El albañil Jorge Julio López desapareció por segunda vez hace 10 años, tras relatar su primer secuestro en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, testimonio que fue clave para la condena del ex policía, y hasta el momento no hay pistas firmes que permitan saber qué pasó con él.
La fiscalía que investiga la desaparición de López cotejó hasta el momento más de cinco millones de registros telefónicos, comparó el ADN de 98 cuerpos NN hallados entre 2006 y 2015, pero hasta el momento no logró saber qué pasó con el albañil el 18 de setiembre de 2006 y la causa no tiene imputados.
“A 10 años de la segunda desaparición de López”, es el lema de la movilización prevista para mañana a las 16.30, convocada por organizaciones de derechos humanos, sociales, movimientos estudiantiles y gremiales.
Las agrupaciones se concentrarán en la Plaza Moreno, frente al municipio de La Plata, donde hace 10 años se realizó el juicio contra Miguel Etchecolatz, y desde allí marcharán hasta la casa de gobierno provincial.
López desapareció de su domicilio en el barrio platense de Los Hornos, cuando se esperaba que se dirigiera a la sede municipal para presenciar los alegatos del juicio que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata seguía a Etchecolatz por delitos de lesa humanidad.
El hombre había sido secuestrado en 1977 y estuvo detenido hasta mediados de 1979 en cinco centros clandestinos, y al brindar testimonio detallado en el juicio, había sido muy claro al identificar a Etchecolatz como el hombre que dirigía y ejecutaba las sesiones de tortura con picana en esa sede policial platense.
López, albañil y militante peronista, había realizado durante el juicio varios reconocimientos oculares en los centros donde estuvo detenido, como la comisaría quinta de La Plata y el Pozo de Arana, donde su profesión de albañil le permitió identificar fehacientemente sus lugares de cautiverio, aún cuando algunos de ellos habían sufrido remodelaciones.
Búsqueda y justificaciones
Aquella mañana del 18 de setiembre, sobrevivientes de la última dictadura esperaron por horas que el hombre llegara para presenciar los alegatos, pero López nunca llegó y hasta hoy se ignora dónde está.
Tras la alarma de familiares y organismos de derechos humanos por el paradero de López, el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, aseguró que el Gobierno nacional no descartaba "ninguna hipótesis" sobre la desaparición, y la administración bonaerense, encabezada por Felipe Solá, impuso una recompensa de 200.000 pesos para conocer datos sobre su paradero.
Ya desde los primeros días y ante la ausencia de noticias sobre el testigo, se sucedieron las marchas en La Plata y en diferentes puntos del país reclamando por su aparición.
“Hay elementos con los que contamos que son demasiado importantes como para hacerlos públicos”, dijo Fernández tres días después de la desaparición de López, y varias fueron las pistas surgidas durante los primeros días que finalmente no condujeron a ningún resultado.
Una semana después de la desaparición de López, el gobernador Solá atribuyó el posible secuestro a su condición de “testigo fundamental” en el juicio contra el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y para “intimidar a futuros testigos o impedir su participación en otros juicios” a represores de la última dictadura.
“Esto no tiene nada que ver con una desaparición cualquiera”, dijo Solá y sentenció: “Es el primer desaparecido desde los años del terrorismo de Estado”.
