El caso del abogado que asesinó con un arma de fuego a un cerrajero -quien transitaba por el lugar de manera ocasional- intentando defenderse de un asalto el pasado martes en Capital Federal reactivó un debate que nunca desaparece de escena, sino que se mantiene latente: el uso de armas de fuego en la sociedad (ya sea en manos de civiles o no).
Si bien no hay estadísticas oficiales precisas de la cantidad de armas vendidas y autorizaciones emitidas durante los últimos años en Mendoza ("es un número difícil de precisar, ya que en las cifras hay armas que tienen ya varios años y han sido re empadronadas recientemente", destacó el director del Repar, Fabián Moyano), tanto desde esa dependencia como desde el Renar y las armerías, reconocieron que se ha evidenciado que la gente compra menos armas de forma legal que antes.
No obstante, algunos armeros consultados reconocen que las armas que no se adquieren dentro del circuito oficial y con su debida autorización se consiguen en el mercado negro. "Siguen comprando la misma cantidad de armas que antes -o más-, pero lo hacen en el circuito ilegal", destacó el armero Aldo Chesi.
Menos ventas
"En Mendoza la venta de armas está regulada por tres actores fundamentales: Repar (registro provincial de armas), la delegación del Renar (nacional) y las armerías autorizadas y controladas. Desde el Repar lo que más se registra son las inscripciones y reempadronamiento de permisos para armas viejas que cambian de dueños", indicó Moyano, quien resaltó que al menos en esa repartición se evidencia una baja en el registro de armas nuevas.
"Cada arma que sale al mercado debe tener su identificación (la tarjeta que la personaliza). Además, quien la usa debe tener la CLU (Credencial de Licencia de Uso). En tanto, existe otro permiso que es el de portación, aunque éste es restrictivo y sólo se le otorga al personal de las fuerzas de seguridad -en actividad o retirado-, no a civiles. Este permiso faculta al portador a llevarla preparada para su uso inmediato en un lugar público o de acceso al público", destacó Moyano.
De esta manera, un ciudadano civil puede tener permiso de tenencia y de uso, pero no de portación. Todo esto se encuentra establecido en la ley nacional 20.429, regulado por el decreto 395/76, la cual no fija un máximo de armas que se pueden autorizar para un ciudadano.
La misma normativa fija los distintos tipos de arma, así como también sus limitaciones. Los calibres pequeños se consideran armas civiles, mientras que también están las civiles convencionales -aquí entran los calibres gruesos y las escopetas-. En tanto, las armas de guerra (calibre superior a 38 y las 9 milímetros) también están restringidas en su tenencia sólo para uso de los miembros de las fuerzas de seguridad, y que son aquellos que están facultados a portarlas también.
"Es necesario tener un CLU para armas de guerra. Es como el conductor de taxi o de micros, al que se le exige el carnet profesional y con el particular no puede manejar estos vehículos", indicó Moyano.
El funcionario destacó que comparando con 2004 -época en la que también integró el registro-, ya no se observa tanto interés de la gente por las armas. "Se nota que la gente ya no compra tantas armas, al menos en proporción con el crecimiento poblacional y de la inseguridad. Antes teníamos esos casos de personas que eran asaltadas y, fruto de la impotencia, salían y compraban un arma. Ahora no se ven mucho estas situaciones, no se ve un incremento".
Asimismo, el funcionario indicó que el rol del vendedor de armas es fundamental, ya que es el "primer psicólogo" del comprador potencial. "Quien ha sido víctima de un episodio suele llegar desesperado para llevarse el arma en el acto. Es el armero quien lo aconseja del lado humano, dejando de lado la parte comercial. Muchas veces en el tiempo que pasa entre que la persona pide la autorización e inicia el trámite y finalmente se le da el permiso, quien quería comprar cambia de parecer y no la lleva", agregó.
Martín Appiolaza es miembro del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Especializado en la temática, ha sido parte de los programas de desarme más importantes que se han celebrado en Mendoza y que tuvieron repercusión nacional. "Hace 15 años comenzamos a discutir el tema en Mendoza.
Generalmente, es una porción menor de la sociedad la que considera como algo útil y seguro tener un arma, mientras que la mayoría es consciente de que es un peligro mayor tener un arma. Esto es algo que lo demuestran las propias estadísticas: aquellos que tienen y usan armas sin saber hacerlo son los desencadenantes de los casos que terminan en tragedia", destacó Appiolaza.
Para el especialista, abundan anécdotas que demuestran que las armas en manos no preparadas son un problema. Incluso, resaltó que también son un riesgo en manos preparadas, como ocurrió en el caso mencionado al principio de esta nota.
"Las estadísticas también hablan. Está comprobado que la posibilidad de sobrevivir cuando uno se defiende con un arma ante un ataque de otra persona armada es 12 veces menor", especificó.
Otra problemática contra la que las autoridades deben (o deberían) luchar es el fácil acceso a las municiones. "La venta de armas puede disminuir, pero no la de municiones. Actualmente el Renar está controlando y persiguiendo a armerías que son cómplices y venden más municiones de las permitidas (se autorizan 1.000 por arma).
Esto genera mercado negro. A eso se le suma que el principal proveedor de armas ilegales y municiones sigue siendo el Estado, por medio del mal control y registro de armas oficiales. Permanentemente hay fuga de municiones de arsenales de las fuerzas de seguridad", indicó el director de Prevención y Derechos Humanos de Godoy Cruz. "Tener un arma implica un riesgo real de muerte", sintetizó Appiolaza.
Lobby mundial
Appiolaza destacó el programa de desarme que se inició en 2001 en el país, que trascendió las gestiones y que aún continúa vigente. "Es una política de Estado que inició De la Rúa con la decisión firme de controlar la venta de armas. Veníamos de un presidente que terminó preso por la venta ilegal. Kirchner impulsó un proyecto de ley y encabezó el plan nacional de desarme que se mantuvo todos estos años, con el apoyo de la oposición. Esto es algo que se mantiene hasta la fecha.
Sigue habiendo un control muy estricto para la venta de armas", sintetizó Appiolaza, quien sostuvo que el énfasis ahora se está poniendo en el control de las armas ya existentes. A nivel mundial, el lobby para fomentar esta industria resulta alarmante.
"En Estados Unidos el acceso a las armas de fuego es más simple, y cada tanto hay una masacre. No sorprende que los miembros y autoridades de la Asociación Nacional del Rifle (NRA en inglés) haga lobby en favor de los fabricantes y usuarios de armas y abogue por el libre acceso a las armas. Además, coopera con los candidatos a presidente de Estados Unidos. Hay subsidios hasta para películas que buscan fomentar el uso de armas", agregó.
El especialista dejó un mensaje para aquellas personas que consideran que teniendo un arma están más resguardadas ante un episodio de inseguridad. "Esas personas deberían leer el diario y ver quiénes son generalmente los que mueren en estos casos (terminan siendo quienes quisieron defenderse). Nadie se salva solo, y menos por la violencia", sintetizó Appiolaza.
"Mendoza tenía 30 armerías, hoy quedan 4"
Aldo Chesi, propietario de la armería El Tirolés, se ha caracterizado por su enérgica y mediática defensa del uso de armas de fuego de forma legal, aclarando que en su posición deja de lado su función de comerciante.
"Los principales favorecidos cuando se prohíbe la venta de armas son los traficantes. En países en los que se han prohibido, ha crecido de forma desmedida el mercado negro ya que la gente no deja de comprar armas sino que lo hace ilegalmente", indicó Chesi, quien resaltó que esta realidad es sabida por quienes militan estas campañas. Para graficar esta situación, indicó que de 10 armas que la gente lleva a su local para ser arregladas, sólo 2 vienen con papeles.
"Las otras 8 las rechazamos. No podemos poner en condiciones un arma que es ilegal. La excusa de 'es que era de mi abuelo' es la que más he escuchado", indicó.
Agregó: "Se parte de una falacia escandalosa que sostiene que 'todas las armas ilegales, en algún momento fueron legales'. Entonces es reconocer que como no se sabe dónde están las ilegales, vamos a prohibir las legales también. Prohibamos los autos también, ya que los delincuentes los usan para sus asaltos", agregó con ironía Chesi.
"Ha bajado el consumo de armas autorizadas en la gente, y en eso tiene que ver que el Renar ha hecho todo más caro y burocrático a propósito. Hace 10 años, Mendoza tenía 30 armerías y hoy quedan sólo 4".
