Desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri, el principal objetivo del gobierno fue empujar la reactivación y ante el atraso cambiario, que complicaba las exportaciones, se decidió apuntar a las obras públicas.
Dos razones justificaban esta decisión: el notable atraso y descapitalización que había, y la carencia de servicios básicos en muchos sectores de la población; y el segundo y no menos importante, la capacidad de creación de puestos genuinos de trabajo que tiene el sector.
Para hacerlo, el gobierno tomó créditos a largo plazo del Banco Mundial y del BID con los cuales comenzó un ambicioso plan que incluyó carreteras, ferrocarriles, gasoductos, acueductos y tendidos de agua potable, cloacas y redes de gas. También se financiaron obras en provincias que tenían proyectos viables para estos organismos. Otra parte se financió con recursos propios.
Con el anuncio de medidas de austeridad para bajar el déficit fiscal, una de las pocas erogaciones que se pueden bajar son las destinadas a obras públicas. En los informes financieros del mes de mayo se notó una caída en las erogaciones destinadas a estos fines y las empresas ya acusan problemas para cobrar, con estiramientos de pagos a plazos de 90 y 120 días, algo que hasta ahora no había ocurrido.
Las empresas también aducen fuertes incrementos en los precios de algunos insumos, como el asfalto, impactado por los precios del petróleo y la suba del dólar, pero otros como el cemento están directamente dolarizados y, ante tanta demanda, las empresas no tienen intención de bajar precios.
Esto obliga a paralizar obras para replantear costos con el Estado.
Los aumentos de costos, sumado a los financieros, también han impactado en las obras privadas, que habían comenzado a reactivarse de la mano de la proliferación de los préstamos hipotecarios. Hoy no hay certidumbre de precios y los particulares tienen miedo de endeudarse, a pesar de los créditos ajustados por UVA, por las tasas de inflación.
Las empresas contratistas del Estado tienen miedo que se corten los flujos destinados a este destino ya que, aducen, se está frenando la creación de empleos y algunas estarían desafectando empleados ante las demoras en los pagos. Esto puede complicar al único sector que se había mostrado dinámico en la creación de nuevos puestos de trabajo.
Al gobierno solo le queda la esperanza de que comiencen obras de los proyectos PPP (Participación Público Privada), de los cuales recientemente se adjudicaron los primeros por unos 8.000 millones de pesos.
También hay que esperar para ver el destino que se dará a los nuevos préstamos por $ 5.600 millones acordados en complemento del financiamiento del FMI, pero se supone que entre ambas herramientas el gobierno podrá recuperar buena parte del ritmo de obras proyectadas.
