El sainete judicial en torno a la denuncia ante el Jury de Enjuiciamiento contra el fiscal Daniel Carniello no tendrá definición hasta principios de setiembre. Es que el denunciado magistrado deberá responder por escrito la ampliación de la denuncia que presentó el lunes pasado el denunciante fiscal Darío Tagua.
Por el tenor de esa ampliación, no parece haber mucho que responder. La presentación de Tagua tiene dos carillas y la impresión de una nota periodística de un portal online en la que se consignan declaraciones del abogado de Carniello.
En la publicación dice que el fiscal denunciado intervino por un dato de robo y el fiscal Tagua entiende que no se investigó ese posible delito.
El problema es que el robo no se produjo y el “acto preparatorio” no constituye delito o, al menos, el límite entre lo preparatorio y la ejecución material de un hecho delictivo parece difuso en la literatura legal.
Igual, el Jury decidió por unanimidad darle vista a Carniello, quien deberá redactar su defensa por escrito en diez días hábiles. Después el Jury definiría si abre proceso o archiva el expediente.
El denunciante es el fiscal Tagua, subrogante del procurador general de la Corte Rodolfo González, quien se corrió del proceso por su relación tormentosa con Carniello: el denunciado fue pareja de la hija del jefe de los fiscales.
La ampliación de la denuncia presentada por Tagua parece estar floja de papeles y algo de eso dijo el diputado del Frente para la Victoria Lucas Ilardo al salir de la reunión del Jury en la que se decidió darle traslado a Carniello para que responda: “No agrega hechos nuevos. La supuesta ampliación es una nota de un diario online”, minimizó. El legislador estaba con dos hojas tamaño oficio en la mano. Esa era la ampliación.
Poco sustento legal le da Tagua a lo que viene diciendo el gobernador, Alfredo Cornejo, del accionar de Carniello; desde el viernes pasado el mandatario viene fustigando públicamente al denunciado fiscal, primero pidiendo que renuncie y luego diciendo que “tiene relaciones promiscuas con delincuentes”.
Ayer, el diputado Ilardo fustigó a Cornejo por esas manifestaciones: “El Gobernador tropezó con su propia soberbia, el Jury es un órgano constitucional independiente.
Él llegó a ser gobernador y una de sus principales banderas era el respeto de las instituciones y de la independencia de los poderes. Que un gobernador esté exigiendo la renuncia de un magistrado o se involucre con lo que debe decidir un jury es realmente peligroso para las instituciones”.
El senador radical Juan Carlos Jaliff, miembro activo del Jury, defendió la potestad de Cornejo de opinar sobre el tema: “El Gobernador puede opinar sobre los problemas de la provincia. La seguridad y la justicia son problemas de todos los mendocinos”.
Luego, Jaliff rechazó cualquier motivación política en la sucesión de denuncias contra el fiscal Carniello: “Todo esto empezó por una presentación del juez federal de Mendoza (Walter) Bento y después varios fiscales intervinieron en esta situación”.
Esta es la tercera denuncia ante el Jury que tiene como blanco a Carniello desde febrero hasta la fecha. Las dos primeras nacieron de escuchas telefónicas realizadas por el juez federal Bento y que fueron derivadas al procurador González.
En esas escuchas surgía una cercanía extraña entre Carniello y un estafador local Enzo Stuto (quien suele ser “datero” del fiscal) y su hijo Renzo.
La tercera nació de la causa penal que inició Carniello y que hoy revisa el fiscal Juan Manuel Bancalari. Se investiga un supuesto intento de robo de la mercadería de un camión que viajaba a Tucumán.
Justamente fue Stuto quien le avisó a Carniello del supuesto robo; cuando la policía intervino, encontró el camión, al camionero, dos supuestos custodios con antecedentes criminales y dos armas que pertenecían a dos policías.
Los policías dueños de las armas declararon que esas armas habían quedado olvidadas en el auto y que los dos custodios trabajaban para ellos. Carniello liberó a todos; Bancalari los detuvo hace unos meses. Hoy todos están liberados por decisión de la Justicia de garantías.
