Se cumplieron 6 años del fallo de la Corte sobre el protocolo de aborto no punible

En el marco del debate que se inició ayer en el Congreso, la provincia aún sigue sin cumplir la sentencia de 2012.

Se cumplieron 6 años del fallo de la Corte sobre el protocolo de aborto no punible
Se cumplieron 6 años del fallo de la Corte sobre el protocolo de aborto no punible

Hace ocho años que Argentina cuenta con la primera Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles, una herramienta en materia de salud destinada a sentar las pautas a seguir por las provincias al momento de abordar los casos en que esta práctica es requerida, en el marco de lo expresado en el artículo  86 del Código Penal.

Lo cierto es que después de álgidos debates surgidos desde 2010 (y más allá de las modificaciones que luego se hicieron al protocolo a nivel nacional), cada vez que la temática es puesta sobre la mesa, la aplicación efectiva del protocolo en Mendoza queda trunca, a pesar de que en marzo de 2012 la Corte Suprema falló sobre los casos en los que el aborto no es punible.

Ese año, cuando Mendoza debía acatar la resolución judicial, la Legislatura Provincial se alzó en contra del proyecto por el cual la provincia adhería a la guía nacional. Sin embargo, luego de diferentes pedidos a las autoridades por parte de organizaciones que defienden esta práctica como un derecho inalienable de las mujeres cuyos casos están contemplados en lo establecido en la legislación nacional, la temática vuelve a generar posturas a favor y en contra.

Vale decir que el Código Penal considera que el aborto solicitado por la mujer es legal cuando "se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios y cuando el embarazo proviene de una violación". Se suman los casos en que "el embarazo provenga de un atentado al pudor sobre mujer idiota o demente", según expresa el artículo 86.

En su segundo párrafo, incisos 1 y 2 del Código Penal de la Nación, se exime de pena tanto al médico como a la mujer que lleve adelante el aborto. Esto, a la luz de las normas constitucionales y tratados de derechos humanos que reconocen los derechos a la igualdad, a la salud, a la autodeterminación, a la privacidad y a la no discriminación.

Lo cierto es que a la fecha, el protocolo que contempla el aborto no punible no se aplica en Mendoza. Jennifer Gil, representante en Mendoza de  Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala), colectivo que defiende los derechos femeninos, considera que si bien es una realidad que si el protocolo está vigente en el país, la provincia sólo debería expresar su adhesión por decreto, sí sería conveniente que  esta decisión sea ratificada en la Legislatura.

"Sería muy conveniente que la adhesión al protocolo esté apoyada en el recinto que representa a la ciudadanía", expresó Gil y detalló que en ése caso, la posibilidad de realizar una interrupción de embarazo en los casos encuadrados por la Ley debería estar vigente inclusive en los centros de salud, para lo cual éstos deberían estar equipados y preparados.

Gil agregó que se trata de un tema de salud pública de las mujeres que merece un debate serio, sin dejar de lado que cada año mueren en Argentina 3 mil mujeres a causa de intentar abortar de formas  insalubres y sin los controles adecuados. A ello se suma que al menos 300 mil abortos clandestinos se producen cada año en el país, detalló la referente de Mumala.

Detrás de cada caso hay historias de abandono, dolor, abusos de toda clase, pobreza extrema, violencia y falta de acceso.  Justamente por ello, el protocolo en cuestión se sustenta sobre los siguientes principios: no judicialización, favorabilidad, justicia, autonomía, beneficencia, no-maleficencia, confidencialidad, privacidad, integralidad, oportunidad, celeridad, continuidad y solidaridad.

En suma, el acento está puesto así en el cumplimiento efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Desde otra óptica, mariana Soler, integrante de la Asociación Marcha por la Vida, que se ha movilizado en rechazo al aborto (en todos los casos) destacó que a nivel legal, sería incorrecto que Mendoza aplicara la guía nacional porque en realidad en 2012  ya se pronunció. "Argentina a través de sus representantes está diciendo que el aborto no es el camino ni la solución frente a un embarazo no deseado. En muchos casos la mujer que aborta no sabe lo que está haciendo. No es la solución", sostuvo.

Desde el punto de vista médico, la interrupción de un embarazo no deseado, inclusive en los casos encuadrados en el Código Penal Argentino, no es aceptable para gran parte de los equipos de salud. Esto, debido a que los profesionales mendocinos no realizarán una práctica que no esté encuadrada en una Ley Provincial.

"En el Hospital Lagomaggiore el protocolo no se está aplicando porque los médicos (jefes o no) no lo aceptan porque no es Ley. En cambio, si fuese Ley, la dirección del Hospital tendría la obligación de conseguir a un profesional para que realice la práctica que figure en la Ley", aporta Clara Caruso, obstetra, ex jefa del Servicio de Alto Riesgo y actual integrante del Comité de Bioética de la maternidad más importante de la provincia.

El debate legislativo

Ayer fue el primer día en la historia argentina en el que la despenalización del aborto ingresa al Congreso. Se presentaron, en total ocho proyectos que serán debatidos a partir del 10 de abril en las sesiones de los martes y jueves, entre las 9 y las 18.30. Cada diputado podrá presentar a cuatro expositores, de acuerdo al plan   organizado desde la Comisión de Legislación General.

Uno de los proyectos ha cosechado más apoyo es justamente el que lleva adelante la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que ya ha presentado su posición siete veces en el Congreso incluyendo ésta última.

En líneas generales, el objetivo es que se considere la interrupción de la gestación hasta la semana 14 de embarazo, garantizando el acceso de manera gratuita en todos los fectores públicos de salud.

Con pañuelos verdes y carteles alusivos a la legalización del aborto en todos los casos en que una mujer así lo requiera, unas cien personas se  reunieron en la Plaza Independencia, frente a la Legislatura Provincial (Patricias Mendocinas y Sarmiento), con la idea de hacer visible un pedido que, entienden, todavía se plantea como una deuda pendiente hacia las mujeres.

Mariana Juárez (23), formó parte del amplio grupo de ayer por la tarde mostró su postura. “Estoy a favor del aborto porque es una realidad que no se puede negar. La diferencia es que las mujeres pobres son las que terminan muriendo por las prácticas clandestinas”, dijo la joven mientras sostenía en sus brazos a su pequeña hija de un año y medio.

Desde su punto de vista, la mujer siempre es la que se juzga socialmente cuando no quiere ser madre. "El hombre también aborta cuando decide no hacerse cargo de su hijo y nadie ve mal ése hecho", expresó. Mariana Hellin (39), por su parte, integra desde hace años la campaña que se lleva a nivel Nacional. "Creo que se ha avanzado mucho en materia de derechos pero éste es un tema pendiente. Es fundamental empezar a sacar el aborto de la clandestinidad y permitir a todas las mujeres a acceder en condiciones dignas y legales", opinó mientras a su alrededor decenas de mujeres y una minoría de varones acompañaron el pedido.

Claudia Anzorena, investigadora del Conicet, una de las mendocinas que ha promovido éste pedido en la provincia  explicó a Radio Nihuil que el aborto es una práctica que de cualquier manera ocurre y que en la actualidad se pone en riesgo la vida y la salud d elas mujeres que quedan en la clandestinidad.

Las más afectadas, detalló la investigadora, son aquellas que se encuentran en peor situación económica. "Mi posición personal es a favor de la legalización y despenalización, yo formo parte de la campaña y he estado en redacción del proyecto de ley de la campaña. Lo veo desde una cuestión de salud pública y de justicia social", enfatizó.

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