Mendoza tiene un gobernador y 17 intendentes electos -sólo falta Godoy Cruz- pero todos deberán esperar hasta diciembre para poder asumir sus funciones. Una situación atípica respecto de elecciones anteriores en razón de que el electorado mendocino ahora deberá decidir a quién prefiere para la presidencia y vice de la Nación, diputados y senadores nacionales y un integrante del Parlasur, quienes también asumirán sus funciones en el último mes del año.
Un aspecto complicado en razón de que restará conocer qué opina el mandatario electo respecto de las decisiones de fondo que pueda llegar a adoptar quien actualmente se encuentra al frente de la gestión; mientras, durará la incógnita -hasta octubre por lo menos- para conocer si quien conducirá el gobierno nacional será del mismo signo político de quien conducirá la Provincia.
Los aspectos señalados, si bien resultan dificultosos para el habitante común, son mucho más complicados para aquellos que deben considerar distintas pautas en el plano económico. Si bien es cierto que Francisco Pérez, con justificada razón, gobernará y tomará decisiones hasta el último día de su mandato, no es menos real que esas decisiones trascenderán a la actual gestión y se trasladarán hacia quien se hará cargo de los próximos cuatro años.
Lo señalan principalmente los distintos actores de la actividad vitivinícola, para quienes la toma de decisiones oficiales resultan fundamentales y, en ese mismo marco, señalan qué es lo que puede llegar a ocurrir con el acuerdo Mendoza-San Juan respecto del porcentaje a mosto, tomando en cuenta que es muy factible que Mendoza cuente con un gobernador de distinto signo político al del resto de las provincias vitivinícolas, por señalar sólo uno de los tantos ejemplos que se dejan trascender.
Resultó auspicioso el diálogo que mantuvieron el actual gobernador junto con el electo un día después de las elecciones, como también lo fue el hecho de que el Ejecutivo actual abriera sus libros para que técnicos del radicalismo conozcan en profundidad el estado de las cuentas provinciales. Pero, lamentablemente, pugnas políticas menores han roto esta primera parte de la transición y ahora todo parece volver al punto de partida ya que aún nos encontramos sin Presupuesto como consecuencia de las diferencias existentes entre el oficialismo y la oposición.
Al decir de algunos profesionales, en oportunidad de redactar la Constitución de la Provincia los constitucionalistas tuvieron muy en cuenta el ciclo agrícola. Como resultaba muy complicado viajar desde los departamentos lejanos hasta la Capital, decidieron que el período ordinario de sesiones se desarrollara entre el 1 de mayo (fecha límite generalmente para la cosecha) y el 30 de setiembre, que es cuando comienza la actividad para el próximo período agrícola, con la excepción de que ese lapso se podía extender hasta el 30 de octubre.
Es más, se estableció que el Presupuesto del año posterior debía ingresar a la Legislatura antes del 30 de setiembre, a los efectos de que pudiera ser considerado por los legisladores y para que los productores pudieran tener las pautas claras respecto de lo que pensaba el Ejecutivo para el otro año.
De allí también que lo más coherente, para el caso de Mendoza, es que el gobernador asuma sus funciones el 1 de mayo, fecha en que también está previsto su mensaje ante la Asamblea Legislativa.
No es la primera vez que se plantea la actual situación en que un gobernador debe entregar el mando a un hombre de otra extracción política. A lo largo del actual período democrático se dio con el pase de Santiago Llaver a José Bordón; de Arturo Lafalla a Roberto Iglesias y de Julio Cobos a Celso Jaque.
No hubo en esas oportunidades inconvenientes mayores y es muy factible que ahora se repita el mismo panorama, pero resulta ciertamente complicado un lapso tan amplio entre las elecciones y la asunción de las nuevas autoridades, más aún cuando en medio se encuentran decisiones fundamentales, como el Presupuesto provincial y las medidas para el próximo ciclo agrícola.
