No será la mejor noticia para la salud auditiva de los lasherinos, que debieron soportar otra ruidosa caravana de 100 camiones ayer, pero es lo que hay.
Sucede que después de salir como entraron al edificio de la Municipalidad de Las Heras para destrabar el conflicto en torno al proyecto del Centro de Servicios al Camionero en Uspallata, directivos de Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones) prometieron repetir el "camionazo” una vez por semana hasta que logren su cometido: no pagar por el pesaje y la desinfección de las cargas que entren al complejo.
La premisa fue, de acuerdo a lo discutido 48 horas antes en la sede de la Cámara empresaria con el director de Asuntos Legales de la comuna, Mariano Domínguez, trabajar en una “enmienda” del convenio de concesión para la construcción y operación del complejo, adjudicado a una UTE que lidera Alfredo Vila.
Para los empresarios, incluir un párrafo que aclare la “no obligatoriedad” de servicios arancelados como el pesaje de cargas ($ 110 en valor actual de Unidades Tributarias) y la desinfección de productos (otros $ 262), que hoy ejecutan Vialidad e Iscamen; para la comuna, requiere de una addenda al convenio de adjudicación del proyecto, pero con anuencia de la UTE por ser un contrato firmado.
Ayer, ni Domínguez ni el intendente Rubén Miranda atendieron a los directivos que iban en busca de alguna novedad sobre la modificación de la cláusula 5 del convenio entre Las Heras y Dorisol y Cía., la misma que fija 5% de canon al poder concedente.
“No nos recibieron pero vamos a volver todos los jueves hasta que se aclare por escrito que esos servicios no van a ser obligatorios. Es todo lo que queremos. Por lo demás, estamos de acuerdo con que se haga el proyecto si apunta a mejorar la infraestructura existente para los transportistas”, enfatizó Guido Calzetti, presidente de Aprocam, antes de que el centenar de camiones se desconcentrara a los bocinazos.
Por su convocatoria, la protesta (la tercera en menos de dos meses) superó a las anteriores. Los camiones ocuparon la calzada incluso una cuadra después de la sede comunal.
Más allá del resultado de la víspera, que pareció molestar más a los protestantes y los propios transeúntes y automovilistas, la acción estuvo precedida por una nota de Agetich (Asociación Gremial de Entidades de Transporte Internacional de Chile), en la cual pidió a Miranda que deje sin efecto el proyecto.
La respuesta oficial nunca llegó. Desde el municipio señalaron que tampoco harían declaraciones, escudándose en la veda electoral. Es que a poco de concentrarse los camiones alrededor de la plaza Marcos Burgos, el intendente planteó desde su cuenta de Twitter que era una protesta con “intencionalidad política”, en referencia a que tras la reunión del martes en Aprocam hubo otra con referentes del equipo del gobernador electo, Alfredo Cornejo, donde se “cocinó” la nueva protesta.
Hubo fuego cruzado. A la pirotecnia verbal de los transportistas, disconformes con que el poder concedente del proyecto de $ 23 millones en Uspallata no modifique per se el convenio, desde la comuna, en off (prometen dar su versión del conflicto tras los comicios), aseguraron que el fastidio por la protesta es tal que “todo lo hablado, incluso la enmienda, puede volver a fojas 0”.
Para Chile: "ilegal e inviable"
La nota que (según anticipó Los Andes) Agetich dirigió a Miranda y que ingresó por mesa de entradas ayer, plantea condiciones irregulares en las que se ejecutaría el proyecto, según los términos del convenio de adjudicación, por lo que pide que se "deje sin efecto".
En la misma, el sector transportista trasandino considera “ilegal e inviable” instalar el complejo “en carácter obligatorio, más aún teniendo en cuenta el costo”. Advierte sobre las probables consecuencias legales de mantenerlo en esos términos.
“De ser así, no nos quedará más alternativa que denunciar ante la Aladi, el organismo internacional que vela por el fiel cumplimiento del ATIT (Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre), como también ante el órgano aplicador del convenio en Argentina, la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT)”.
Causas probables de rescisión
Al menos dos pedidos de informes, a partir de una acción de inconstitucionalidad interpuesta en su momento por Aprocam contra la Provincia, están desde esta semana en manos de la Fiscalía de Estado. Pero los abogados del área también deberán analizar si la falta de convenios de Dorisol con AFIP, Aduanas y Senasa para asumir el cobro de servicios puede resultar en causal de rescisión del contrato.
La cláusula 6 del convenio que adjudica el proyecto a Dorisol- Mercosur- EAG dice: “Se prevé que en el término de 6 meses de la firma del contrato, el concedente celebre los acuerdos necesarios con el Estado nacional, provincial, AFIP, organismos sanitarios y demás entes con competencia y jurisdicción en lo referente a tránsito de vehículos de carga, control sanitario, aduanero y demás, y promueva el dictado de la normativa municipal, provincial y nacional a los efectos de procurar la prestación a cargo del CISC (Centro Integral de Servicios al Camionero) de los servicios obligatorios para todos los vehículos de carga que transiten hacia y desde Chile”.
Además de analizar la información general, en la fiscalía deben observar una cuestión clave: la fecha de firma de contrato, a partir de la cual corre el plazo de 6 meses. En caso de no cumplirse, la concesión podría darse por caída.
"Somos víctimas de una extorsión"
Pese al silencio autoimpuesto amparándose en la veda, el jefe de gabinete de Las Heras, Daniel Urquiza, se despachó contra la protesta de los camioneros a través de Facebook.
"Tercera manifestación en Las Heras, después del resultado de la elecciones Paso de agosto. No es casual que a dos días de las elecciones se vuelvan a manifestar. Hemos propuesto cambios que los benefician. Así y todo vuelven a romper el diálogo avalados por intereses políticos que se suman a intereses económicos”, posteó el funcionario.
Entre otras descargas, aludió a la necesidad de ordenar el tráfico de camiones y la estadía de choferes durante los días de corte del Paso Internacional.
En tanto, vía twitter, el intendente Miranda y su hermano Fabián también se descargaron contra la protesta -a la que calificaron de “política”- y los dirigentes de Aprocam.
