podrían llegar a recibir condenas altas y similares a las de los autores (la máxima es de 50 años).
Por parte de la defensa, todo parece indicar que la estrategia apuntará a exculpar a las involucradas. O, en caso de que haya condena, sea por "encubrimiento". En este caso, las penas son menores. No obstante, esta misión no será fácil para los abogados defensores ya que cada vez que las imputadas que están o estuvieron cumpliendo prisión preventiva solicitaron el recupero de la libertad, la Justicia no hizo lugar al cambio de calificación.
Víctimas presentarán el caso ante la ONU
Un grupo de víctimas de los abusos en el Próvolo viajarán a mediados de febrero a Suiza e Italia a presentar el caso ante la ONU y para reunirse con sobrevivientes de abusos eclesiásticos de otros países.
La ONG Xumek -a la que pertenecen algunos de los abogados querellantes- acompañará a los jóvenes y participarán del encuentro también las organizaciones mundiales Ending Clergy Abuse (ECA) y Bishop Accountability, quienes luchan por el fin del abuso eclesiástico en todo el mundo
