Sociedad
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hace 2 horas
El fiscal Alberto Nisman, quien investigó el atentado a la mutual judía AMIA de 1994 y acusó a la expresidenta Cristina Kirchner de encubrir a iraníes, vuelve este sábado al centro de la escena política argentina cinco años después de su muerte sin esclarecer.
Nisman tenía 51 años el 18 de enero de 2015 cuando apareció muerto de un tiro en la cabeza en su apartamento del lujoso barrio de Puerto Madero en Buenos Aires.
Una convocatoria por redes sociales, a la que se sumaron dirigentes de la alianza opositora Cambiemos, llamó a concentrarse este sábado por Nisman en Buenos Aires, en un acto que se espera de fuerte tono opositor al gobierno de Alberto Fernández, cuya vicepresidenta es Cristina Kirchner.
Héroe para unos, villano para otros, la figura del fiscal es un símbolo de la grieta que divide a los argentinos entre quienes sostienen que se suicidó y quienes afirman que fue asesinado.
Este año, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la familia de Nisman optaron por una ceremonia el domingo en el cementerio judío de La Tablada, donde está enterrado el fiscal.
"Hay que separar la política del recuerdo de Nisman" declara el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, que defiende la actuación del fiscal.
Fernández, un peronista de centroizquierda, participará el próximo jueves en Israel en la conmemoración de los 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Será su primer viaje al exterior como presidente.
Cuatro días antes de ser hallado muerto, Nisman había denunciado a la entonces mandataria Cristina Kirchner (2007-2015) por la firma en 2013 de un memorándum con Irán que nunca se aplicó. El fiscal acusó a Kirchner de querer encubrir a exaltos funcionarios iraníes a los que él mismo había acusado de organizar el ataque a la AMIA, que causó 85 muertos y 300 heridos.
Nisman sostenía que con ese acuerdo se levantarían las alertas rojas de Interpol contra los iraníes acusados, algo que siempre negó el entonces secretario general de la organización policial, Ronald Noble, al que no convocó nunca la justicia argentina.
Kirchner y su canciller Héctor Timerman, fallecido en 2019, insistieron en que intentaban desempantanar la causa AMIA, que llevaba más de 20 años sin avances.
Este "entusiasmo" les "hizo olvidar intereses geopolíticos en pugna", afirmó la expresidenta en su libro "Sinceramente", aparecido el año pasado.
Las potencias mundiales se encontraban en plena negociación por el pacto nuclear con Irán, rechazado por Israel, y que firmarían a mediados de 2015 Francia, Alemania, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos, país que se retiró en 2018 con Donald Trump en la presidencia.
En noviembre pasado, el gobierno del liberal Mauricio Macri (2015-2019) incluyó al movimiento chiíta Hezbolá en una lista de "grupos terroristas". Uno de sus integrantes fue señalado como autor material del atentado.
"La causa AMIA es un agujero negro. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que hay", se lamenta Diana Wassner, cuyo marido murió en el ataque y fue muy crítica de la tarea de Nisman.
Unas 2.000 cajas con documentos, 5.000 escuchas en casetes y videos en VHS, parte de los archivos de la causa AMIA desclasificados por Kirchner en 2015, fueron encontrados esta semana rodeados de escombros y vidrios rotos en un inmueble en estado de abandono de la Agencia de Inteligencia.
En 2019, 25 años después del atentado, un juez, dos fiscales y un exjefe de inteligencia, entre otros, fueron acusados de desviar la investigación inicial.
La muerte de Nisman desató en 2015 una andanada de acusaciones cruzadas entre gobierno y oposición, que supo aquel año sacar provecho electoral del escándalo.
La denuncia de Nisman contra Kirchner fue desechada en varias instancias judiciales hasta que en 2016 la reabrió el juez Claudio Bonadío, quien concentra una decena de causas contra la vicepresidenta. Ya fue elevada a juicio oral sin fecha.
La muerte de Nisman sigue en instrucción. En mayo de 2016, la causa pasó al fuero federal que presume un homicidio como "directa consecuencia de la denuncia" contra Kirchner, basado en una cuestionada pericia de Gendarmería que contradice otro estudio criminalístico policial y la autopsia del cuerpo médico forense.
Están procesados cuatro custodios de Nisman y su asesor informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola que acabó con la vida del fiscal. En su defensa, Lagomarsino sostiene que Nisman le pidió prestada el arma porque temía por sus hijas.
