Se aprobó la expropiación y Godoy Cruz ya puede tomar posesión de la bodega Arizu

Una vez que la comuna de Godoy Cruz deposite 19 millones de pesos, podrá tomar posesión de la ex bodega Arizu y abocarse a las primeras tareas de recuperación: mejorar la iluminación, reparar veredas y reforzar algunos muros que corren riesgo de colapsar. Esto, ya que ayer el Senado aprobó la ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble de más de un siglo de antigüedad y el predio de casi 5 hectáreas.

El proceso para llegar a esta instancia no ha sido sencillo. El municipio intentó llegar a un acuerdo de compra con los propietarios, la empresa chilena Cencosud. Al no lograrlo, el año pasado el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que declaró de interés municipal la expropiación de los inmuebles que pertenecieron a la bodega, en calles San Martín 1515 (el casco del antiguo establecimiento vitivinícola), Manuel Belgrano 1285 y Presidente Alvear 130.

Luego, los senadores Armando Camerucci, Jorge Teves, Mariana Caroglio y Jorge Palero presentaron un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los tres terrenos. La propuesta recibió el aval de ambas cámaras.

Ahora, detalló el intendente Tadeo García Salazar, una vez que se reglamente la norma pueden pedir al juez la posesión del inmueble, con el depósito del avalúo fiscal más el 30% (19 millones de pesos). Esto les permitirá realizar algunos trabajos que, señaló, no lograron que hiciera la empresa. Es que el inmueble lleva más de 20 años sin uso ni mantenimiento, por lo que ha ido acumulando deterioro y algunas paredes exteriores están en riesgo de desplomarse.

Después, una comisión tasadora fijará el valor del inmueble y el municipio buscará alcanzar un acuerdo con los dueños, como ocurrió con el Cine Teatro Plaza. Pero en caso de que esto no ocurra, el juez puede fijar el monto final para resolver la expropiación.

Entretanto, la comuna avanzará, en lo queda de 2018, en un plan de manejo del predio y las construcciones, a partir del cual se irán lanzando los pliegos de licitación para desarrollar diversos emprendimientos público-privados.

García Salazar explicó que parte de la bodega -el 40%- ha sido declarada intangible por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, por lo que debe conservarse y restaurarse. En este sector planean crear un Museo del Vino, donde podrán realizarse actividades culturales, artísticas, turísticas, educativas y vinculadas a la industria vitivinícola.

Para el resto del terreno, existe un proyecto -que se presentará mañana ante autoridades del BID- de crear un polo audiovisual y de industrias creativas. Un cluster o grupo de 12 empresas del rubro (Film Andes) han propuesto construir un salón de usos múltiples y estudios de grabación en este sitio. En tanto, se está evaluando destinar otro predio contiguo al uso residencial. 

El núcleo original de la bodega Arizu fue construido en 1890, en un terreno que hoy está comprendido por las calles San Martín, Lisandro de la Torre, Belgrano y Minuzzi. Fue uno de los principales establecimientos vitivinícolas del departamento, al punto que contaba con su propio desvío del ferrocarril para llevar las uvas y sacar el vino que se distribuía desde Buenos Aires a todo el país.

Pero en la década de 1980 dejó de producir y quedó abandonada. En 1998, Cencosud adquirió las instalaciones para construir un hipermercado y centro comercial, pero sus planes quedaron truncos cuando, en 1999, fue declarada Monumento Nacional y se estableció que el núcleo original de la bodega debía conservarse.

Si bien han desaparecido, por falta de mantenimiento, tres naves originales que eran de adobe, se mantienen en pie y en buen estado otras seis naves. con arquerías de ladrillo y cabriadas de pinotea y caño, como también las cavas y subsuelos.

La Cámara de Diputados aprobó ayer otra ley que apunta a “promover, impulsar y dar sustentabilidad a la industria audiovisual en la provincia”. Se otorgarán beneficios impositivos a los prestadores de servicios vinculados a la producción, la generación de contenidos y la post-producción. También se crea una autoridad de aplicación dentro del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía.

La autora, la diputada Mabel Guerra (UCR), indicó que busca “incrementar la producción audiovisual local y, con ella, la generación de riqueza y nuevos puestos de trabajo, así como favorecer la realización de nuevas inversiones en emprendimientos de producción audiovisual en todo el territorio provincial”. Para ello, se autoriza al Ejecutivo a constituir un fideicomiso financiero de 15 millones de pesos y un fondo solidario de 4 millones de pesos.