Pasadas las 10 de la mañana de ayer dio comienzo en San Rafael el más grande juicio (hay 26 acusados) que por delitos de lesa humanidad ocurridos desde los últimos meses de democracia en 1976 y durante toda la dictadura militar, se sustancia en ese departamento.
Este es el cuarto proceso de estas características en Mendoza y segundo en el Sur provincial. En el primero de ellos desarrollado en San Rafael en 2010 fueron condenados cuatro ex militares y ex policías que actualmente cumplen sus condenas y algunos ahora afrontan también acusaciones en este juicio. Los cargos van desde desapariciones forzadas de personas, torturas físicas y psíquicas, detenciones ilegales, etcétera.
Tras dar formal inicio al proceso, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el 10 de febrero de 2015.
El proceso
En este juicio que comenzó a ventilarse hay 26 acusados de por lo menos 61 hechos que perjudicaron a 73 personas, varias de ellas aún hoy desaparecidas y otras con secuelas de lo padecido durante sus detenciones, según consta en la acusación que se escuchó durante una larga jornada que se prolongó casi hasta la noche con un cuarto intermedio desde las 15 hasta las 16.
De esas 26 personas, 15 están detenidas, 7 con prisión domiciliaria y 4 en libertad. Varios de ellos, 18 en total, estuvieron presentes mientras que el resto presenció la sesión por teleconferencia desde sus lugares de detención en el penal de Ezeiza en Buenos Aires y San Felipe, Mendoza, como ha sido habitual en estos juicios.
Ayer el ministerio fiscal a cargo de Pablo Garcíarena y Dante Vega leyó ante el Tribunal presidido por la doctora Fátima Ruiz López (de Buenos Aires) e integrado también por los doctores Pablo Lacaba (La Pampa) y Héctor Cortez (Mendoza) un resumen de las acusaciones e hizo, al igual que la defensa, la presentación de “ajustes de apreciaciones legales”.
La Fiscalía también pidió la revocación de la prisión domiciliaria de uno de los procesados, Pierino David Masaccessi, por lo que considera “gravedad de los hechos que se le adjudican” y su encuadramiento en la figura de “criminis causa”.
En la continuidad del juicio en febrero del año próximo se prevé declaren más de 200 testigos por lo que se estima durará alrededor de 6 meses teniendo en cuenta que sólo habrá debates dos días a la semana.
Sin incidentes
Al amplio salón del Centro de Congresos de San Rafael ubicado en el Parque Perón (conocido también como Norte) accedieron más de 300 personas entre familiares de los procesados y de víctimas de los delitos que se les adjudica.
Desde muy temprano se concentraron en las inmediaciones de la sala de debates una gran cantidad de militantes de organizaciones de derechos humanos, partidos políticos de izquierda, organizaciones políticas juveniles como la JP y La Cámpora y de la organización Hijos.
También se observó un gran despliegue de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Policía de Mendoza. El ingreso de las personas al recinto de debate fue estrictamente controlado a través de documento personal por la Policía Federal que asentó en un registro uno por uno a los asistentes.
En el local se estableció un sector de sillas destinadas a familiares de los acusados y otro para los parientes de desaparecidos o detenidos y torturados durante las detenciones. También ahí, cada dos cabeceras de fila, fue dispuesto un gendarme al igual que en los accesos a la sala.
En el interior no se produjeron situaciones que tensaran el ambiente aunque en las afueras se realizaron algunas manifestaciones de ambos sectores que “el ministerio fiscal” consideró, durante su exposición, como “inadecuadas”. Estas expresiones, aunque vistas desde el otro extremo, también fueron rechazadas por la defensa.
