En respuesta a la conmoción que generó el caso del ex secretario de Obras Públicas, José López, quien intentó esconder 9 millones de dólares en un convento, la Cámara baja aprobó ayer dos leyes anti-corrupción: la que instaura la figura del “arrepentido” en las investigaciones de delitos complejos y la que permite que los jueces civiles dispongan de los bienes vinculados a redes delictuales, dicten la “extinción de dominio” y los transfieran al Ejecutivo para que el Estado haga usufructo de ellos.
La “ley del arrepentido” tuvo un amplio respaldo. Cosechó 194 votos positivos, contra 5 negativos. Esta norma crea una herramienta jurídica para aplicarla a delitos vinculados a la corrupción -ya funciona para otros delitos- y la generaliza para todos los delitos complejos.
Estos son: narcotráfico, contrabando, terrorismo, pornografía infantil, trata de personas, secuestros extorsivos, asociación ilícita y lavado de activos. A ellos, se sumaron otros delitos económicos como la conformación de monopolios.
Los diputados que aprobaron la ley coincidieron en que ésta permitirá avanzar sobre el crimen organizado, dado que habilitará la posibilidad de que una persona acusada de un delito complejo pueda obtener una disminución de la pena si aporta información “fidedigna” que permita desbaratar la red a la que perteneció y siempre que afecte a responsables de igual o mayor responsabilidad.
“No estamos dando un beneficio para que el arrepentido quede libre de culpa y cargo; estamos otorgando beneficios procesales, que no van a ser la posibilidad de eximirse de la pena”, aclaró el radical Luis Petri. El mendocino especificó que el arrepentido “va a tener que someterse al proceso penal, testimoniar y declarar” y “va a tener condena”.
La norma contó con el consentimiento de todas las fuerzas políticas, salvo el Frente de Izquierda (FIT). “Están aprobando una ley para que los Julio López salgan de la cárcel”, desconfió Myriam Bregman (PTS).
Incluso el kirchnerismo apoyó la norma, ya que logró imponer cambios a la misma. Entre ellos, que no puedan acogerse a la figura del arrepentido quienes hayan ocupado cargos susceptibles de juicio político (presidente, ministros, miembros de la Corte) y que entre los delitos se exceptúen los relacionados con crímenes de lesa humanidad.
En la votación en particular, el kirchnerismo también logró extirpar del texto de la media sanción la figura del “colaborador eficaz”, que estaba prevista para los acusados en causas conexas (no en las causas en la cuáles están siendo investigados). Cambiemos aceptó la propuesta.
Al cierre de esta edición, Diputados se aprestaba a aprobar otra ley anti-corrupción: la que dispone que un juez civil podrá dictar la “extinción de dominio” sobre bienes cuyos dueños no puedan explicar su origen lícito y que estén vinculados a delitos complejos. Sólo el FpV y la izquierda expresaron su rechazo.
Esta norma, impulsada por Sergio Massa y Graciela Camaño (Frente Renovador), generó “ruido” incluso entre diputados oficialistas, como el radical Diego Mestre.
Estas voces críticas pidieron cambiar un aspecto central de la ley: la autonomía de la acción civil por la que se dispone que un bien pase al Estado -por tener un origen ilícito- respecto de la acción penal en la que se investiga si una persona es o no culpable de un delito complejo.
Se pidió evitar que un juez civil le quite los bienes a un presunto delincuente y luego éste sea hallado inocente por la Justicia Penal, lo que daría lugar al reclamo del ciudadano.
Ante estas críticas, se decidió establecer que un juez civil sólo podrá proceder a la extinción de dominio si el presunto dueño de los bienes está a su vez imputado penalmente.
