Volviendo al tema de la independencia del Poder Judicial, una cuestión en donde brilla el silencio de todos los que de alguna manera deberían expresarse como son los partidos políticos, las universidades de Derecho, el Colegio de Abogados, las ONGs que pregonan transparencia etc..., en esta nota plantearé una opinión jurídica sobre una situación que no se ha tenido en cuenta, con posibles consecuencias prácticas en el futuro desempeño del ministro de la Corte designado.
La consecuencia a la que hago alusión es que dada la pertenecía de muchos años del ministro a la Asesoría de Gobierno, la normativa vigente lo pone, en mi opinión, en la postura de excusarse o de ser recusado. De no participar en todos los casos donde interviene Asesoría de Gobierno.
Los hechos son públicos y notorios, el nuevo ministro integró durante muchos años uno de los estudios jurídicos más grandes e importantes de Mendoza: la Asesoría de Gobierno.
Esta pertenencia institucional lo ha vinculado a todo el staff de abogados de dicha repartición, no solo funcionalmente, sino que, obvio, humanamente y también económicamente, ya que comparten honorarios en los juicios que ganan y cobran, ya sea en los que están terminados o que en el futuro puedan cobrar porque aún no terminan, en los que el ministro tendrá derecho.
La relación del ministro con los integrantes de este mega estudio jurídico y los numerosos juicios contra la Provincia que existen y existirán, no resisten el menor análisis.
Ante esta base fáctica, ¿qué dice la ley? El art 14 del Código Procesal Civil determina en su inc. 1 como causal de impedimento para los jueces, en el tema de la excusación o recusación... tener sociedad o comunidad con alguna de las partes procuradores o abogados.
Si se aceptan los hechos y se aplicara la ley el nuevo ministro debería excusarse de intervenir en todos los juicios contra la Provincia en donde es representada por Asesoría de Gobierno, y si no lo hace podría ser recusado por la parte contraria a la Provincia.
Todos los que han sido miembros de la Corte se han excusado cuando un integrante del estudio al que pertenecieron antes de acceder al cargo participaba de un juicio.
Si el sistema legal funciona, el ministro nuevo debería excusarse o ser recusado por una cuestión de independencia republicana querida por nuestra Constitución, y plasmada en la norma del CPC citada.
La pregunta es, ¿se midió esta consecuencia?, ¿alguien se dio cuenta que el apuro político podía terminar en el absurdo de que un miembro de la Corte no pueda intervenir en todos los casos que es parte la Provincia?
La solución es otro absurdo, cambiar a todos los abogados de Asesoría de Gobierno, asesor de gobierno incluido, y además para terminar con la comunidad de intereses habría que agregarle que el ministro renunciara a cobrar los honorarios que le correspondieran como abogado de Asesoría de Gobierno. Ojo, no a cederlos sino a renunciar.
Algunos lógicamente objetarán esta opinión jurídica como lo hacen siempre los políticos para minimizar un tema, y dirán que no es tan así el vínculo del ministro con los abogados de Asesoría de Gobierno dando explicaciones técnicas institucionales. Pero que también le expliquen a la sociedad cómo a partir de ahora se desvinculará afectiva y económicamente de sus actuales y futuros socios en el cobro de honorarios, garantizando plena independencia cuando aquellos defiendan a la Provincia.
Existe un cansancio moral sobre el avance o politización de la Justicia y los órganos de control. Sé que quizás grito en el desierto por esta falta de independencia, porque los que tienen que actuar -por conveniencia, temor o porque hicieron lo mismo o harán lo mismo si tienen oportunidad- no hacen nada.
El tiempo dirá si a pesar del art. 14 inc. 1 del CPC, y de la Constitución se cumple con el principio de independencia del Poder Judicial y si fue razonable poner al ministro más politizado en la Corte; un muy buen abogado, aclaro, pero que jugó con la camiseta de Franja Morada en las inferiores y con la de Cornejo en primera de titular hasta su asunción.
