El fiscal Sidoti secuestró más documentación en otro allanamiento en el Instituto Próvolo

La Policía realizó esta mañana un nuevo allanamiento en el Instituto Próvolo, una semana después de que se denunciaran casos de abuso sexual por parte de sacerdotes contra niños y adolescentes hipoacúsicos.

El fiscal Fabricio Sidoti, que investiga las hasta ahora 12 denuncias de presuntas víctimas de abusos sexuales en el Instituto de Luján, encabezó el operativo. Secuestraron nueva documentación que puede ser clave para la causa.

"Volvimos a buscar documentación porque el lugar es muy grande", dijo el fiscal.

Sidoti se centra en computadoras y otros dispositivos secuestrados el miércoles que serán analizados para saber si contienen material pornográfico y que se sumarán a revistas de contenido erótico y ropa interior encontradas en las habitaciones.

El fiscal también ordenó también investigar una denuncia realizada por un menor presuntamente abusado en 2008 en el Instituto pero que nunca avanzó en la Justicia.

“He pedido que de inmediato busquen esta denuncia para saber por qué no se investigó. Que cada uno de los que intervino deslinde sus responsabilidades, si puede”, dijo ayer ante la prensa el procurador general de la Suprema Corte, Alejandro Gullé.

El caso por "abuso sexual agravado y corrupción de menores", que es ya es noticia nacional e internacional, cuenta hasta ahora con 5 detenidos: los sacerdotes Nicolás Corradi (82), quien tenía acusaciones similares en Italia en los '80 y fue trasladado a Mendoza; y Horacio Corbacho (55); el monaguillo Jorge Bordón (55); el ex empleado del instituto José Luis Ojeda (41), quien es sordo; y el jardinero Armando Gómez, de 46 años. 

Mientras tanto, BishopAccoutability.org, un portal en internet sobre pederastia clerical, publicó que grupos italianos de sobrevivientes dijeron al Vaticano en 2008 y 2014 sobre Corradi y otros acusados de abusar sexualmente de niños en una escuela para sordomudos en Verona.

“Nos faltan las palabras. Es espantoso y doloroso que Corradi no haya sido frenado por el papa Francisco ni otras autoridades de la iglesia. La presencia de Corradi en la escuela en Mendoza no era un secreto”, dijo Anne Barrett Doyle, codirectora del portal.

Agregó: “Gracias a la apatía de la Iglesia, Corradi parece haber replicado exactamente la situación grotesca que disfrutó en Verona: una red de pederastas a cargo de niños completamente indefensos que no podían oír ni hablar”.

La Iglesia habló de los abusos y aplicó sanciones

El arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, brindó ayer una conferencia de prensa en la parroquia Sagrada Familia (Guaymallén) con el fin de defender la actuación de la institución local.

Frente a las cámaras y micrófonos, la cabeza de la Iglesia Católica mendocina describió ayer el sentir de la arquidiócesis como un dolor, indignación y vergüenza inmensos frente a los hechos aberrantes que hoy movilizan a toda la sociedad.

"Estamos avergonzados", fue la frase que resume sus palabras.

Antes de que Franzini respondiera las preguntas de la prensa, uno de sus voceros leyó un comunicado oficial  que giró en torno de tres ejes:  reafirmar el rechazo profundo de la Iglesia frente a los hechos de abuso; mostrar la intención de colaborar con la Justicia en las investigaciones correspondientes y abrir las puertas a las familias afectadas.

Pero además, las autoridades eclesiales volvieron a mencionar que nunca estuvieron en conocimiento de los antecedentes sobre denuncias por abuso sexual que pesaban sobre Nicolás Corradi en Verona (Italia), uno de los dos curas  imputados (junto a otros tres empleados del establecimiento educativo para niños y adolescentes hipoacúsicos).

En sintonía con el texto expresado en el documento, el arzobispo explicó que otra decisión que tomó fue quitar las licencias ministeriales a los sacerdotes apuntados.

Por otra parte, a partir de ahora, todos los sacerdotes (tanto los que lleguen a la provincia desde otros países como los que ya residen aquí) deberán presentar una declaración jurada en la que conste que no tienen antecedentes penales ni relacionados con adicciones.

La tarea de cotejar todos los datos estará a cargo de cada vicaría. “Con toda contundencia rechazamos cualquier acción de abuso contra menores y vulnerables o cualquier tipo de abuso, por considerarlo un grave delito humano, contrario a la fe y más aún cuando el abusador sea clérigo”, expresó Franzini.

Curas suspendidos

Otra decisión de la Iglesia en Mendoza fue suspender todas las actividades pastorales en el instituto e informar a las autoridades de la orden en Verona a cerca de los hechos que pesan sobre Corradi. En ese sentido, la decisión formal fue quitar al acusado los derechos canónicos.

“El Arzobispado no contaba con denuncia, situación o comentario que diera cuenta de que esto pudiera estar pasando. Cada congregación religiosa presenta al sacerdote y éste se hace cargo de presentarlo. Nadie nos vino a advertir de que esto pudiera estar pasando”, repitió Franzini para dar cuenta de que “en la Iglesia nadie quiere encubrir a nadie. Es una mentira decir que nosotros hemos querido tapar algo. Muy lejos de eso”, dijo el arzobispo, al tiempo que reconoció que ha sido una grave falla de la Iglesia el hecho de haber cambiado de lugar a un cura que cometió estos graves delitos en lugar de apartarlo.

Mencionó que la “tolerancia cero” respecto de los abusos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes en diferentes partes del mundo comenzó con el Papa Benedicto XVI y está siendo profundizada con el Papa Francisco.

Franzini también mencionó que ni bien conoció los casos se comunicó con el ex arzobispo de Mendoza, José María Arancibia, quien estaba al mando de la Iglesia local en 1998, cuando Corradi fue trasladado a la provincia: “Él -por Arancibia- fue quien me confirmó que no había antecedentes de ninguna clase conocidos por la Iglesia ni denunciados por nadie respecto de este cura.

“No faltó vigilancia al modo en que lo hace la Iglesia. Quizá haya que incorporar a nuestras prácticas para prevenir que estas situaciones se repitan”, dijo el prelado mendocino y descartó la intervención del Papa.

Madres de ex alumnos pidieron perpetua para los curas

Con el claro objetivo de que los detenidos paguen por el daño causado, las madres, padres y familiares de niños, niñas y adolescentes que asistían al Instituto Antonio Próvolo se convocaron en San Martín y Peatonal anoche en el marco de una concentración pacífica que reunió a unas 150 personas.

El pedido de justicia fue claro: “Queremos que los curas paguen por lo que hicieron, pero también necesitamos que los docentes y todo el personal dé la cara, porque alguien tiene que haber sabido lo que pasaba ahí adentro y a nosotros ni siquiera nos dejaban pasar; nos convencían de que todo iba bien”, dijo con indignación a viva voz una de las mamás de los ex alumnos de la institución educativa.

En los carteles se leían frases tendientes a concientizar a la sociedad para no se produzcan más abusos y que la Iglesia “se separe del Estado”.

Sobre la Peatonal, los presentes encendieron velas blancas como símbolo del dolor provocado a raíz de los abusos cometidos contra al menos 60 ex alumnos, según las denuncias dadas a conocer hasta el momento.

“Queremos cárcel y perpetua para los acusados”, gritaban las madres. Antonia Rojo fue una de ellas: “Mi hijo vino quebrado en junio pasado. Supuestamente se había caído pero nadie me quiso dar una explicación”, dijo la mujer entre lágrimas y confió que desde ese episodio nunca más envió a su hijo -que presenta una hipoacusia- al establecimiento.