Hoy empieza el juicio oral por la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica, en el que el exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou figura como uno de los principales acusados, en su caso, por cohecho (“coimas”, en la traducción de la jerga judicial) y negociaciones incompatibles con la función pública. Este proceso correrá en paralelo con el juicio oral iniciado la semana pasada, en el que se intenta determinar la responsabilidad de Julio De Vido en la llamada “Tragedia del Once”.
Según el cronograma judicial, todos los martes habrá audiencia por el “Caso Ciccone” y todos los miércoles el exministro de Planificación deberá asistir a las audiencias por la tragedia ferroviaria. Pero hay más: De Vido también deberá pasar hoy por los tribunales para ser indagado en una causa que investiga presuntos delitos en la compra de gas licuado (GNL).
Y se iniciarán pasado mañana las indagatorias por la causa "Hotesur", la empresa hotelera de la familia Kirchner. A veinte días de las elecciones nacionales legislativas, Comodoro Py se instala como un polo de atención político-judicial.
Bodou, al banquillo
El juicio del caso Ciccone quedó firme para arrancar hoy, después de que la justicia le negara a Boudou un pedido para postergar el inicio de las audiencias, hasta tanto avance la causa en la que se lo investiga por el pago de una deuda de la provincia de Formosa. En esta causa también figura el fondo de inversión The Old Fund, otro protagonista del caso Ciccone.
Son seis los acusados en la venta de la imprenta especializada en papel moneda y documentos públicos. A Boudou, dijo la justicia, “se le imputó que, como funcionario público, adquirió a través de la firma The Old Fund el 70% de la firma Ciccone Calcográfica SA, de parte de Nicolás Ciccone y Héctor Ciccone (ya fallecido), a cambio de realizar actos necesarios para salvar a la empresa que se encontraba quebrada”.
“Para ello requirió la colaboración de (su amigo) José Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele (titular de The Old Fund), Rafael Resnick Brenner (funcionario de AFIP) y Guido Forcieri (funcionario de Economía). Cada uno de ellos cumplió un rol específico en la maniobra”, acusó en su momento el fiscal Jorge Di Lello.
El plan -para la acusación- incluía el levantamiento de la quiebra, la compra de la imprenta por medio de una pantalla como The Old Fund y luego, la obtención de un certificado que la habilite a ser contratada por el Estado Nacional.
En su declaración indagatoria, Boudou negó conocer a los Ciccone y a Vandenbroele. Dijo que nunca ejerció influencia para levantar la quiebra de la imprenta. Admitió saber, no obstante, que su amigo Núñez Carmona conocía a Vandenbroele. Según Boudou, hay pruebas suficientes que hablan de un negocio entre la familia Ciccone y la empresa que dirigía Vandenbroele (The Old Fund) para sacar de la quiebra a la imprenta, proceso en el que, afirma, no tuvo nada que ver.
La imputación por negociaciones incompatibles con la función pública, contempla penas de uno a seis años de prisión.
Con esta causa, será la segunda vez en el año que Boudou afronte un juicio oral. Hace poco, el exvicepresidente fue absuelto, al prescribir la causa en la que se lo acusaba de falsear papeles de un automóvil de su propiedad.
De Vido, más complicado
Hoy se espera que a las 9.30, los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, del Tribunal Oral Federal 4, den inicio a las audiencias, que transcurrirán en la misma sala que al día siguiente verá sentado a De Vido por la tragedia del Once.
El diputado nacional y exministro tendrá, además, que declarar hoy en una causa que investiga compras de gas natural licuado. Ayer, fue indagado su segundo en el ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, que cumplía funciones como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión.
En el juzgado de Claudio Bonadio, Baratta presentó un escrito pero también respondió preguntas del fiscal Carlos Stornelli, y cuestionó un estudio de precios que figura en el expediente porque “está mal realizado y compara con parámetros que no corresponden”. Indicó que se tomaba como “precio de referencia el valor del gas del gasoducto”, que es diferente al precio del GNL.
La causa investiga supuestos sobreprecios en la compra de GNL entre 2008 y 2015. Baratta expuso que un trabajo de la Auditoría General de la Nación (AGN, organismo de control que pertenece al Congreso), que abarcó el período 2008 a 2010, no se le realizó un llamado de atención a su desempeño.
El juez Bonadio entiende que durante los gobiernos kirchneristas se pagaron unos 7 mil millones de dólares en sobreprecios, por la compra de 500 embarcos de GNL, destinados al abastecimiento de plantas de Bahía Blanca y Escobar, provincia de Buenos Aires.
Se entregó Homs, el supuesto testaferro del "Pata" Medina
El supuesto testaferro del detenido líder de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, se entregó ayer a la justicia federal de Quilmes y mañana será indagado, según confirmaron fuentes judiciales.
Se trata de Juan Horacio Homs, dueño de la empresa Abril Catering S.A., que habría sido utilizada por el dirigente gremial investigado para realizar las maniobras de lavado de dinero que se le atribuyen.
Homs se entregó al mediodía ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien investiga a Medina por extorsión, lavado de dinero y asociación ilícita; mientras que la directora de Abril Catering S.A., Liliana Frontán, sigue prófuga.
La investigación que alcanza a Medina, Homs y Frontán, entre otros, se inició en agosto pasado luego de que la fiscal de Quilmes Silvia Cavallo diera impulso a una denuncia que había recaído ante el juez Armella. En la denuncia se señala que Homs y Frontán “habían incrementado desproporcionadamente su patrimonio en los últimos años, mediante la realización de actividades de intermediación financiera, de compra de cheques y descuento de cheques, por montos cercanos a los 24 millones de pesos, utilizando para ello la empresa denominada Abril Catering S.A.”.
La denuncia, que alcanzaba también a María Fabiola García, pareja del “Pata” Medina, sostenía que Homs y Frontán “habrían canalizado dinero ilícito proveniente de sus actividades financieras y de maniobras extorsivas” llevadas a cabo por el gremialista a empresas constructoras.
En el mismo texto se detallaba que Abril Catering S.A. “sería titular de al menos cuarenta (40) vehículos de alta gama, camiones utilitarios, incluida una aeronave y un barco, que no se condicen con el giro de negocios declarados por la sociedad”.
Medina fue detenido hace una semana, luego de atrincherarse en la sede del gremio por más de 8 horas, mientras se realizaban allanamientos en propiedades vinculadas al gremialista, en el que las fuerzas de seguridad incautaron documentación, teléfonos, autos, camionetas y dinero.
Télam
