Alfredo Cornejo dio marcha atrás a una medida de Francisco Pérez y eliminó de su sueldo los ítems de “antigüedad y título”, que, en su caso, por tener más años en la función pública que su antecesor, aumentaban en un 20% su haber.
El porcentaje representaba $ 10 mil más en cada mensualidad, suba que llevaba el salario de 54 a 64 mil pesos en mano. La modificación fue enviada en forma de proyecto de ley ayer, y, en un tratamiento exprés, el texto logró la media sanción del Senado. Hoy Diputados lo convertirá en ley.
Si bien el pedido del Gobernador puede entenderse dentro de su prédica de la austeridad, el hecho cobra más significado si se mira hacia abajo. Y es que, enganchado a su sueldo, está el resto de la clase política.
Es decir, si Cornejo ganaba el 20 por ciento más, todos los que están anclados a su sueldo, iban a ver incrementados sus salarios, cifra que ayer no podían calcular pero que incrementaba considerablemente el gasto público en tiempos de “vacas flacas”.
El proyecto en cuestión fue aprobado por toda la Cámara alta (excepto los dos senadores del FIT, que se abstuvieron) y, básicamente, dio marcha atrás con el artículo 26 de la ley 5.811 (de Licencias y Remuneraciones), que introdujo en su momento Pérez, considerando que el gobernador debe ganar por antigüedad y título.
En cambio, el sueldo ahora se compondrá por un ítem fijo y no variables (en función de los años en la Administración Pública), que consistirá en “dos clases 13 del escalafón general, más el 60 por ciento de dicho concepto, en carácter de compensación funcional por mayor erogación, que origina el efectivo desempeño de la función y que tendrá todo carácter remunerativo”.
Este cambio de artículo en la ley en los hechos deja todo igual, aunque cambia algunas discusiones que vienen detrás del sueldo del Gobernador. Por un lado, Cornejo va a ganar lo mismo que percibía Pérez: entre 52 y 54 mil pesos en mano, es decir, $ 74 mil en bruto (si se efectuaba el aumento, se incrementaba a $ 84 mil). Esto es así porque 60% que se agrega equivale a lo que ganaba Pérez en concepto de antigüedad y título.
A su vez, los enganchados también verán restringidas las subas correspondientes. Estos son la vicegobernadora Laura Montero, que cobra el 98% del sueldo de Cornejo, los ministros, secretarios del Ejecutivo y el director general de Escuelas, que perciben el 94% del gobernador, y los subsecretarios, que ganan el 90%.
A su vez, ciertas dependencias también están ancladas al sueldo del mandatario, al igual que algunos intendentes; se calcula que la mitad de las comunas están sujetas a las subas del gobernador y no a las paritarias). En este caso, los concejales, indirectamente, también se ven beneficiados, ya que están enganchados a lo que gana el intendente.
Pero por otro lado, dentro de lo que cambia, la eliminación de los ítems que Pérez le puso a su salario deja sin efecto uno de los argumentos que los gremios utilizaron en el contexto de las discusiones por el tope salarial. La ley 8.727 fija que nadie en el Estado puede ganar más que el gobernador.
Esta medida fue recurrida ante la Suprema Corte de Justicia, que la declaró inconstitucional. En las denuncias que hacían, se señalaba que no había objetividad ya que, en función de la experiencia de los eventuales mandatarios, los sueldos podrían subir o bajar, y esto limitaría los techos de los estatales.
Sobre esto, el texto que hoy tendrá la sanción definitiva aclara que apunta a “la necesidad de lograr una pauta estable y objetiva que fije dicho salario, no sólo por ser ello de mejor técnica legislativa, sino porque a la vez es la vara de medida del resto de los emolumentos (sueldos) de los empleados de la Administración Pública”.
