Se insiste: más riego en los espacios verdes

Hay obras públicas que son bienvenidas en la Capital, pero ninguna debería afectar el riego del arbolado, como ocurre en algunos casos.

Se insiste: más riego en los espacios verdes
Se insiste: más riego en los espacios verdes

Hay instituciones, profesionales de la agronomía y simples ciudadanos que no decaen en la lucha constante por una esmerada gestión en la conservación del arbolado público y los espacios verdes. En una palabra, que se mantenga ese patrimonio que nos rodea en su mejor expresión vegetativa, brindando sus preciados beneficios ambientales.

Esa militancia se basa en que a pesar de que todavía el bosque define y caracteriza a nuestra ciudad y sus alrededores, los distintos maltratos que reciben los árboles, talas irresponsables, podas mal hechas y la falta de riego adecuado, son factores que conspiran contra la vida de los distintos ejemplares que tenemos en calles, rutas, plazas, paseos y parques.

La constante pérdida de árboles pone bajo severo riesgo los maravillosos resultados del proceso de fotosíntesis que absorbe gases tóxicos, como el anhídrido carbónico (CO2) producido por los combustibles fósiles. También con menos árboles se incrementa el efecto de calentamiento urbano (isla de calor) al aumentar las superficies sin sombra y se requieren mayores gastos energéticos (aire acondicionado).

Debido a esa lucha constante de las ONGs y de no pocos particulares, y también porque en el Gobierno hay una cierta conciencia del valor del árbol como "servicio ambiental", aunque no se extreme su cuidado, es que todavía podemos apreciar y beneficiarnos con la sombra reparadora de miles de ejemplares que subsisten pese a que no siempre reciben las condiciones adecuadas.

Es posible observar que hay descuidos y notorios retrasos, en algunos casos como consecuencia de obras públicas que la ciudadanía agradece y con las que se beneficiará, pero que no deberían perjudicar al valioso aliado vegetal dañando sus raíces, impermeabilizando las acequias o simplemente erradicándolos.

Por eso la prédica y la apelación de organismos privados o de simples ciudadanos a las direcciones de Recursos Naturales y Renovables y de Parques y Paseos Públicos del Gobierno de Mendoza, o a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para que se concrete de manera urgente e inmediata un riego más eficiente de los espacios verdes y de todo el arbolado en sitios tan tradicionales y emblemáticos como el Parque General San Martín, el Cerro de la Gloria y el Parque Cívico de la capital. Es más, en este último espacio -el que circunda a la Casa de Gobierno- se han impermeabilizado acequias sin atender los preceptos de la ley 7874 (Régimen de preservación y control del arbolado público), en claro desmedro de la suficiente disponibilidad del líquido vital para los forestales.

Organizaciones de carácter civil y profesionales están conformes, a grandes rasgos, con los emprendimientos llevados a cabo en distintos lugares de la ciudad, pero señalan que se ha afectado el indispensable riego de los forestales y prados existentes. Esa situación traerá inevitablemente consecuencias en el mediano plazo: deterioro forestal y la consiguiente pérdida de calidad ambiental.

Estas posiciones y reclamos guardan relación con los informes anuales del Consejo Asesor del Arbolado Público, de los años 2015, 2016 y 2017, que fueron remarcando el progresivo deterioro del patrimonio arbóreo o forestal mendocino.

Entonces, y como hemos insistido en otras oportunidades, los organismos que tienen que velar por la salud y vida armónica del árbol deben actuar con rapidez. No se trata de poner a nadie en la picota, pero es una realidad que nos atañe a todos los ciudadanos, y sólo puede ser atendida por las reparticiones competentes. En el caso que nos ocupa son las ya nombradas direcciones de Recursos Naturales y de Parques y Paseos Públicos del Gobierno provincial, la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de la Ciudad que por ley tienen la obligación inexcusable de proteger los recursos naturales de Mendoza con una función social y sustentable en términos ambientales, reforzando el papel del Estado como ordenador, regulador y promotor del bien común. Nada más alejado de este paradigma de buenos propósitos es la realidad actual, en la que asistimos al riesgo de que se seque nuestra riqueza vegetal.

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