Después de varios meses de audiencias, el próximo miércoles el Tribunal Federal presidido por la jueza María Paula Marisi, acompañada por Gretel Diamante (llegada desde San Luis) y Alejandro Piña, decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 25 de marzo la resolución del debate por las facturas "truchas" en perjuicio de la AFIP.
Ese día cada uno de los 29 imputados podrá decir sus últimas palabras o mantener silencio, por lo que al juicio sólo le restará la lectura de la sentencia.
A lo largo de cinco meses se escucharon todas las voces, unas acusando y otras defendiendo, que buscaron esclarecer el delito previsto y reprimido por la Ley 24.769 en su artículo 15 (inciso C), que pena "formar parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley".
Y lo que aquí se denunció fue una estafa por más de 220 millones de pesos utilizando y comercializando facturas apócrifas en perjuicio de la AFIP, organismo que en este juicio ocupó el lugar de querellante.
Las penas
La fiscal federal María Gloria André, en un extenso alegato, pidió diversas penas para los 29 acusados.
Las más duras fueron para el contador Pablo Gabriel Prete y su socio Sergio Arturo Delfino. Solicitó 7 años y 6 meses para el primero y 7 años de prisión para el segundo.
Después, el reclamo fiscal fue de 5 años para el comerciante Armando Esteban López y para José Condeno (cobrador). Mientras que pidió al Tribunal que condena a 4 años de prisión a Víctor Paz (odontólogo), Eduardo Evans (jubilado), Alejandro Fernández (contador), Julio Bustelo (contador), Ramón Manrique (contador), Elida María del Carmen Mamy (contadora), Ana Alicia Mosca (ama de casa), María Villafañe (jubilada) y Omar Medina (empleado).
Tres años y 10 meses de prisión solicitó la fiscalía para Ernesto Romano (comerciante), Elías Hakin (jubilado), Francisco Parejo (comerciante), Marcelino Marcerou (comerciante) y Marcelo Pérez (docente).
Mientras que André reclamó 3 años y 8 meses de cárcel para Adolfo Edmundo Rivero (empleado) y Marcelo Jorge Calderón (comerciante).
Finalmente, solicitó penas de 3 años y 6 meses para Marcela Canzonieri (ama de casa), José Luis Canzonieri (bancario), María Fradusco (abogada), Mario Perucho (publicista), Juan Manuel Romano (comerciante), Raúl Villarreal (comerciante), Federico Javier Salinas (comerciante), Sergio Aníbal Carletti (empleado) y Carlos Nicolás Delfino (comerciante).
En el argumento de la fiscalía también sumó la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena para todos los imputados.
