En la Suprema Corte de Justicia navega un pedido de inconstitucionalidad sobre miles de pases a planta que se realizaron durante el último año de gestión de Francisco Pérez, y sobre el cual hay muchos intereses en juego. El expediente abre interrogantes sobre cómo será la resolución de los jueces del máximo tribunal, ya que deberán definir en un fallo plenario la estabilidad de estos trabajadores en su cargo. Mientras tanto, los gremios se manifestaron expectantes y preocupados sobre la resolución.
Se trata de miles de estatales, estiman que serían al menos 1.300, que ingresaron entre enero y diciembre de 2014 y que pasaron a la planta permanente del Estado en 2015. Estos pases se firmaron en paritarias y luego se rubricaron en la Legislatura, pero fueron denunciados bajo una acción de inconstitucionalidad por la Fundación Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (Cladh), lo que dio lugar a que intervenga la Justicia.
Se esperaba que a fines de julio se diese a conocer el fallo, pero el presidente de la Corte Jorge Nanclares decidió postergar la semana pasada la decisión por algunos motivos. En primer lugar, por cientos de presentaciones que hicieron empleados que están en esta situación, motivados por el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea); y también por una serie de planteos que realizó el ministro de la Corte Mario Adaro al respecto.
Dichos planteos indicaban que la Corte, si bien había notificado a los gremios (salvo la Asociación del Personal de los Organismos de Control), no lo había hecho con cada uno de los empleados cuya resolución incidiría directamente en sus puestos de trabajo.
Adaro sostuvo mediante un documento que se debería dar intervención de manera individual a cada estatal involucrado, ya que "se estaría discutiendo un tema sin la presencia de todas las partes".
Ante esto, Nanclares decidió "suspender los plazos para dictar el fallo plenario". De esta manera, se iniciará un proceso de notificación a todos los estatales involucrados, para luego la Corte expedirse.
Esta postergación implicará que el ministro de Trabajo, Dalmiro Garay, pueda tomar una decisión al respecto, ya como juez de la Corte. El funcionario de Alfredo Cornejo evitó dar su opinión cuando fue consultado por senadores opositores sobre el tema, aunque dejó en claro que "los ingresos al Estado deben ser por concurso".
Desde Sitea se manifestaron preocupados por estas declaraciones del Ministro, sobre quien piensan que podría fallar en contra de la constitucionalidad de las paritarias.
Victor Dagfal, dirigente del Sindicato, consideró como una buena decisión que se notifique a los trabajadores -tal como exigió Nanclares- y pidió a los jueces que "no voten en contra de los trabajadores", y que se ajusten al antecedente de mayo del 2017, cuando un fallo de la Sala 1 habilitó el ingreso sin concurso al Estado en una paritaria de Administración Central del 2015.
En aquel caso fue el ex subsecretario de Trabajo radical Alejandro Jofré quien pidió la inconstitucionalidad del decreto 779/15, que homologó las paritarias de la Administración Central de 2015, que fue rechazada por los jueces Julio Gómez y Nanclares. Ambos afirmaron que esas paritarias fueron legítimas, y en disidencia se mostró Alejandro Pérez Hualde.
Denuncia a la Fundación
Con este antecedente, Dagfal acusó al gobierno de Cornejo de estar "detrás" de la denuncia hecha por la Cladh, ya que durante el 2015 el radicalismo sostuvo que en esos pases a planta habían varios funcionarios de Pérez -de hecho, varios pases no fueron homologados durante la gestión de Cornejo-.
"Sospechamos que usaron esa asociación como maniobra" contra el gobierno peronista. No obstante, ayer Sitea presentó otra denuncia, esta vez contra el Cladh, por "irregularidades". Entre ellas, Dagfal aseguró que "no han cumplido con los requisitos básicos para conformarse como fundación ni con las exigencias mínimas que deben presentar anualmente".
El delegado gremial sostuvo, en primer lugar, que "desde hace 6 años que no han presentado balances, por lo que han violado la normativa de la Dirección de Personas Jurídicas".
Finalmente indicó que el Cladh es "un sello de goma que no ha cumplido con ninguna de sus obligaciones como persona jurídica, ni ha acreditado haber concretado ninguna actividad".
En comunicación con Los Andes, Ignacio Boulín, el presidente de la Fundación, decidió "no dar entidad" a los comentarios de Sitea, aunque enumeró algunos de los trabajos realizados. "Basta con mirar todos nuestros trabajos y antecedentes en las cárceles en Mendoza, el voto de los presos en la provincia, la obligación de que las empresas tengan jardines maternales según el número de empleados", respondió. Y defendió el planteo hecho ante la Justicia al sostener que es una "injusticia" que no se realicen los ingresos al Estado por concurso, ya que "solamente llegan los que tienen contactos o conocen a los funcionarios de turno".
