La prohibición de propaganda y reuniones políticas, además de una drástica ley seca, comenzaron a regir este jueves en Bolivia, en el umbral de las elecciones generales del domingo, en las que 5,9 millones de bolivianos están convocados para renovar la presidencia y el Congreso bicameral.
Las nueve gobernaciones departamentales de Bolivia expidieron sendos 'autos de buen gobierno', que limitan temporalmente algunos derechos ciudadanos y que se hacen más rigurosas a medida que se acercan los comicios.
El Tribunal Supremo Electoral, máxima instancia que rige el plebiscito, prohibió a los medios difundir "actos relacionados con las organizaciones políticas y sus candidatos, bajo conminatoria de aplicarse sanciones económicas o de inhabilitación para el siguiente proceso electoral".
Mientras las restricciones establecen que desde 48 horas antes de las elecciones "queda absolutamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en domicilios, tiendas o cantinas", con sanciones a los infractores de entre 720 a 7.200 bolivianos (de 103 a 1.030 dólares).
En el día del sufragio, que es obligatorio en este país andino, los bolivianos están prohibidos de desplazarse de una región a otra o "el traslado de ciudadanos de un recinto electoral a otro".
Asimismo está "absolutamente prohibido (...) portar armas de fuego, punzo-cortantes o instrumentos contundentes y peligrosos".
Desde este jueves las radios y televisoras han dejado de emitir la profusa propaganda política, que durante más de un mes saturó a los bolivianos con estridentes spots.
Bolivia elegirá el domingo presidente y vicepresidente, además de senadores y diputados.