La oficialización por parte de Eugenio Zaffaroni de su anunciado alejamiento de la Corte Suprema reabrió ayer la presión para que la misma decisión adopte el decano del máximo tribunal, Carlos Fayt.
La eventual renuncia del nonagenario Fayt y la ahora confirmada salida de Zaffaroni, el 1 de enero próximo, dejarían a la Corte con tres miembros (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y el cordobés Juan Carlos Maqueda), dos menos que los que prevé la ley sancionada en 2006, propuesta por la entonces senadora Cristina Fernández.
De ese modo, al tener que proponer a dos candidatos a ocupar los lugares de Zaffaroni y eventualmente de Fayt, el Gobierno nacional podría contar con un margen de negociación política con la oposición para lograr el voto de los dos tercios del Senado requeridos para la confirmación.
Las renovadas presiones políticas sobre Fayt, que el 1 de febrero próximo cumplirá 97 años, provinieron ayer del mismísimo Zaffaroni, el ministro de la Corte más identificado con el gobierno de Cristina Fernández, como del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, también próximo al oficialismo.
En su carta de renuncia que le envió ayer a la Presidenta (la jefa de Estado se la aceptó por la tarde mediante un decreto y le agradeció “los valiosos servicios prestados”), Zaffaroni hizo alusión a “razones éticas” para formalizar su alejamiento, aunque el motivo principal de su dimisión hayan sido “ineludibles razones normativas”: el hecho de que el 7 de enero próximo cumplirá 75 años, edad límite para ocupar esa función, según lo que establece el párrafo tercero del inciso 4º del artículo 99 de la Constitución de 1994.
“Secundariamente, pesa en mi decisión la idea de que la vitalicidad de los funcionarios de la Constitución, si bien excepcional, siempre es más adecuada a los sistemas monárquicos y, por ende, menos compatible con los principios republicanos”, subrayó en su carta Zaffaroni.
El destinatario de ese párrafo no es otro que Fayt, quien ha dejado en claro más de una vez que, pese a su edad, no está dispuesto a renunciar por haber sido designado en 1983, antes de la reforma constitucional que hace 20 años estableció la edad límite en 75. Aún más: en 1999, cuando tenía 76, Fayt logró eludir la obligación de dar un paso al costado gracias a una acordada de la propia Corte.
“Voy a seguir un tiempo más, no sé cuánto”, ratificó Fayt el 13 de octubre pasado, después de que el oficialismo arreciara sus presiones para que se retirara, tras el fallecimiento el día anterior de Enrique Petracchi, que siguió al de Carmen Argibay, en mayo pasado, con lo que la Corte pasó de siete a cinco ministros.
En la misma línea que Zaffaroni, aunque con todas las letras, el constitucionalista Barcesat arremetió una vez más ayer sobre el veterano integrante del máximo tribunal. Calificó de “disparate jurídico” la acción de amparo que en su momento presentó Fayt en la que argumentó haber llegado a la Corte antes de la reforma de 1994 para justificar su continuidad en el cargo a pesar de su avanzada edad.
Barcesat también insistió, en declaraciones a Télam, en lo que había dicho tras la muerte de Petracchi a raíz de afirmaciones que tras el funeral hizo el presidente de la Corte, Lorenzetti, cuando afirmó que el máximo tribunal puede funcionar normalmente con cuatro y hasta con tres miembros.
“Es una hipótesis descarada”, dijo ayer el constitucionalista cercano al Gobierno, antes de defender la facultad del Ejecutivo de postular a candidatos a ocupar los lugares vacantes.
Durante las últimas tres semanas, desde que quedó con cinco miembros, la Corte aprobó cada martes (con el voto de Lorenzetti, Maqueda, Fayt y en algún caso también de Highton de Nolasco) acordadas adversas a las pretensiones del Gobierno.
“Son señales fuertes”, dijo a este diario una fuente del cuarto piso del Palacio de los Tribunales. “Pero lo cierto es que no nos sentimos protegidos para resolver en otros fallos importantes (adversos al Gobierno) por parte de otros poderes institucionales (la oposición legislativa). Tampoco será cómodo funcionar con cuatro miembros”.
La prevención en la Corte es que el radicalismo (“siempre afecto a la rosca”, graficó la fuente) termine por acceder a una negociación con el oficialismo en caso de que el Gobierno impulse una ampliación de los miembros del tribunal (llevarla a siete, como lo hizo el menemismo cuando luego contó con una “mayoría automática”), lo que le permitiría un margen de acuerdo político que no tendría si se tratara de llenar una o dos vacantes, como serían la de Zaffaroni y la eventual también de Fayt.
Pero en fuentes oficialistas del Senado, la cámara encargada de aprobar la postulación del candidato propuesto por el Ejecutivo con los dos tercios necesarios, descartan una negociación con el radicalismo. “No pueden negociar ni decidir nada porque cuando lo intentan los corren por derecha o por izquierda”, dijeron a este diario.
Después de haber instalado el debate sobre las vacancias en la Corte tras la muerte de Petracchi, el Gobierno no parece tener una estrategia definida: si conservar el número de cinco miembros, postulando a él o los remplazantes, o impulsar su ampliación a siete y hasta nueve integrantes, por medio de una ley para la que necesita mayoría simple en el Senado.
Si la Presidenta tiene resuelto el camino a seguir es algo que se desconoce. Por lo pronto, públicamente están las opiniones de funcionarios, en alguna medida dispares.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Justicia, Julio Alak, se mostraron partidarios de la ley que prevé cinco jueces y aseguraron que la vacante (de Zaffaroni) será cubierta el año que viene, mientras que el influyente vice de Justicia, Julián Álvarez, dejó abierta la posibilidad de ampliar el número a siete, con el argumento de que con esa cantidad el máximo tribunal tuvo un buen funcionamiento durante la década de gobierno kirchnerista.
Hasta opositores como Ernesto Sanz, Margarita Stolbizer y Federico Pinedo se pronunciaron a favor de una Corte con más de cinco miembros durante el debate que en 2006 fijó ese número.
